La nueva Ley de Hidrocarburos obtuvo 130 votos a favor y 116 en contra. Todo el arco opositor sostuvo que la norma sólo beneficiará a YPF y que no servirá para alcanzar el autoabastecimiento energético, como pretende el Gobierno para evitar la fuga de divisas. El Movimiento Popular Neuquino votó dividido.
A pesar del rechazo de la oposición, el Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados logró sancionar este miércoles la nueva Ley de Hidrocarburos y selló así el capítulo iniciado hace seis meses en medio de tironeos entre Nación y las provincias petroleras.
El proyecto, que modifica la ley de la dictadura incorporando la explotación del petróleo no convencional, obtuvo 130 votos a favor y 116 en contra, de la UCR, el Frente Renovador, Unión Pro, el FAP, el FIT, Compromiso Federal, Unión por Córdoba y Unidad Popular.
Como dato saliente de la jornada, el kirchnerismo no contó con el apoyo habitual de dos de los tres integrantes del Movimiento Popular Neuquino: la presidenta del bloque, Alicia Comelli, siguió la línea trazada por el gobernador Jorge Sapag y optó por abstenerse, mientras que María Inés Villar Molina votó en contra. El único en pronunciarse a favor fue Adrián San Martín.
Sí apoyaron la ley el Frente Cívico por Santiago, Nuevo Encuentro y los monobloquistas del PJ La Pampa, el Movimiento Solidario Popular, el FIS y el Movimiento Popular Fueguino.
A lo largo de un debate de 14 horas, la oposición desplegó diferentes argumentos: aseguró que la reforma avasalla las autonomías provinciales y sólo beneficia a YPF, además de “blanquear” las condiciones del polémico acuerdo firmado entre la petrolera estatizada y Chevron para explotar el yacimiento de Vaca Muerta.
Los bloques disidentes también criticaron el límite a las regalías que perciben las provincias, la posibilidad de prorrogar las concesiones y el uso del fracking que habilita la ley.
Por el contrario, el kirchnerismo sostuvo que la norma abrirá un proceso de licitación competitivo para la llegada de las inversiones que se necesitan para recuperar el autoabastecimiento y evitar la fuga de divisas por la necesidad de importar energía.
El debate
Al abrir la discusión, el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Mario Metaza (FpV) defendió la reforma a la Ley de Hidrocarburos al sostener que “necesitamos muchos chevrones” y salió al cruce de la oposición.
En este sentido, negó que el proyecto “avasalle” a las provincias. “Tiene el aval de todos los gobernadores de provincias con petróleo”, destacó el santacruceño en alusión al acuerdo alcanzado entre la Casa Rosada y los mandatarios de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).
Por otra parte, Metaza cuestionó la intención de un sector opositor de derogar esta reforma en caso de tener mayoría parlamentaria en 2015. “Se comprometen a derogar esta norma por adelantado y no entienden que este proyecto no beneficia a un gobierno sino a un país”, retrucó.
El oficialista chubutense Mario Pais enfatizó que la norma “se ajusta a la Constitución Nacional y a las constituciones provinciales”, además de ser “absolutamente federal”. También aclaró, ante el reclamo opositor, que “esta ley no es excluyente de una futura ley de presupuestos mínimos de cuidado ambiental”.
Las miradas se posaron esta vez en el MPN, el partido que gobierna la provincia donde se encuentra el prometedor yacimiento de Vaca Muerta.
La jefa del bloque, Alicia Comelli (MPN) defendió la postura del gobernador Jorge Sapag, quien llevó la voz cantante de las negociaciones con el Gobierno nacional, y apuntó contra quienes “pretendieron estigmatizar al gobierno de la provincia como que obstaculizaba las inversiones”.
“Nada más alejado de nosotros”, dijo, aunque aclaró: “Neuquén no es una isla, pero tampoco queremos ser una colonia”.
A su turno, la kirchnerista neuquina Nanci Parrilli consideró que la discusión por la nueva Ley de Hidrocarburos quedó empañada por la interna del MPN, donde también juega el sindicalista petrolero Guillermo Pereyra, que encabezó un férreo rechazo a la ley en el Senado.
“Hoy tenemos un apoyo del gobernador que después de largas negociaciones ha aceptado los condicionamientos de la Nación”, destacó Parrilli.
Sin embargo, dijo, “sus diputados y senadores no están dando el apoyo a esta ley trascendente, dejando en un lugar muy conveniente al gobernador, diciendo que ha sido presionado o que no se están defendiendo los intereses de los neuquinos”.
La arremetida de la oposición arrancó con el radical santacruceño Eduardo Costa, quien dijo estar ante “una ley buitre” y “una de las mayores entregas de recursos naturales que ni las políticas neoliberales de (Carlos) Menem se atrevieron a otorgar”.
