Los invitados coincidieron en la necesidad de actualizar la Ley de Comunicaciones pero hubo fuertes discrepancias sobre si los beneficiados de la legislación propuesta serán los usuarios, las cooperativas o las grandes telefónicas. Críticas a las telefónicas.
La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, que dirige la oficialista Liliana Fellner, reanudó este jueves el debate del proyecto de ley Argentina Digital con la participación de especialistas en telecomunicaciones y asociaciones de defensa del consumidor, que plantearon observaciones de distinto calibre.
En líneas generales, la decena de expositores compartió la necesidad de actualizar la Ley de Comunicaciones de 1972 a tono con los avances tecnológicos, pero presentó varios reparos al proyecto del Gobierno. En particular, hubo fuertes discrepancias sobre si los beneficiarios de la legislación propuesta serán los usuarios, las cooperativas o las grandes telefónicas.
Tanto las empresas de telefonía fija como las de telefonía móvil fueron duramente cuestionadas por la “falta de inversiones” y las condiciones de los servicios. En este sentido, un duro argumento contra de la iniciativa oficial fue la posible desregulación de las tarifas de telefonía fija.
El debate continuará el martes a las 15 con nuevos invitados.
Las exposiciones
Rafael Sánchez, titular de la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones (Fecotel), sostuvo que “desde el sector cooperativo apoyamos esta ley” por tener “algunos puntos beneficiosos”.
No obstante pidió precisar cuál será la autoridad de aplicación y definir una “metodología de la asignación” de fondos para las cooperativas. Además coincidió con la eliminación de la “larga distancia”, pero advirtió que parte de los ingresos del sector proviene de este tipo de comunicaciones.
Enrique Chaparro, presidente de la Fundación Vía Libre, consideró “auspicioso” que el Poder Ejecutivo impulse la iniciativa pero dijo que pese a las “buenas intenciones”, “el resultado ha sido muy pobre”. En este sentido advirtió que hay artículos que son de difícil “interpretación”. “Una ley que debe explicarse, no es buena”, dijo y agregó que “la definición de neutralidad de red es de pobreza franciscana y permite múltiples interpretaciones”.
También cuestionó el “poder omnímodo” que tendrá la autoridad de aplicación y señaló que la iniciativa no contempla al “sector autogestivo”. Asimismo alertó que algunas regiones del país están “en peores condiciones que la mayoría de los países de África”, pero reconoció el “enorme esfuerzo que se ha hecho en la expansión de la fibra óptica”.
En representación del Sindicato de Trabajadores de TIC, Guillermo Defays presentó a los senadores un proyecto del gremio para mejorar la actual Ley de Telecomunicaciones y pidió no legislar por disputas “intermonopólicas”, en alusión a las críticas de que el proyecto beneficia a Telefónica y perjudica al Grupo Clarín.
Asimismo cuestionó que las definiciones sobre la autoridad de aplicación son “ambiguas” y que el proyecto “no plantea en ningún lado una autoridad de control, que son dos cosas distintas”.
Objeciones de asociaciones de usuarios
“Ahora, alegremente, con esta ley Telecom y Telefónica van a aumentar las tarifas porque dejan de ser servicio público y pasan a la misma situación de lo que hoy existe con la telefonía móvil, que pedimos se declare servicio público”, pronosticó Héctor Polino, de Consumidores Libres.
El exdiputado advirtió que el proyecto “genera mayor concentración en el mercado audiovisual”, al permitirle a las telefónicas brindar servicios audiovisuales. En esta línea, reclamó la creación de una autoridad de control y concluyó: a los usuarios “se los deja más desprotegidos de lo que están actualmente”.
Por su parte, el presidente de Unión de Consumidores de la Argentina, Fernando Blanco Muiño, pidió anular la “fusión de Telefónica y Telecom”: “son dos empresas con nombre de fantasía pero responden a un mismo dueños, Telefónica de España”, indicó.
Desde ADECUA dispararon contra las empresas de telefonía móvil. “Me llamaron para decirme que iba a sufrir un aumento en la telefonía celular por un acuerdo entre Movistar, Personal y Claco. Más cartelización que eso… ¿Quién avala todo eso?”, protestó Sandra Giménez. “Son estos los que no nos pueden dar el 3G y nos quieren dar el 4G. Es disparatado. No hay competencia”, remató.
Milman y Peñafort: dos visiones opuestas
Representante de la oposición en el directorio de AFSCA, Gerardo Milman seguró que el Gobierno impulsa la ley Argentina Digiral para “ampliar los negocios de las telefónicas ante la posibilidad de ingresar divisas” al país, en el marco de la restricción externa.
En este sentido, reiteró que el canal Telefé pertenece a Telefónica, algo que prohíbe la Ley de Medios. Por eso sostuvo que “si (en AFSCA) hubiésemos adecuado a Telefé con la anterior normativa, tendríamos que haberle elevado el plan de adecuación”.
Graciana Peñafort, quien asesoró en la redacción de la Ley de Medios, consideró en cambio que “el proyecto responde a uno de los modelos más avanzados en materia de convergencia digital”, y destacó que se declare “servicio público el uso de redes”.
La jurista sostuvo que “es importante proteger a los pequeños prestadores” de las grandes telefónicas pero le bajó el tono a las denuncias de Milman. “No hay que olvidarnos de que cuando salimos de la discusión política hay gente que no puede acceder a internet”, planteó.
