La legisladora del FpV María Rachid presentó un proyecto de ley para regularizar el trabajo sexual en la Ciudad. Considera demagógica la apertura que intenta brindar la Iglesia Católica a los homosexuales.
Por Alejandra Ferreyra
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación María Rachid (FpV), junto con la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), presentaron el proyecto de ley de Habilitación de Establecimientos donde se brindan Servicios Sexuales. “El único camino para resguardar los derechos de las mujeres y luchar contra la explotación y la trata no es a través del sistema punitivo y la criminalización de la actividad”, expresó la legisladora.
Rachid, presentó además otra iniciativa donde propone “un freno” a la subejecución de partidas presupuestarias sociales y/o modificar los montos en las áreas de Educación, Salud y Vivienda para reasignarlas a otros ámbitos como publicidad.
En una entrevista con Parlamentario la diputada del Frente para la Victoria contó cuáles son sus expectativas políticas con miras a las elecciones del año que viene y su incondicional apoyo al legislador Jorge Taiana por ser “el fiel exponente del proyecto nacional y popular de Cristina”.
En otro tramo de la entrevista, se refirió sobre el papel protagónico del papa Francisco y la posibilidad de que las minorías sexuales sean recibidas en el seno de la Iglesia, señalando al respecto que “es absolutamente humillante que ahora reconozcan que tenemos valores y virtudes”. Sin embargo, admitió que “hubo avances en el reconocimiento de los derechos civiles”, aunque aclara que el discurso de la Iglesia “sigue siendo discriminatorio”.
– El proyecto presentado contempla la regularización del trabajo sexual en la Ciudad. ¿Cuál fue el origen de esta iniciativa?
– Nosotros venimos de una militancia que está muy relacionada con el trabajo sexual y siempre nos hemos cruzado con las organizaciones de las trabajadoras sexuales en muchos espacios. En primer lugar, porque desde la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) las personas trans, en particular, tienen el trabajo sexual casi como la única vía de subsistencia. En segundo lugar, porque nos hemos cruzados en espacios de lucha, por ejemplo, contra el VIH-Sida, los edictos policiales, el Código de Falta y Contravenciones. Venimos trabajando hace muchísimos años con las personas transexual. El objetivo central de este proyecto tiene que ver con dos ejes. Por un lado, reconocer los derechos que les podamos reconocer a las trabajadoras sexuales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires; y por otro lado, contribuir al trabajo contra la trata de personas y la explotación.
– Reconocer la actividad sexual como un trabajo ¿sería el comienzo de un debate contra la trata de personas?
– Para nosotros es un trabajo, porque consideramos la actividad, aun cuando tiene relación con el cuerpo, como cualquier otra actividad. No le damos ninguna connotación moral ni de ningún otro tipo. La trata de personas se combate con más presencia del Estado y no con clandestinidad y persecución. Lo mismo sucede con el trabajo rural, con el textil y en el trabajo sexual hay muchos casos de explotación y de trata. Tenemos que reconocer derechos a los y las trabajadoras sexuales.
– ¿Cuáles considera que son las medidas para abordar este problema?
– Proponemos que las trabajadoras hagan algunos cursos en el ámbito de los Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires para que conozcan sus derechos y esas organizaciones que defienden sus derechos. También, que tengan una libreta sanitaria para cuidar su propia salud, que los lugares donde trabajen tengan mínimas condiciones de higiene y seguridad. A su vez, exigimos que estos lugares tengan un botón de pánico para casos de violencia de clientes y una cantidad de inspecciones mínimas, para que los inspectores de la Agencia Gubernamental y de Trabajo también puedan controlar justamente que todas estas condiciones se dan y que las personas que están ahí están por su propia voluntad. Creemos que estas medidas ayudarán a combatir la trata y la explotación en la Ciudad.
– En el proyecto refiere a que se podrían organizar en cooperativas. ¿Cómo funcionaría?
– Las trabajadoras sexuales autónomas, muchas veces trabajan en sus propios domicilios, pero a veces, porque tiene hijos o viven con familiares, no pueden trabajar en sus domicilios. Entonces, como no les alcanzan para alquilar, se juntan entre varias y alquilan un lugar. Nosotros a eso las llamamos cooperativas, porque de hecho en el proyecto proponemos que no justamente tienen que estar organizadas formalmente. Nos pareció importante contemplar esta realidad y que no sean objeto de persecución por parte del Estado. Pero que sucede, las trabajadoras alquilan un lugar en conjunto, contratan a algún amigo o tío para que repartan los papelitos, o para que sean de seguridad y esto es interpretado por los organismos de control como una especie de proxenetismo. Criminalizando todo lo que las rodea, todos terminan siendo objeto de una persecución. Muchas veces les clausuran el lugar como lugar de trabajo y las desalojan de la vivienda. Nosotros creemos que hay que regularizarla, contemplarla para poder acceder a estos espacios con más regularidad y cuidar que no haya ni trata ni explotación de terceros. El Estado tiene que estar presente. En la clandestinidad sucede que el Estado no está.
