El vicepresidente de la Comisión de Minería en el Congreso de la Nación, Eduardo Cáceres, atribuye la crisis que sufre el sector al cambio de reglas impuesto por el Gobierno nacional, y que se refleja drásticamente en la provincia de San Juan, donde se han producido más de 12 mil despidos en los últimos meses y cientos de PYMES proveedoras han quedado a la deriva.

El diputado sanjuanino atribuyó la recesión de la actividad a la mala política implementada por parte del gobierno nacional. “La minería sólo significó una manera de hacer caja”, señaló. Calificó como “inequitativa” a la redistribución de los ingresos provenientes del sector a las provincias respecto a la renta producida por la industria donde se desarrolla la actividad, lo cual resultó un factor determinante que impidió su expansión.

“El 90% de la ganancia quedó en las arcas del gobierno nacional, privando a las provincias mineras a desarrollarse, y dejó cuestiones tan importantes como el cuidado del medio ambiente en manos de los gobernantes locales cuando debió tratarlo la nación por lo menos estableciendo requisitos mínimos. Si bien la Constitución establece que es competencia es de las provincias, el Estado no puede ser indiferente en este tema porque generó grandes desequilibrios. Tenemos el caso de San Juan que legitimó la actividad, mientras que a solo 160 km, Mendoza se quedó sin minería ya que estuvo esperando que venga el Estado nacional a legitimarla”, expresó Cáceres.

Por otra parte, entre los cambios en la política macroeconómica a nivel nacional, el diputado nacional remarcó el problema de la inflación, el de la paridad del dólar, la remesa de divisas y dividendos, las dificultades para importar bienes necesarios y los aranceles a las exportaciones, que atentaron contra algunos proyectos. Pero por sobre todo, la inestabilidad fiscal en contraste con la Ley de Inversiones Mineras 24.196, le quitó competitividad impositiva en comparación con otros países latinoamericanos y a escala mundial. “Las inversiones se vieron afectadas por la violación del Estado nacional a la estabilidad fiscal, garantía establecida por ley y que hizo que llegaran cuando no había desarrollo minero en nuestro país. Al imponerles retenciones y la obligación que dejen toda su ganancia acá, el impuesto a los dividendos como sufrir la ausencia de herramientas y repuestos que quedan en una aduana, quienes vienen a ejecutar estos proyectos terminan yéndose”.

Esta política produjo miles de despidos en el país, dijo, por el freno de los proyectos. Pero los masivas bajas se sintieron en la provincia de San Juan por la paralización del proyecto binacional Pascua Lama, que destapó el conflicto de la crisis minera. Basta comparar los 200 millones de pesos que ingresaron al circuito económico sanjuanino en concepto de sueldos de todos los empleados públicos de la provincia, contra los 250 millones de dólares que entraban al mismo circuito producto de los salarios de Pascua Lama.

En Argentina el pico de inversión en exploración desde la vigencia de la ley 24196 llegó entre 2007 y principios de 2008, y desde ese entonces nunca se recuperó. En el 2014 las exportaciones no alcanzarán los U$S 4.000 millones, 4 veces inferior que en Perú y 7 veces menos que en la República de Chile.