La Cámara baja provincial aprobaría este jueves un proyecto de ley que crea un “plan de regularización" de los canales clandestinos. La inciativa tomó impulso tras la crítica situación que atraviesa la provincia a raíz de las inundaciones.
En medio de la crítica situación que atraviesa la provincia de Buenos Aires a raíz de las inundaciones y tras el debate que se generó sobre los barrios privados y las distindas denuncias realizadas al respecto, la Cámara de Diputados aprobaría este jueves un proyecto de ley que tiene como objetivo regular los canales clandestinos.
El proyecto fue presentado en 2013 por la senadora oficialista Marina Moretti y ya cuenta con la aprobación del Senado. Sin embargo Diputados le introduciría modificaciones por lo que la iniciativa regresaría al Senado para su posterior sanción.
Cabe destacar que la mencionada iniciativa no formaba parte de la agenda parlamentaria prevista. Sin embargo la compleja situación que atraviesa la provincia como consecuencia de las inundaciones sumado a las denuncias sobre la proliferación de canales clandestinos, apuró su tratamiento y motivó a varios diputados oficialistas, entre ellos al presidente de la comisión de Presupuesto e Impuestos, Darío Golía, y a Walter Abarca y Alberto España, a “agilizar” su tratamiento.
La iniciativa pretende crear un “plan de regularización de obras no autorizadas que hayan producido la modificación artificial del natural escurrimiento de las aguas”, ya sea a través de canalizaciones, bordes, terraplenes, obras de arte u otras alteraciones que hayan sido realizadas sin la autorización correspondiente.
Para ello, el proyecto plantea que aquellos infractores deberán acogerse al plan de regularización en un plazo no mayor a 90 días una vez reglamentada la ley. En caso de que el propietario u inquilino no regularice la situación, se lo incluirá en un registro de “Infractores”, habilitando a la autoridad de aplicación a realizar las obras pendientes y obligar al “propietario infractor” a solventar los gastos. Se estipula una sanción económica para los infractores y la posibilidad de restringir la transferencia del inmueble.
A su vez, se insta a que el Poder Ejecutivo provincial a que “instrumente los medios necesarios para reglamentar las relaciones” con los municipios para la ejecución del plan de regularización.
“La presente ley constituye una herramienta más para abordar estas el manejo de la cuestión de los recursos hídricos, donde la participación de la ciudadanía, de las organizaciones libres del pueblo, los municipios y el gobierno provincial constituyen actores centrales para buscar una solución de un tema complejo que afecta la vida de millones de bonaerenses”, se destaca en los fundamentos.