– En este sentido, usted también acompañó el proyecto del legislador Pablo Ferreyra de otorgarla una asistencia integral a las víctimas de trata. ¿Es así?
– Cuando el Estado reconoce y encuentra situaciones de trata y explotación tiene que darle una respuesta. En el mayor de los casos, si bien se las aparta de un estado de situación y de trata, sucede que también se las aparta del espacio donde ellas vivían y comían. Por supuesto, son salvadas de esa situación de extrema explotación y trata; pero al mismo tiempo se quedan sin plata, sin refugio y sin comida. Por ello, es importante que el Estado tenga dispositivos armados, con agilidad para responder a esas necesidades inmediatamente.
– ¿Cuál es el estado parlamentario de su proyecto?
– El proyecto del trabajo sexual lo estamos debatiendo con varios diputados que expresaron su interés de firmarlo para presentarlo formalmente. Lo presentamos en los despachos, con copias para todos e invitamos a todos los diputados a presentarlos con nosotros. Ya firmó el ministro Agustín Rossi. Lo estamos conversando con varios diputados de distintos bloques políticos.
– En el marco de la presentación del proyecto del Presupuesto 2015, usted presentó una iniciativa que establece la intangibilidad de partidas presupuestarias sociales, con el objetivo de frenar la subejecución y reasignaciones hacia otras áreas. ¿Cuál es su opinión sobre la administración del oficialismo?
– Este Gobierno subejecuta de una manera impresionante las partidas presupuestarias sociales. Por ejemplo, en el 2008 dijo que necesitaba 150 millones para equipar todos los hospitales de la Ciudad .Entre el 2009 y 2011 tuvo 300 millones para hacerlo y ejecutó 70 millones. Por supuesto que no equipó a los hospitales de la Ciudad. Está el caso del cierre de terapia intensiva del hospital Durán, el incendio del Álvarez, el caso conocido del Hospital Borda. El Ejecutivo subejecuta sobre todo las partidas sociales de una manera impresionante y después, a último momento del año, pasa esos sobrantes de esas partidas a áreas como publicidad y tenemos el país empapelado con publicidad de Macri en todas las provincias del país. Nosotros lo que propusimos es, por un lado, que se estableciera por ley que no se pueden mover los montos asignados para éstas partidas a otras áreas. Consideramos que nunca es suficiente el dinero que uno le asigna a la salud, la educación, la vivienda. Entonces, no se puede no gastar ese dinero en la Ciudad, teniendo en cuenta todas las necesidades que los vecinos tienen en materia de educación, salud y vivienda. Por lo tanto, no hay ningún motivo para pasar esa partida a otra. Por otro lado, establecemos claramente que subejecutar esas partidas es incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y además, que a pedido de un solo diputado cuando hay subejecución, el funcionario tiene que venir a dar explicaciones a la Legislatura. Por supuesto que el macrismo es la antítesis de este proyecto porque las partidas sociales son las que menos les interesa. Así que es muy poco probable que se apruebe este proyecto con esta casi mayoría que tiene el Pro en la Legislatura. Consideramos importante presentar esta iniciativa y que en algún momento podamos garantizarle al ciudadano de la Ciudad que las partidas presupuestarias tengan que ser destinadas a los objetivos sociales de esas partidas.
– En el artículo tercero del proyecto hace mención a la Ley N° 4.036 de Protección Integral de los Derechos Sociales.
– Así es. No solamente queríamos proteger las partidas presupuestarias destinadas a cada cartera sino que, además, queríamos proteger específicamente a la Ley Integral de los Derechos Sociales.
– ¿Cree que el kirchnerismo tiene una base electoral sólida en la Ciudad? ¿Cuál es su expectativa para las elecciones del año que viene?
– Tengo mucha confianza en que la gente va a saber valorar el avance que se ha dado en estos últimos once años. No por una cuestión de análisis de la historia, sino por cuestiones concretas, de la vida de cada uno. Yo creo que no hay argentino al que no le haya tocado en carne viva algunas de las leyes que sacó este Gobierno en los últimos diez años. Particularmente, gracias a la Ley de Obra Social y Prepagas, en un momento, pude tratarme una enfermedad en particular. También, pude también operarme con un by pass gástrico por la nueva Ley de Obesidad (Ley 26.296) y en la actualidad estoy haciendo un tratamiento de fertilización asistida (Ley 26.862). Aun siendo diputada tendría que vender mi auto para poder pagar las técnicas de alta complejidad que ello requiere. Entonces, creo que esta situación es lo que han vivido la mayoría de los argentinos, algunos con más facilidad para reconocerlo y agradecerlo pero esta realidad concreta y material. Igual con la Ley de Matrimonio Igualitario (Ley 26.618, aprobada el 15 de julio de 2010), la Ley de Celiaquía (Ley 26.588), son leyes que les ha cambiado la vida a millones de argentinos. Por eso, yo creo que en el momento de votar, aún la gente que está enojada por algo y que tenga cosas para criticar o manifestar alguna diferencia, al momento de votar, va a defender esa ley o esa política pública que le cambió la vida.
