Por 38 votos fue aprobada la ley que introduce como principio el carácter alimentario de los honorarios ante los fueros que actualmente se encuentran transferidos. Fue ampliamente apoyada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF).
La Ciudad de Buenos Aires tiene una ley que regula los honorarios profesionales de abogados y procuradores, tras un debate en la sesión especial.El despacho de mayoría de las comisiones de Legislación General y Justicia a partir de expedientes autoría de los diputados Daniel Lipovetzky y Héctor Huici (Pro), fue aprobada en votación dividida.
Fue convertida en ley por 38 votos afirmativos, 14 negativos (FpV, NE, FPP, SLibres) y 8 abstenciones (BC, SUMA+, FIT). El FpV y el bloque presidido por Aníbal Ibarra criticaron la medida. “Estamos en el medio de una contienda electoral”, dijo el presidente del bloque FPP Aníbal Ibarra, haciendo referencia a un mensaje de la agrupación política Gente de Derecho, comandada por Daniel Lipovetzky(Pro).
“Estamos incorporando una norma de gran necesidad para los abogados, para evitar que las regulaciones precaricen la profesión. La Ciudad de Buenos Aires no contaba con una Ley de Honorarios propia, por lo cual los tribunales aplicaban una ley nacional que data de la época de la dictadura y que fue reformada en la década del 90, por lo cual no está actualizada. Logramos el objetivo de enaltecer a los trabajadores del derecho”.
Además, Lipovetzky afirmó que “esta es una Ley que el Colegio de Abogados viene tratando de llevar al Congreso Nacional pero que no pudo ser tratada por la corriente denigratoria de la profesión, que sopla desde algunos sectores del gobierno nacional. Por ello, junto a Daniel Angelici decimos impulsarla en la Ciudad de Buenos para que el trabajo de los profesionales sea valorizado”.
El diputado del Pro y vicepresidente del CPACF dijo sentirse “muy satisfecho. En mis primeros meses como vicepresidente de la institución, conseguimos materializar un logro fundamental para los profesionales que nos votaron y que fue el más importante de los compromisos asumidos en la campaña”.
En minoría, la propuestas del FpV y NE así como otra del MST, argumentaron la vuelta a comisión diciendo que “por encima de los defectos técnicos el proyecto contiene prescripciones jurídicas que ameritan una más serena discusión política”. “Cuando se trata de un texto normativo que contiene más de un centenar de preceptos jurídicos la premura en su tratamiento es mala consejera para lograr un texto de calidad siendo necesario un debate sereno con los tiempos necesarios para la consecución de un producto final apropia do y correcto”, afirmaron.
Qué establece la nueva reglamentación
La nueva ley está compuesta por 63 artículos reemplaza la legislación nacional que se venía aplicando ante la orfandad normativa y se produjo a más de quince años de haberse sancionado la ley orgánica del Poder Judicial porteño lo que implica un avance hacia la plena autonomía y la asimilación con las provincias.
Introduce como principio el carácter alimentario de los honorarios de abogados y procuradores que desarrollen su profesión ante los fueros que actualmente se encuentran transferidos y prevé, por medio de una Cláusula Transitoria, que será de aplicación a los fueros que se deleguen en el futuro.
El honorario es personalísimo, sólo embargable hasta el 20% del monto a percibir y gozan de privilegio especial. En el supuesto caso que la regulación no supere el Salario Mínimo Vital y Móvil, será inembargable.
En tanto, el artículo 20° instituye con la denominación de UMA -Unidad de Medida Arancelaria-, a la unidad de honorarios profesional que representará el 1.5 por ciento de la remuneración total asignada al cargo de juez de primera instancia con jurisdicción y competencia en la Ciudad de Buenos Aires, entendiéndose por tal la suma de todos aquellos rubros, sea cual fuere su denominación, incluida la bonificación por antigüedad de cinco años. El Consejo de la Magistratura porteño suministrará mensualmente el valor resultante, eliminando las fracciones decimales y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal informará a las diferentes Cámaras el valor de la UMA.
Además, para abogados, el artículo 23º establece pautas generales: por las actuaciones de primera instancia hasta la sentencia, el honorario será fijado entre el 11% y el 25% de su monto; cuando haya litisconsorcio, la regulación se hará con relación al interés de cada litisconsorte. Las regulaciones no superaran, en total, el 50% que resulte de la aplicación de la respectiva escala arancelaria. En los procesos de jurisdicción voluntaria, a los fines de la regulación, se considerará que hay una sola parte.
Por otra parte, ninguna persona, fuere de existencia visible o ideal, podrá usar las denominaciones “estudio jurídico”, “consultorio jurídico”, “asesoría jurídica” u otras similares, sin mencionar los abogados que tuvieren a cargo su dirección. Sin perjuicio de la sanción penal que correspondiere, podrá disponerse la clausura del local a simple requerimiento del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y/o el que fuere competente de conformidad al lugar donde se cometa la infracción, o de oficio y una multa de 30 UMA que pesará solidariamente sobre los infractores, que será destinada a los fondos de dicha institución. Así lo establece el artículo 61°.
