El proyecto de Héctor Recalde tuvo dictamen de una comisión, luego de recibir el respaldo de Horacio Verbitsky, Alejandro García Olmos y extrabajadores reprimidos durante el gobierno cívico-militar. Apuntaron al Grupo Macri y el Pro evitó pronunciarse sobre el tema.
Con el respaldo de investigadores, el kirchnerismo firmó despacho favorable a un proyecto del diputado Héctor Recalde para crear una comisión bicameral que investigue las complicidades de empresas privadas con el último gobierno cívico-militar.
La iniciativa fue aprobada por la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, con el apoyo de los radicales Fabián Rogel y Jorge D’Agostino. Adrián Pérez (Frente Renovador) optó por presentar un dictamen propio, mientras que Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Pablo Tonelli (Pro) se abstuvieron de hacer presentaciones.
El proyecto presentado por Recalde crea la “Comisión Bicameral de identificación de las Complicidades Económicas durante la Última Dictadura Militar para la Búsqueda de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia”.
El objetivo de esta bicameral sería “elaborar un informe con una descripción detallada de los aspectos más salientes así como de las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera” adoptada por la dictadura que gobernó de facto la Argentina entre 1976 y 1983.
Además, estará a cargo de “la identificación de los actores económicos y técnicos que contribuyeron a y/o se beneficiaron con esa dictadura aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza”.
Si dicha comisión advierte la comisión de delitos, debería formular las correspondientes denuncias ante la Justicia.
La iniciativa obtuvo el respaldo del titular del CELS, Horacio Verbitsky; de Alejandro Olmos Gaona, investigador de la deuda “ilegítima e ilegal” en Argentina y Ecuador; Tomás Ojeda Quintana, querellante en una causa por la tortura y desaparición de 25 delegados de Ford durante la dictadura; de Pedro Troiani, exdelegado de Ford torturado por los militares; de Victorio Paulón, exsecretario de la OUM de Villa Constitución; y de Carlos Manestes (CTA).
“La democracia avanzó en la responsabilidad de quienes ejecutaron crímenes de lesa humanidad. Pero no hizo lo mismo con otros partícipes, impulsores y beneficiarios” de estos delitos, destacó Verbitsky al celebrar la iniciativa e insistió: “analizar la dictadura sin el componente económico es imposible”.
El periodista aseguró que la complicidad económica durante la dictadura no es una novedad, dado que ya había sido planteada por Rodolfo Walsh en 1977 y trascendió durantes lo juicios a las juntas militares en 1985. Pero según Verbitsky, durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) no estaban dadas las condiciones para avanzar en estos juicios.
“Hoy estamos viendo un desprecio del poder económico con la democracia que tiene que ver con la impunidad que gozan”, aseguró.
En tanto, Alejandro Olmos Gaona pidió ampliar la investigación hasta la década de 1990 porque, aseguró, fue en ese entonces cuando se firmaron los “peores” contratos de endeudamiento a favor del sector privado. “Los grupos económicos sostuvieron la dictadura y el plan económico de los noventa”, afirmó y apuntó a empresas de Franco y Mauricio Macri, Pérez Companc, Citibank, Techint y Ford.
El proyecto de Recalde deberá ser tratado por las comisiones de Derechos Humanos y de Presupuesto. Una vez luego, estará en condiciones de llegar al recinto de la Cámara baja.
La propuesta también crea, en el ámbito del Congreso, el Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que tendrá por finalidad “la puesta a disposición gratuita del público en general de los documentos que sirvieran a la comisión creada por esta ley para la elaboración de su informe así como todo otro documento relacionado con los objetivos perseguidos por la última dictadura militar y sus complicidades económicas”.
