Al momento de la recuperación de YPF por parte del Estado Nacional y las Provincias, sostuvimos que tal decisión constituía un paso necesario pero insuficiente si no se abordaban de manera integral el conjunto de problemáticas del sector acosado por la caída productiva, la desinversión y el descenso sistemático de reservas. Esto exigía derogar los decretos desreguladores del menemismo en el marco de una completa auditoría de las reservas y de los pasivos ambientales, así como avanzar en la revisión integral de las concesiones vigentes de modo tal de permitirnos un posicionamiento mucho más sólido a la hora de potenciar la recuperación productiva de la empresa.

Se trataba de maximizar la apropiación en manos públicas de una renta hidrocarburífera que al 2013 ascendió a u$ 15.500 millones en petróleo y u$11.000 millones en gas, para iniciar el camino de la reinversión en el sector, con el objetivo de la integración regional (asociación estratégica con Petrobras, con PDVSA y con Bolivia) y la reorientación (diversificación) de nuestra matriz energética.

Sin embargo, cuando vemos las políticas que se han tomado en estos dos años, lo que observamos es la continuidad de un tipo de intervención del Estado que es totalmente funcional al interés corporativo de las grandes empresas ya que sigue transfiriendo recursos públicos para financiar recomposición de precios tanto en el caso del gas natural, como en la decisión de autorizar cuotas de importación de petróleo crudo, o la convalidación de aumentos en los precios de los combustibles líquidos que en solo dos años se incrementaron un 100% y que entre enero de 2009 y septiembre del 2014 aumentaron un 400%.

De este modo, YPF, más que actuar como empresa testigo que imponga nuevas reglas de juego al resto de los actores en función de la acumulación creciente de capital nacional y de recuperación del control sobre recursos estratégicos, lo hace como empresa líder del cartel de firmas del sector petrolero. Cartel este que sigue ampliando su capacidad de captar renta sin recuperar inversión ni desempeño productivo y haciendo jugosos negocios con un “Estado bobo” que subsidia vía convalidación de precios al alza en toda la cadena.

Es en este marco que debe interpretarse la ley de hidrocarburos que el oficialismo logró aprobar en el Parlamento. La misma corona esta orientación consolidando los decretos menemistas al generalizar para toda la actividad los decretos 927 y 929 emitidos por este gobierno para el caso Chevron y que promueven la “libre disponibilidad del crudo”, la “libre disponibilidad de las divisas” y la “libre importación de equipos”. Esta ley perpetúa nuestra dependencia energética de los hidrocarburos; propicia el suicidio energético y ambiental de transformarnos en exportadores de hidrocarburos vía la generalización, sin ninguna discusión seria, de la tecnología del fracking, al tiempo que prohíbe expresamente el avance del Estado y sus empresas (tanto nacionales como provinciales) sobre la actividad.

La rechazamos, porque repite los fracasos de los noventa al tiempo que habilita condiciones para un “desastre ambiental” y porque entendemos que, una vez más, las urgencias de la coyuntura llevan al gobierno a hipotecarnos el futuro. Más precisamente, con el objetivo de obtener dólares para el 2015, nos hipotecan hasta el 2060.

Nuestro bloque le propone al conjunto de la dirigencia política responsable, firmar un compromiso de derogar esta norma ni bien se modifique la composición actual del Parlamento Nacional.