Es para que se investiguen supuestas irregularidades vinculadas con la declaración jurada de Cristina Fernández de Kirchner, su titularidad de acciones en Hotesur SA y el posible incumplimiento de normas de inscripción y publicación en la Inspección General de Justicia.
La diputada Margarita Stolbizer presentó este lunes una denuncia penal para que la Justicia investigue la presunta comisión de delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Los hechos a los que Stolbizer se refiere surgen del cotejo de información oficial y pública, que involucran de manera directa a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y al ministro de Justicia Julio Alak, junto con otros funcionarios de la Inspección General de Justicia (IGJ).
Del análisis de la Declaración Jurada Patrimonial de la presidenta de la Nación, surge como dato por ella misma aportado que es titular de acciones (sin que se mencione en qué cantidad o porcentaje de participación) de la Empresa HOTESUR S.A. Esa participación está valuada en $ 9.367.528, y reconoce luego una deuda con la misma sociedad sin que se aclaren conceptos o razones de dicho endeudamiento.
La sociedad Hotesur es la propietaria del hotel Alto Calafate, en Santa Cruz. Existen sospechas de que es un alojamiento “fantasma” que usó el matrimonio presidencial para hacer negocios turbios con el empresario más beneficiado con la obra pública, Lázaro Báez, expresa Stolbizer en su presentación.
La sociedad Hotesur SA adeuda la presentación en la Inspección General de la Justicia (IGJ) de balances desde 2011, no se conocen los activos ni los pasivos de la sociedad anónima, ni la conformación societaria actual, como tampoco quiénes integran el directorio en la actualidad, ya que también adeuda la inscripción de sus autoridades.
Si bien en el Estatuto se determinó que cada tres años se renovaría el directorio, Hotesur SA nunca notificó cambios después del fallecimiento de Néstor Kirchner.
En la denuncia, se precisa que Hotesur adeuda presentación de balances, conformación societaria y tasas, ante la Inspección General de Justicia (IGJ) correspondiente a los ejercicios 2011, 2012, 2013. La ley impone que las sociedades deben presentar sus balances en IGJ para que los terceros puedan conocer la realidad de la empresa (si tiene deudas, cuanto tiene de deudas, cuanto tiene de activos, que negocios hicieron durante el ejercicio, que piensan hacer el ejercicio que viene, que pagaron, etc.).
Para la diputada del GEN, “la red de protección dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ, dependiente del Ministerio de Justicia) llegó hasta la cúspide misma del poder”. Sostiene que “la consecuencia de este incumplimiento por parte de la sociedad de la presidenta de la Nación y la complicidad de la IGJ, resulta crucial: si la Justicia le requiriere datos sobre Hotesur, la IGJ no posee los balances y el directorio -al menos en su registro formal- sería el de 2008, adeudándose nómina de Directorio 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. La sociedad de la Presidenta no fue sancionada por la IGJ (como si ocurre con otras sociedades); ni siquiera se dio inicio a la ejecución de las tasas adeudadas”.
La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 11, cuyo titular es Claudio Bonadío. El fiscal a cargo será Carlos Stornelli.