“Es una ley buitre porque les da a los que han generado esta crisis, a los que no invirtieron y a los que se llevan nuestros recursos, más herramientas y beneficios, perjudicando a las provincias productoras”, afirmó.
Julio Cobos, precandidato a presidente por UNEN, auguró que la norma “no va a solucionar el tema energético, como la Ley de Abastecimiento no solucionó la inflación y el pago soberano no solucionó el tema de la deuda externa”.
Asimismo, el jefe del bloque radical, Mario Negri, apuntó al “fracaso” de la política energética del Gobierno, exigió la renuncia del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y consideró que el proyecto en debate adolece de una visión “cortoplacista”.
“Queríamos una política energética de Estado y nos responden con prórrogas vergonzosas de las concesiones”, se quejó el cordobés.
Por el Frente Renovador, el sindicalista petrolero Alberto Roberti insistió en que “la nueva ley es exclusivamente para beneficio de YPF” y un “maquillaje y traje a medida para disfrazar una situación”, y denunció que “invade la potestad jurisdiccional de las provincias”.
Otra massista, Graciela Camaño, apuntó a la “apropiación patoteril” de YPF cuando fue estatizada. “Entraron a la empresa y el resultado de esa patoteada fue que los argentinos tuvieran que pagar 10 mil millones de pesos a una empresa que no había hecho nada”, lamentó Camaño, en alusión a la indemnización que recibió Repsol por la expropiación de sus acciones.
Desde el mismo bloque, el exgobernador chubutense Mario Das Neves afirmó que “no hubo consenso” sino “apriete” del Gobierno nacional sobre los gobernadores de provincias petroleras para que acuerden la redacción del proyecto.
En tanto, el PRO pidió “transparentar” las inversiones petroleras a raíz de las cláusulas secretas del acuerdo entre YPF y Chevron.
Laura Alonso advirtió que “la transparencia para atraer inversiones está ausente” en la propuesta del kirchnerismo. Esto, dijo, “no le genera un entorno de mayor competencia y transparencia a YPF y le corta la posibilidad de atraer más inversiones”.
Federico Pinedo, por su parte, destacó la necesidad de “hacer inversiones inmediatas en los yacimientos para iniciar el proceso que lleve al autoabastecimiento” energético, pero cuestionó la iniciativa oficial por otorgar “concesiones a particulares sin contraprestaciones”.
Pero más duro fue Claudio Lozano (Unidad Popular), quien denunció que “promueven un cuadro de suicidio energético y ambiental” y dijo que la reforma petrolera es “funcional al interés corporativo de las empresas” y que convalida “daños ambientales”.
“El Gobierno está haciendo esto para conseguir un puñado de dólares para 2015 pero hipoteca el país hasta 2016”, denunció, e insistió en la necesidad de derogar esta ley una vez aprobada.
En medio de la sesión, Lozano recibió junto a un grupo de legisladores a una delegación de la CTA encabezada por Pablo Micheli y a referentes de la Asamblea sobre deuda y Bienes Comunes en el salón de Pasos Perdidos.
Allí, le entregaron al diputado un documento en el que fundamentaron su pedido de rechazo a la que consideraron la “ley del saqueo petrolero”, luego de que se suspendiera la movilización convocada por ambas organizaciones a raíz de las fuertes lluvias.
También criticó el proyecto el socialista Hermes Binner. “Con esta ley estamos dejando pasar la oportunidad de poder concertar una política de Estado en materia energética que permita recuperar el autoabastecimiento perdido en esta década”, consideró, y agregó que la norma “debería ser objeto de consenso de todos los sectores políticos”.
Elisa Carrió (Coalición Cívica-ARI) denunció que éste es “un negocio en el corto plazo” y añadió: “Estamos entregando vaca muerta y abriendo un juego que no conocemos en la zona Chaco-Paranaense”.
“¿Con este sistema macroeconómico quien va a invertir? Va a invertir la estatal rusa, por eso (Vladimir) Putin dice que Argentina es su aliado estratégico”, indicó Carrió.
Berta Arenas llevó la voz de los puntanos Rodríguez Saá y planteó que “el federalismo está ausente” en el texto de la ley. “Seguimos sin un plan estratégico energético donde participen todas las provincias”, se quejó.
El cierre del debate estuvo a cargo de la jefa del bloque oficialista, Juliana Di Tullio, quien aseguró que “la soberanía energética será una realidad con la aprobación de este proyecto, que logra sinergia entre la Nación, las provincias y nuestra empresa de bandera YPF, generando igualdad y mayor equilibrio en cada una de las regiones”.
