El diputado nacional por el Frente Renovador en Santa Fe Oscar “Cachi” Martínez se refirió en declaraciones periodísticas al proyecto de reforma del Código Procesal Penal anunciado por el Gobierno. Al igual que Sergio Massa, sostuvo que “estamos de acuerdo en herramientas que permitan expulsar a aquellos inmigrantes que cometan delitos y terminar, como lo planteamos el año pasado, con la puerta giratoria y las trampas procesales pero hay muchos puntos que van en detrimento del sistema judicial”.

En tal sentido, dijo que “esta reforma plantea que los fiscales que son conducidos por (la procuradora General, Alejandra) Gils Carbó, a quien (Daniel) Sabsay definió como la ‘encubridora’ general de la Nación, tendría la exclusividad de la acción penal. Es decir que los fiscales que decida este gobierno serán los que decidirán que delitos se investiga y cuáles no”.

“El titular del Ministerio Público podría decidir arbitrariamente quien llevaría adelante las causas. No hay un sistema de fiscal natural de la causa y nosotros creemos que tiene que estarlo”, completó el secretario de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la Cámara baja.

Consideró también que “si bien con este proyecto no se podrá designar a dedo un juez para un caso en particular, sí podría hacérselo con un fiscal, que es quien investiga y tendrá la responsabilidad primaria de encauzar una investigación, de archivar causas y de sobreseer delitos. Ahí es que ponemos un llamado de atención porque lo que no debemos permitir es que se garantice la impunidad”.

“Esto quiere decir que va a depender de los fiscales y de Gils Carbó, investigarlo o no a Amado Boudou y no del proceso penal”, ejemplificó el diputado, y agregó que “a diferencia de estas estrategias poco republicanas, Sergio Massa dice que lo que tenemos que construir es una sociedad con reglas de juego parejas para todos, donde quien las haga las pague, cualquiera sea el delito que cometa. Todos los crímenes tienen que ser investigados por la justicia y quien viola le ley penal tiene que tener la respectiva sanción”.

“Disentimos por completo con la posición del Gobierno nacional, porque su espíritu está inspirado en una ideología de falso progresismo encabezada por el renunciante Eugenio Zafaroni. Necesitamos una justicia independiente, si uno mira su carta de renuncia de Zafaroni, ve como hay jueces que están atados al poder político. Este miembro del máximo tribunal formó varias generaciones de abogados que confunden la ampliación de las libertades individuales con la victimización de los delincuentes”, apuntó.

Martínez agregó que “el sistema acusatorio funciona con fiscales como en las películas americanas, que son perros de caza buscando pruebas, documentales y testimonios, entendiendo que ellos tienen una obligación persecutoria del delito. En cambio muchos de los nuestros fueron formados en la escuela abolicionista de Zafarroni y creen que encarcelar a un delincuente es atentar contra los Derechos Humanos, cuando se trata claramente de respetar el Estado de Derecho”.

Y continuó “otro ejemplo es la eliminación de la indagatoria, que tiene un valor enorme en el proceso judicial y en la consideración social, ya que tras las investigaciones preliminares de los fiscales se pueden encontrar evidencias que permitan ir a una investigación más profunda. Con la imputación posterior se puede requerir que quien corresponda vaya a dar testimonios”.

“Se pondrá a todos los jueces del sistema penal y hasta la misma Corte, a una situación no definida que dependerá de una organización judicial que kirchnerismo quiere moldear con una ley a medida, reglamentando por ejemplo que un juez que investiga un determinado asunto deje de hacerlo para pasar a hacerlo otro”.

En concreto -ilustró Martínez- “no hay que sorprenderse si el avance de este proyecto K termina con el juez Oyarbide investigando a Boudou o Lázaro Báez por la modificación de las competencias”.