La desaparición de Luciano Arruga fue un tema de debate permanente en el Parlamento provincial. También lo fue para el Ejecutivo que tras la identificación del cuerpo presentó un Protocolo Único de Identificación de Personas para agilizar la búsqueda de paraderos.
La identificación después de casi seis años del cuerpo de Luciano Arruga que estaba enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita reavivó el debate parlamentario que se había iniciado poco después de su desaparición y reimpulsó algunos de los proyectos presentados al respecto y que aún no fueron sancionados.
El Ejecutivo bonaerense, por su parte, también acusó el golpe y rápido de reflejos presentó un Protocolo Único de Identificación de Personas para agilizar la búsqueda de paraderos y garantizar el derecho a la identidad de aquellos individuos que ingresan, vivos o muertos, como NN.
Debate parlamentario
La desaparición de Luciano Arruga fue un tema recurrente de debate y distintos espacios políticos, el FpV, el FIT y la CC, presentaron iniciativas en ese sentido. En los últimos años y pese a la paralización de la causa hasta que se identificó el cuerpo de Arruga, uno de los legisladores que siguió el caso día a día fue el diputado del FpV, Miguel Funes, que responde a la agrupación La Cámpora, quien promovió cuatro iniciativas al respecto.
La primera fue presentada en marzo del 2012 y allí se le solicitaba al Ministerio de Seguridad y Justicia -en ese momento estaban unificados- y a la Procuración General, que informen sobre las investigaciones llevadas adelante por el Ministerio, así como también sobre distintos aspectos relacionados a los funcionarios policiales denunciados y a las condiciones edilicias del destacamento de Lomas del Mirador, donde ya había sido detenido y torturado Luciano Arruga, según consta en la causa.
“Claramente creo que el comportamiento en general en la Policía Bonaerense impera en formas nefastas. Existe un sector enquistado con viejas prácticas que se remite a lo peor de la dictadura”, afirmó el legislador, quien agregó además que “tal cual lo señaló fiscal Carlos Stornelli en su momento, un sector de La Bonaerense utiliza como mano de obra para el hurto a pibes de los barrios más humildes”.
En agosto de ese mismo año presentó otro proyecto en repudio a las amenazas que sufrió uno de los hermanos de Arruga por parte de La Bonaerense. “Un Fiat Duna sin identificación cruzó al hermano de Luciano, Mario Alegre, que fue interceptado cuando volvía de su trabajo, hecho que es parte del hostigamiento que viene sufriendo la familia y los amigos de Luciano de parte de integrantes de la Policía”, recordó Funes.
Más tarde también se aprobaría otra iniciativa en repudio a las agresiones que sufrieron tres jóvenes, dos de ellos testigos del caso, por parte de efectivos policiales del Departamento de Lomas del Mirador.
Por último, en diciembre del 2013 se presentó un proyecto de ley para expropiar el ex-destacamento de Lomas del Mirador y transferirlo al dominio de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza para ser afectado al funcionamiento del Espacio de Memoria Luciano Arruga.
Tal como figura en la causa judicial, el ex destacamento fue el lugar donde el joven fue detenido y golpeado con brutalidad por efectivos de la Policía Bonaerense, antes de su desaparición el 31 de enero de 2009.
El proyecto fue aprobado por unanimidad por la Cámara de Diputados a fines de 2013, sin embargo la iniciativa aún no obtuvo el visto bueno del Senado. “Esto es un granito de arena que viene a colaborar con el desarrollo de las políticas de Derechos Humanos” había afirmado el legislador.
De hecho, a principio de octubre de este año Funes y Vanesa Orietta, hermana de Luciano Arruga, se reunieron con el vicegobernador Gabriel Mariotto para expresarle su preocupación por la demora en el tratamiento del proyecto, a lo que el titular del Senado se comprometió, sin éxito hasta el momento, a “impulsar su pronto tratamiento”.
Respuesta del Ejecutivo
Tan sólo dos días después de la identificación del cuerpo de Luciano Arruga el Gobierno bonaerense presentó un Protocolo Único de Identificación de Personas para agilizar la búsqueda de paraderos.
La iniciativa se puso en marcha a partir de la Resolución Ministerial Nº 0221, firmada por el ministro de Salud Alejandro Collia, y se anunció que ya se implementa en Hospitales.
Así, cuando ingresa una persona no identificada a un centro sanitario provincial se informa al 911, se notifica y se envía una fotografía únicamente a la Dirección de Registro de Personas Desaparecidas, que depende del Ministerio de Seguridad.
A su vez, la Dirección de Criminalística tomará, el mismo día que el paciente ingresa al hospital, las huellas digitales para compararlas con las de diferentes archivos y bases de datos. Si la persona fallece pasará a ser un cadáver NN, pero ahora se tendrán las huellas y, de ser necesario, se tomarán y conservarán muestras de ADN.
