Asociaciones de defensa del consumidor advierten que la telefonía fija dejará de ser servicio público, lo que habilita a las empresas a fijar precios sin autorización del Estado, tal como sucede con la telefonía móvil.
La Unión de Consumidores de la Argentina y Consumidores Libres rechazaron que el proyecto de ley Argentina Digital declare de “interés público” a la telefonía fija y les quite el estatus de “servicio público”, al advertir que esto habilitará aumentos de tarifas sin autorización del Estado, tal como sucede con la telefonía móvil.
El socialista Héctor Polino, de Consumidores Libres, criticó que se declare “servicio público la relación entre las empresas mayoristas pero no entre las empresas y los usuarios”.
“Que sea servicio público (significa que) el Estado participa en al regulación de las tarifas. Ahora se produce un retroceso porque la telefonía fija, al ser servicio público, las empresas Telecom y Telefónica no pueden aumentar las tarifas cuando se le ocurren, tiene que pedir autorización a la Secretaría de Comunicaciones, que tiene que convocar a una audiencia pública (…) Ahora, alegremente, con esta ley Telecom y Telefónica van a aumentar las tarifas porque dejan de ser servicio público y pasan a la misma situación de lo que hoy existe con la telefonía móvil, que pedimos se declare servicio público”, explicó.
Polino también advirtió que el proyecto “genera mayor concentración en el mercado audiovisual”, al permitirle a las telefónicas brindar servicios audiovisuales. En esta línea, reclamó la creación de una autoridad de control y concluyó: a los usuarios “se los deja más desprotegidos de lo que están actualmente”.
El presidente de la Unión de Consumidores de la Argentina, Fernando Blanco Muiño, celebró el proyecto del Ejecutivo porque “la norma de 1972 respondía a otro mundo”. Sin embargo, cuestionó que la iniciativa solo declare como “servicio público” el “uso y acceso a redes entre y para licenciatarios”, y no así la telefonía móvil.
En este sentido, advirtió que la telefonía fija bajaría su “estatus jurídico” al ser declarada de “interés público”, lo que aseguró les permitirá “fijar precios y es muy probable que haya un aumento muy importante en la telefonía básica”.
Por otra parte, Blanco Muiño pidió anular la “fusión de Telefónica y Telecom”: “son dos empresas con nombre de fantasía pero responden a un mismo dueños, Telefónica de España”, indicó.
