El diputado nacional Omar Duclós se manifestó abiertamente en contra del proyecto oficial de modificación de la Ley de Hidrocarburos, que cuenta con media sanción del Senado y será tratado este miércoles en la Cámara de Diputados, señalando su rechazo por una iniciativa que “nos quiere imponer un Gobierno decadente”.

“Nos han privado el debate para construir una política energética de Estado”, se quejó el diputado del GEN, que rechazó la iniciativa por considerarla “contraria a las necesidades de nuestro país para recuperar el autoabastecimiento energético, a partir del uso racional de los recursos, la protección del medio ambiente, y el razonable y transparente incentivo a las inversiones”.

Duclós expresó que “las políticas públicas para esta finalidad requieren de acuerdos surgidos de un amplio consenso, sostenidos en el tiempo, como los alcanzados por ejemplo en México, Colombia o Brasil. Es por eso que el actual Gobierno, con apenas un año de gestión por delante antes de finalizar su mandato, tenía la responsabilidad de convocar a la oposición a debatir y diseñar una política energética integral y dentro de ella, el capítulo correspondiente a los hidrocarburos, para luego sancionar los instrumentos legislativos necesarios, que cualquiera que le toque gobernar se comprometiera a sostener”, expresó Duclós.

“Necesitamos definir con claridad el rol del Estado y del sector privado, generando las condiciones para la complementariedad de la inversión, marcos regulatorios razonables, que defiendan el interés nacional y generen seguridad jurídica, Y fundamentalmente contar con condiciones macroeconómicas que generen el contexto favorable para la inversión nacional e internacional, con un Estado presente con planificación y transparencia en la gestión”, manifestó Duclós.

Para el diputado del GEN en el Frente Amplio UNEN, “la propuesta oficial limita la definición del marco regulatorio al acuerdo entre la Nación y el grupo de provincias productoras, consolidando la situación preexistente, dejando fuera del debate y de la toma de decisiones futura a el resto de las provincias, con potencial extractivo o que participan de la cadena de valor productiva. Mi provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con grandes refinerías y donde se concentra casi el 40 % del consumo del país, ha estado ausente de la discusión, ni hemos escuchado al gobernador realizar reclamo alguno”.

“La falta de previsión de modalidades alternativas a la figura de la concesión para contemplar distintas formas de participación de la inversión privada, según la conveniencia del Estado en cada caso, viene a confirmar que esta reforma simplemente persigue el mezquino interés de consolidar las concesiones vigentes, posibilitando reiteradas prórrogas y negando la posibilidad de instrumentar en el futuro otras modalidades contractuales, que se han utilizado en nuestro país y otros, como los contratos de servicios, de asociación o de producción compartida”, agregó el legislador.

Para Duclós, el proyecto a su vez “elimina los límites que contiene la ley vigente en cuanto a la cantidad de permisos de exploración y de concesiones de explotación que puede sumar una misma empresa dando lugar a una mayor concentración del mercado

A su vez limita las ‘licitaciones competitivas’ solo para el otorgamiento de nuevas concesiones de yacimientos convencionales, ya que en el caso de los no convencionales la adjudicación se hará en forma directa a aquellos concesionarios que actualmente convencionales y así lo soliciten. La adjudicación directa profundizará la actual discrecionalidad de los funcionarios a la hora de otorgar concesiones, además de restringir el ingreso de empresas que actualmente no operan y que podrían aportar recursos financieros y tecnológicos superadores”.

Duclós considera que “la mayor claudicación en el proyecto traído por el oficialismo es la ambiental, es inconcebible que un aspecto tan sensible en la actividad hidrocarburífera, especialmente con la aplicación de nuevas tecnologías aplicadas para la explotación de los recursos no convencionales, no sea abordado seriamente, a través de un capítulo específico que establezca presupuestos mínimos de protección . Es la mayor hipoteca que se pretende trasladar a las futuras generaciones, con el perverso propósito de maximizar los beneficios inmediatos”.

“Esta ley otorga extraordinarios beneficios para intentar neutralizar los efectos devastadores de la macroeconomía sobre la inversión, a partir de la inflación y las restricciones cambiarias. La declamada “soberanía energética” se convierte a través de esta ley en la “rifa energética”, con el lamentable legado de un esquema que no facilitará nuevas inversiones en el actual contexto, pero que condicionará el margen de maniobra del futuro gobierno, cuando con una mejora de las variables macroeconómicas, los actuales concesionarios hagan valer los privilegios que esta ley les reconoce. Las urgencias de un gobierno decadente se imponen sobre el resguardo del interés nacional, especialmente sobre el derecho de recibir un ambiente saludable, y un modelo de desarrollo sustentable, a partir del aprovechamiento racional de los recursos, que merecen las generaciones que nos sucederán”, finalizó Duclós.