El Gobierno nacional envió este jueves al Congreso de la Nación un paquete de medidas en beneficio del sector agropecuario argentino que estarán destinadas a optimizar la producción y comercialización, transparentar procesos, mayor regulación en materia sanitaria, defender el medio ambiente e impulsar buenas prácticas agrícolas.

Los tres proyectos se tratan de una ley de Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); otra ley del Instituto de Promoción de la Carne Argentina (IPCA); y la ley de Acuicultura.

El acto de anuncio se desarrolló en el Salón de las Mujeres Argentinas y estuvo encabezado por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela.

“Apuntamos a seguir generando políticas de largo plazo en beneficio del sector, que tendrán un impacto positivo no sólo en los productores sino en la sociedad en su conjunto”, aseguró Casamiquela en referencia al paquete de medidas que impulsa el Poder Ejecutivo.

El titular de la cartera agropecuaria estuvo acompañado por su jefe de Gabinete, Héctor Espina; los secretarios de Coordinación Político Institucional y Emergencia Agropecuaria, Javier Rodríguez; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Gabriel Delgado; y de Desarrollo Rural, Carla Campos Bilbao; y demás miembros de su equipo de trabajo.

Con respecto al proyectos de ley Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), cabe consignar que en la actualidad, el SENASA inspecciona, fiscaliza y certifica productos por más de 30.000 millones de dólares al año, al tiempo que emplea a 5.984 agentes, distribuidos en 290 unidades con presencia en todo el territorio nacional.

Este proyecto de ley es condición necesaria para actuar con diligencia ante situaciones de emergencia sanitaria y manejo más eficiente de su planta de personal y presupuesto.

La iniciativa declara de interés nacional la sanidad animal y vegetal, la prevención, control y erradicación de enfermedades y plagas que afectan la producción agropecuaria y forestal de la Argentina y a la inocuidad y calidad de producción primaria y los agroalimentos. A la vez que determina el estatus jurídico, formaliza las competencias y establece los mecanismos adecuados para su financiamiento.

“El SENASA es garante de nuestros procesos comerciales a todo el mundo y es un organismo fundamental para el día a día de todos los argentinos, porque con él garantizamos la calidad y salubridad de los productos alimenticios que se generan en nuestro país”, apuntó el titular de la cartera agropecuaria nacional.

Sobre el proyecto de ley de Instituto de Promoción de la Carne Argentina (IPCA), el mismo modifica el actual Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) para profundizar el trabajo sobre el consumo diversificado de las carnes, creando así al Instituto de Promoción de la Carne Argentina (IPCA).

Argentina es el país que más carne per cápita consume en el mundo y en los últimos diez años se pasó de consumir 85 kilogramos de carne por persona por año a 120 kilogramos. Si bien el consumo de vacunos continúa encabezando el listado con 58 kg, las carnes alternativas continúan mostrando un crecimiento sostenido. A saber: aviar 42 kg; porcina 11 kg; pescado 9 kg.

“Con este proyecto de ley estamos dando un paso fundamental en el desarrollo y fortalecimiento de mercados que se encuentran en un crecimiento constante. Incluir a las cadenas productivas de carnes como la aviar, la porcina, la ovina, la caprina y de las provenientes de la pesca y la acuicultura, fomentarán aún más los diferentes hábitos de consumo del pueblo argentino”, destacó Casamiquela.

Se buscará también concientizar sobre los beneficios del consumo diversificado de proteínas cárnicas en materia de salud.

Con la instrumentación del IPCA, cambiará la conformación actual de la Asamblea de Representantes, la cual estará compuesta por un presidente y 18 miembros: 6 del sector productivo; 3 del sector industrial; 4 del Gobierno nacional; 5 de las provincias productoras.

El titular del Instituto será designado por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca y la vicepresidencia la ocupará un representante del sector privado. El voto del presidente será doble.

Por último, el proyecto de ley de Acuicultura señala que durante los últimos años esta actividad ha cobrado gran importancia. En Argentina, el consumo de productos de la pesca alcanzó los 9 kg. por habitante por año y se espera que para 2020 ese número llegue a los 12 kg. Pero además, nuestro país posee un extenso litoral marítimo (de más de 3 mil kilómetros) y un enorme caudal de recurso hídrico continental (más 30.000 m3/s de agua dulce), que sin dudas respaldan las posibilidades de instalación, las oportunidades y el crecimiento de la producción acuícola.

El desarrollo de esta actividad demanda gran cantidad de mano de obra (en promedio 12.000 productores de “pequeña escala” y diversificación agraria), lo que a futuro se traducirá en el desarrollo de las economías locales.

“El consumo y la producción alcanzaron niveles récord y esta Ley será una forma de continuar apoyando y fortaleciendo al sector, cuidando los recursos pesqueros”, señaló Casamiquela respecto a la importancia de la acuicultura nacional y la preservación y desarrollo de dicha producción.

Dado que el desarrollo de la acuicultura marítima y continental es una gran oportunidad para la Argentina, es necesario dotar a la actividad de un marco regulatorio y de promoción que le permitirá acceder a crédito – y otros instrumentos- y a potenciales mercados externos. Asimismo se debe promover el agregado de valor en origen de la producción. Incluye tanto a la agricultura familiar como a la producción industrializada. También se debe regular y dar marco jurídico a la actividad, como así también promover su crecimiento y desarrollo armónico, y prever un fondo específico para el financiamiento de emprendimientos productivos.