El ministro coordinador ratificó la intención del Gobierno de promover el reemplazo de Zaffaroni. Por el rechazo de la oposición, denunció una "estrategia para alterar la calidad institucional" del país.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que “parece que existiera un acuerdo tácito” para impedir el nombramiento de miembros en el máximo tribunal.
Así lo manifestó luego de que dirigentes de la oposición anticiparan su rechazo a designar al reemplazo de Eugenio Zaffarobi antes de que concluya el mandato de Cristina Kirchner, y de que el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, asegurara que la Corte podría funcionar con cuatro miembros.
“Pareciera que hay un acuerdo tácito entre algunos miembros de la Corte con la oposicón para impedir la designación de nuevos miembros. Corresponde que el Poder Ejecutivo cubra la vacante en el marco de la calidad institucional y máxime teniendo en cuenta la acción de este gobierno” en materia de Justicia, dijo Capitanich en rueda de prensa en Casa de Gobierno.
En ese marco, el jefe de Gabinete señaló que se “observa con mucha preocupación lo que la oposición política envía como mensaje”.
El funcionario precisó que “de acuerdo con la Constitución, corresponde al PE enviar el pliego propuesto al Senado, y existe un plazo de 30 días desde el momento en que se produzca la vacante”.
Como la fecha de renuncia de Zafaroni quedó establecida a partir del 31 de diciembre, el gobierno nacional tendrá -a partir del 1 de enero de 2015- un plazo de 30 días para enviar al Senado la propuesta correspondiente.
“Los mismos que pregonan calidad institucional y atacan sistemáticamente al gobierno son los que demuestran una estrategia para alterar la calidad institucional. La Corte debe funcionar con cinco miembros”, ratificó el ministro coordinador.
En tanto, Capitanich reiteró que la justicia argentina “tiene el mayor presupuesto de la historia”, y que la Corte Suprema “percibe una tasa de justicia, no redistribuye esos ingresos en el Consejo de la Magistratura y le pretende echar la culpa al gobierno por retrasos en los pagos a los empleados”.
“La posición del gobierno nacional es muy clara: garantizar la independencia del Poder Judicial, pero no prestarnos al juego perverso de algunos de sus miembros”, concluyó.
