Capitanich, De Vido y Berner justificaron el proyecto en la necesidad de garantizar la inclusión digital, mejorar la prestación del servicio y abrir el mercado a pymes y cooperativas. La discusión continuará este jueves.
Con una férrea defensa del Poder Ejecutivo, la Cámara de Senadores abrió la discusión del proyecto para actualizar la Ley de Comunicaciones de 1972, con la necesidad de mejorar la calidad y extender el acceso a las telecomunicaciones como telón de fondo.
El debate fue en el seno de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, a cargo de la kirchnerista Liliana Fellner (Jujuy), que volverá a reunirse este jueves a partir de las 10.
Allí expusieron el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, del ministro de Planificación, Julio De Vido, y del secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, mientras que un grupo de diputados se anticipó al debate y participó de la audiencia.
“No puede concebirse inclusión social plena sin acceso a las telecomunicaciones”, fue una de las definiciones del ministro De Vido.
El proyecto habilita la regulación de tarifas en el mercado de telecomunicaciones y autoriza a las telefónicas a competir con las cableras para desconcentrar el sector e inducir mejores precios para los consumidores.
En este sentido, Berner señaló que existen 1.350 licencias de telecomunicaciones en el país pero que solo “cuatro o cinco empresas llevan el servicio a nuestras casas”. Según dijo, el resto “no tiene acceso a las redes, tiene que construir una red a un precio exorbitante” lo que “no hace más que engrosar el costo final al usuario”.
En este sentido, el secretario de Comunicaciones sostuvo que “el objetivo primordial” del proyecto “es que estos 1.350 licenciatarios puedan acceder en mejores condiciones a precio y calidad”.
Atento a esto, la iniciativa establece el principio de “neutralidad de la red”, por lo que las empresas que brindan el acceso a Internet estarán impedidas de modificar la calidad o la velocidad con la que se accede a los contenidos en la web. De esta manera se impide que las proveedoras puedan hacer acuerdo comerciales con empresas para priorizar el acceso a sus contenidos.
“Se pretende la formación de nuevos actores que garanticen la prestación de servicios (…) pretendemos no solamente proteger a cooperativas y pymes, sino incentivar inversiones para garantizar la prestación del servicio en condiciones de competencia y de buena calidad”, destacó Capitanich. Y dejó en claro que la reforma a la Ley de Comunicaciones que impulsa la Casa Rosada “no regula contenidos”, sino la infraestructura del mercado para “optimizar” la prestación de servicios de telecomunicaciones.
Además, el jefe de Gabinete aseguró que no se “pretende ir en contra de nadie”, en referencia a la versión que asegura que la ley busca perjudicar a Cablevisión (Grupo Clarín) y favorecer a las telefónicas.
Legisladores insatisfechos
Desde el arco opositor coincidieron en la necesidad de actualizar la ley dictada por Alejandro Lanusse pero cuestionaron que las modificaciones beneficien a los usuarios. Así, el radical Gerardo Morales (Jujuy) aseguró que el proyecto es una concesión a las telefónicas, mientras que el socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe) protestó porque no se declare servicio público a la telefonía celular.
La puntana Liliana Negre de Alonso (PJ disidente), en tanto, consideró que si la iniciativa concibe el acceso a las telecomunicaciones como un “derecho humano”, el Estado debería “financiar la red óptica” para garantizar “igualdad de oportunidades”. Pero Berner le respondió que esta idea elimina la distinción público-privado que en la práctica habilita que empresas privadas brinden servicios de agua o de salud.
Ante estas observaciones, Berner aseguró que el proyecto es “mejorable” pero “superador porque modifica una ley de 1972”. “No podemos seguir teniendo parches, una ley que atrasa”, dijo y fustigó al radicalismo: “generan un relato para que sea una cuestión dialéctica entre la oposición que plantean ustedes y lo que planteamos nosotros”.
Los senadores tampoco se ahorraron críticas a las grandes telefónicas. Giustiniani aseguró que en el país “existen monopolios y son todos malos”. Mientras que el jefe de los senadores kirchneristas, Miguel Pichetto, pidió defender a las cableras que invirtieron a diferencia de las telefónicas que no lo hicieron. “Lo que no invirtió Telefónica lo invirtió el país”, se quejó y pidió una “cláusula antimonopólica” en el articulado del proyecto.
La intención del oficialismo es que el Senado apruebe la iniciativa el 26 de noviembre y que el tema llegue a Diputados para que sea convertido en ley antes de fin de año, por lo que se descuenta la extensión del período ordinario.
Ley “Argentina Digital”
El texto del oficialismo declara como servicio público el uso y acceso a las redes de telecomunicaciones para licenciatarios de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), lo que habilita la regulación de tarifas en el mercado mayorista. Otro punto clave de la ley es la autorización para que las telefónicas brinden servicio de televisión, lo que les sumará competencia a las cableras.
El objetivo de ambas medidas es incrementar la competencia para tratar de que eso derive en mejores precios para los clientes minoristas.
A su vez, la norma introduce cambios en el régimen del servicio universal, elimina la larga distancia nacional y prevé velocidades mínimas de transmisión que deberá fijar la autoridad de aplicación.
El proyecto delega en la autoridad de aplicación la definición de varios puntos clave, pero no explicita cuál será el organismo a cargo, pues sólo aclara que el Poder Ejecutivo va a ser el encargado de designarlo. Actualmente es la Secretaría de Comunicaciones la responsable de regular al sector.
