El plenario de comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto escucha la opinión de jueces, camaristas y especialistas en la materia.
El debate por el nuevo Código Procesal Penal, que el oficialismo pretende sancionar antes de fin de año, se reanudó este martes en el Senado con la presencia de invitados.
En el plenario de comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto exponen jueces, camaristas y especialistas en el tema.
El proyecto fue defendido la semana pasada por el ministro de Justicia, Julio Alak, y su vice, Julián Álvarez.
También expusieron sobre el tema procuradores fiscales de la Justicia nacional y de las provincias que ya cuentan con sistema acusatorio.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside Pedro Guastavino (FpV) comenzó a debatir los proyectos presentados por los senadores entre marzo y abril con varias rondas de exposiciones.
Ejes del proyecto
El nuevo Código Procesal Penal establece un sistema acusatorio –en reemplazo del sistema mixto actual- en el que se fortalece el poder del Ministerio Público.
Así, los fiscales quedarán a cargo de la investigación y la recolección de pruebas –que hoy realizan los jueces- y podrán elegir qué causas investigar, salvo en los casos de corrupción de funcionarios, discriminación o violencia de género, que deberán tomar sí o sí.
El texto fija un plazo máximo de tres años para la duración de un proceso judicial y además establece sanciones si los jueces demoran los casos –por ejemplo, someterse a un jury de enjuiciamiento-, aunque las causas no prescriben.
Por otra parte, se le dará más participación de las víctimas en los procesos aunque no sean querellantes: son protegidas, pueden intervenir en el proceso y pueden seguir con una acción privada si el fiscal desiste en la investigación.
Todo el proceso será oral y, por otra parte, se mantienen los criterios actuales para la prisión preventiva, que será ordenada teniendo en cuenta diferentes variables, como la reincidencia y la conmoción social que produzca el hecho.
Los extranjeros que estén en una situación irregular en nuestro país y sean sorprendidos cometiendo un delito “in fraganti” serán expulsados y no podrán volver por 15 años, pero siempre y cuando esto no vulnere la “reunificación familiar”.
El proyecto de nuevo Código Procesal Penal crea además, en el ámbito del Congreso Nacional, una comisión bicameral ad hoc, integrada por representantes de todos los partidos políticos, que estará encargada de monitorear la aplicación de la reforma.
