En el marco del debate legislativo del proyecto de ley de recursos y gastos para el año próximo, los responsables de la Defensoría del Pueblo, la Auditoría, la Sindicatura y la Procuración expusieron en la Comisión de Presupuesto, presidida por el legislador Alejandro García (Pro). El presupuesto para de la Defensoría del Pueblo, presidida por Alejandro Amor, será de 497,9 millones de pesos; de la Procuración, representada por Julio Marcelo Conte Grand, de 398 millones de pesos; el de Auditoría General, a cargo de Cecilia Segura Rattagan, de 15,6 millones de pesos; de la Sindicatura, encabezada por Ignacio Martín, Rial, de 78,8 millones de pesos.

Alejandro Amor, sostuvo que “el 91 por ciento del presupuesto de este organismo está destinado a salarios lo que impide por ser un presupuesto rígido el desarrollo de las tareas propias de la función que consiste en la defensa de los derechos de los habitantes de la Ciudad y quienes la transitan en relación al Estado y también al sector privado”.

“No nos hemos puesto de acuerdo con el Ejecutivo porteño para dotar al presupuesto de las partidas necesarias para la actualización informática de un parque de 1 a 8 años de antigüedad que implica que sólo la mitad del personal tenga disponibilidad para trabajar”, sostuvo el funcionario.

Luego, Amor explicó que otra asignación que le fue negada estaba destinada “a una nueva carrera para los trabajadores que implica el ingreso a través de becas y pasantías de las facultades y el concurso a los 18 meses del ingreso al organismo para pasar a planta transitoria y permanente”. En este sentido el ex legislador reclamó a los diputados presentes que promuevan una suba de las partidas mencionadas.

En lo referente a los inmuebles donde funciona la Defensoría mencionó su voluntad para adquirir un único inmueble para lo cual ya le había sido adjudicada una partida de 110 millones de pesos para este año. Explicó que la partida fue incorporada al presupuesto del año 2015 porque por motivos administrativos y porque le fueron reclamados dólares, no pudo adquirir aún dicho inmueble. El Defensor planteó la necesidad de “dejar de alquilar inmuebles por 500 mil pesos mensuales con excepción del edificio central de Venezuela 842”.

Informó el titular de este organismo que durante su gestión “se han realizado 37.800 actuaciones que incluyen el censo de la villa 20 con 260 trabajadores como veedores, la atención de los 1270 reclamos por la inscripción on line, entre otras múltiples complejas actuaciones”.

“Se han realizado capacitaciones al personal en todos los niveles, se han presentado 12 proyectos de Ley ante esta Legislatura, se ha salido a la calle en plazas y otras ubicaciones en los barrios, se han atendido 11 mil reclamos de turistas; se ha abierto una sede en la villa 1-11-14 y otra en la terminal de retiro con comodatos gratuitos y se prevén para antes de fin de año otras sedes en villas, en Constitución y en el aeroparque Jorge Newbery”, detalló el Defensor.

Algunas de las principales inquietudes de la oposición se relacionaron con una Auditoría realizada por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA a la Defensoría solicitada por el Defensor quien explicó que “fue concluida en junio y que está a disposición de todos los legisladores”.

También plantearon cuestiones acerca de las partidas destinadas a planta permanente y locación de obra y servicios; la licitación de la ART y la carga de la información en el sistema de control de de ejecución presupuestaria.

El procurador de la Ciudad, Julio Marcelo Conte Grand, planteó que “la mayor parte del presupuesto está destinada a personal, un 92 por ciento del total, entre personal de planta permanente 86% y contratos o asistentes técnicos de la UBA”. Explicó que la estructura de este organismo está vinculada a su tarea que es “brindar servicios” y puntualizó “es el único organismo de control que reúne la representación legal y control ex antes de los actos de gobierno”.

También aseguró que a través “del recupero de créditos, cobranzas, herencias vacantes ha recaudado este año 45 millones de pesos” e informó que “975 mil ejecuciones fiscales y que interviene en 20 mil expedientes al año”. Luego solicitó a los diputados que se revea el presupuesto propuesto por el Ejecutivo que no contempla partidas para la “renovación y puesta en valor total del edificio de Uruguay 440-456; aumento de las locaciones de servicios que están muy retrasadas, adquisición de mobiliario y para la actividad especial de la Dirección Jurídica y extensión que incluye retribución de profesores”.

Los diputados consultaron al funcionario acerca de las tareas que desarrolla el organismo como patrocinio letrado gratuito; la conformación de la estructura de personal; los juicios que sigue este organismo vinculados a Cromañón y a Interama, la intervención del organismo en las Comunas, entre otras cuestiones.

Auditoría y Sindicatura

La Auditora General, Cecilia Segura Rattagan, y el titular de la Sindicatura, Ignacio Martín, Rial, informaron los presupuestos para ambos organismos han sido elaborados con los mismos lineamientos que el de 2014. Rattagan sostuvo “la Auditoría produce informes de distintos tipos, legales, financieros y a solicitud de la Legislatura”, y continuó “el 80% del gasto del organismo se aplica a personal con una suba prevista del 11% respecto de 2014 y se contempla también para 2015 las liquidaciones finales de las autoridades que terminan sus mandatos”. Además explicó que “la Auditoría cuenta con 442 agente capacitados y aspiramos a contar el año próximo con 572”.Fue consultada acerca de los informes que han sido publicados correspondientes a 2012 y si la cantidad de empleados y los sueldos que cobran están relacionados al trabajo que requieren los informes realizados.El síndico Rial por su parte explicó que el organismo a su cargo tiene como misión ser “el órgano rector de control del Gobierno”. Explicó que el plan de gestión para 2015 incluye continuar adecuándose a normas internacionales. También refirió que el “84% del presupuesto se destina a personal de planta permanente y el 10% a locaciones de servicios”. Detalló el síndico que trabajan en el organismo “235 personas de los cuales 140 son profesionales, 58 son estudiantes y el 16% son administrativos”.

En tanto destacó que los “sueldos en la Sindicatura porteña son más bajos que los de otros organismos de control de la ciudad y de la Nación por lo que año a año los profesionales dejan de trabajar en la Sindicatura” por lo que solicitó “mejorar los sueldos”.

Fue consultado acerca de los convenios con las facultades de Derecho y Ciencias Económicas de la UBA a lo que respondió que los dejó “sin efecto hace dos años porque no enviaban el personal requerido”.

Junto al titular de la Comisión de Presupuesto participaron los diputados Karina Spalla, Victoria Roldán Méndez, Paula Villalba, Daniel Lipovetzky, Lía Rueda, Carmen Polledo, Enzo Pagani (Pro), Juan Nosiglia, Hernán Rossi (SUMA+), Claudia Neira, María Rosa Muiños (FpV), Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto (CC) Gustavo Vera (BC)