Si bien en un principio habían adelantado su predisposición en líneas generales a los cambios propuestos por el Ejecutivo, el titular de la bancada en Diputados advirtió que sin cambios en la Ley de Ministerio Público será “un caramelo envenenado”.
Pocas horas después de anunciado por cadena nacional por la presidenta de la Nación el envío al Parlamento del proyecto para modificar el Código Procesal Penal, las autoridades legislativas de la UCR brindaron una conferencia de prensa en la que el presidente del partido, Ernesto Sanz, manifestó que estaban a favor de instrumentar una modificación y manifestó la predisposición radical para consensuar con el oficialismo el texto.
Eso sí, exigieron modificaciones en el Ministerio Público para acompañar la iniciativa. En el mismo sentido, el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, advirtió este viernes que “sin una nueva ley de Ministerio Público que garantice plenamente la independencia de los fiscales la reforma a la ley procesal penal, propuesta por el Gobierno, es como un caramelo, pero con veneno”.
“En efecto, somos muchos los que bregamos hace tiempo por la sanción de un sistema acusatorio que deslinde las funciones de acusar con las de juzgar, de modo de respetar cabalmente nuestro texto constitucional y establecer las condiciones para un procedimiento más ágil y transparente. Pero como el manejo de la acción penal pasa a manos de los fiscales es imprescindible una Ley de Ministerio Público que garantice adecuadamente su independencia y, a la vez, establezca procedimientos de control internos y externos, para evitar abusos y el riesgo de la impunidad”, continuó Negri.
Destacó que “esta necesidad se ve acrecentada en la situación actual, en la que nos encontramos ante un Ministerio Público colonizado y que cuando un fiscal quiere investigar el poder, como (José María) Campagnoli, la respuesta del procurador General es tratar de removerlo de su cargo”.
“Por otra parte, hay que discutir el proyecto que exhibe algunas falencias intolerables, como el retorno al concepto de la ‘conmoción social’ de la dictadura para privar de libertad a las personas o la cuestión de las expulsiones de extranjeros, que viola el principio de territorialidad para la aplicación de la ley argentina y constituye una desigualdad irritante. Quienes cometan delitos en el suelo argentino deben ser juzgados cualquiera sea su nacionalidad, sin perjuicio de extraditar a los extranjeros luego de la condena”, concluyó Negri.
