Por Héctor Polino. El diputado nacional (MC) advierte que la licitación de las frecuencias 3G y 4G, terminó con el archivo definitivo del proyecto de una empresa estatal.
El 13 de diciembre del año 2012, la Presidente de la República Cristina Fernández de Kirchner, el Jefe de Gabinete, Juan M. Abal Medina y el Ministro de Planificación Federal, Inversiones Públicas y Servicios, Julio M. De Vido, firmaron el Decreto 2426/2012, por el cual se establece en el art.2° “Instruye a la Secretaría de Comunicaciones para que, en su carácter de Autoridad de Aplicación, proceda a asignar las frecuencias que se detallan en el Anexo, que forma parte del presente decreto, a la EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES SOCIEDAD ANÓNIMA (AR-SAT).”
En el art.3°, se dice: “ El uso de las frecuencias citadas en el artículo anterior será afectado por parte de la EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES SOCIEDAD ANÓNIMA (AR-SAT) conforme al plan técnico y económico que a tal efecto aprobará el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL”.
Por el artículo 6°, de dicho decreto, se dice “Instruyese a la Secretaría de Comunicaciones a instrumentar las medidas pertinentes con el objeto de atribuir las bandas comprendidas en 1710-1755, 2110-2155 MHZ y 698 a 806 MHZ exclusivamente a los servicios de Telecomunicaciones Móvil Terrestre”
En los fundamentos del decreto, entre otras consideraciones se señalan las siguientes: “que en un contexto de políticas de democratización en el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, la iniciativa adoptada facilitará el ingreso al mercado de otros prestadores, de pequeñas y medianas empresas, así como del sector cooperativo, y a partir de allí, redundará en la promoción de la competencia y en el impulso de una mejora en la calidad y condiciones de prestación de los servicios.
Luego agregaba “que la implementación de esta política, manifestada, en el caso, en la asignación de frecuencias a la empresa (AR-SAT) contribuye de este modo al desarrollo de la industria nacional y motoriza, a su vez, las masificación de la banda ancha a fin de contribuir a la reducción de la brecha digital, la apropiación de nuevas tecnologías y el progreso de las telecomunicaciones”.
En otro párrafo de los fundamentos agregaba que “asimismo y constituyéndose, en esta etapa, la EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES SOCIEDAD ANÓNIMA (AR-SAT), como un operador mayorista de servicios de telecomunicaciones móviles se fomentará el ingreso de actores entrantes al mercado de servicios móviles, lo que traerá aparejado mayor competencia y calidad de servicio prestado”.
Además “se instruye a la Secretaría de Comunicaciones para que, en su carácter de Autoridad de Aplicación, proceda a concursar las frecuencias que se detallan en el decreto, y las bandas comprendidas entre 698-806 MHZ, 1710-1770 MHZ y 2110-2170 MHZ”.
El nuevo operador de AR-SAT, se llamaría Libre-ar.
Pero resulta que el 12 de mayo de 2014, la Presidenta de la República, conjuntamente con su nuevo jefe de Gabinete. Y el Ministro de Planificación, firmaron el Decreto 671/2014, por el que se decide: “Déjense sin efecto las medidas adoptadas por los artículos 2°, 3° y 6° del Decreto n° 2426, de fecha 13 de Diciembre de 2012”.
De esta manera, la licitación de las frecuencias 3G y 4G, terminó con el archivo definitivo del proyecto de una empresa estatal, y con la entrega del mercado a las mismas empresas de telefonía móvil extranjeras: Personal, Claro y Movistar, y el ingreso de la empresa ArLink. El gobierno nacional se quedó con más de 2 mil millones de dólares. Las cooperativas, las pequeñas y medianas empresas esperando una nueva oportunidad y un gobierno con mayor coherencia entre el discurso y los hechos concretos. Y los usuarios con la esperanza de que algún día puedan hablar sin que se corten las comunicaciones, dejado además de pagar las tarifas más caras del mundo.
