La inundación en la ciudad de La Plata, capital de la Provincia, fue un disparador significante en el debate político bonaerense sobre las consecuencias que pueden llegar a ocurrir si efectivamente no se hace nada respecto de la prevención ante catástrofes naturales, producto del denominado cambio climático.

Hubo, luego de los lamentos, acciones inmediatas, grandes proyectos y planes de obras faraónicas y de las otras. Pero en definitiva hubo, eso sí, la conciencia plena en la dirigencia que por algún lugar había que empezar.

Por otro lado, pero en el mismo sentido, las recurrentes inundaciones que se producen, casi siempre lejos de los centros urbanos, pero que afectan al sistema productivo en la cuenca del Río Salado, es otra dimensión del mismo debate.

Así, la dirigencia echó cartas en el asunto y como reacción general se planteó fuertemente la necesidad de dotar a la Provincia de un Fondo Anti Catástrofe, con el aumento de algunos tributos específicos destinados al mismo. Tal como se lo plantea en un proyecto que está a punto de ingresar en el recinto de la Cámara de Diputados y que se ve demorado por el debate del Presupuesto 2015.

Se trata de la creación del Fondo Permanente de Emergencias y Catástrofes para la recuperación, asistencia y prevención de los daños que hayan afectado o afecten en el futuro a los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Dicho Fondo estará conformado, entre otras cuestiones, por el tres por ciento del total recaudado en la Provincia en concepto de impuesto sobre los Ingresos Brutos por el desarrollo de las actividades relacionadas con las entidades financieras bancarias, y además se promueve al 9 % el impuesto a los Ingresos Brutos de estos servicios.

Pero los diputados quisieron mezclar esta discusión con el debate propio del Presupuesto y por ello, con despacho ya redactado, estará un tiempo más en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

Movida I

Donde sí hubo avances concretos pero con resultados negativos por el momento, fue respecto de otros dos temas que aparecieron en el debate.

En las inundaciones que afectaron a las zonas urbanas se reafirmó la idea de trabajar con la aplicación en toda su real incumbencia de la flamante Ley de Hábitat, en relación con los barrios cerrados y abiertos donde el proceso de urbanización efectivamente ha introducido cambios sustantivos en el ambiente.

Además aparece la idea general, cada vez con más fuerza de empezar a diseñar planes de contingencia ante la catástrofe, por lo menos en los centros urbanos que, se podría decir, hoy poseen antecedentes en la materia.

Allí es donde apareció un proyecto de ley, que se encuentra dormido en el Senado bonaerense, para que se pongan que todas las ciudades, localidades y pueblos del territorio provincial, en intersección de calles, un elemento visual geo-referencial de la cota hídrica. Algo que los especialistas consideran un primer paso para comenzar a pensar cosas mayores.

La autora del proyecto, la senadora del FpV-PJ Silvia Pérez, encontró argumentos para su presentación a partir de que el cambio climático que se viene produciendo en el mundo posibilita eventuales catástrofes urbanas de consecuencias no siempre estimadas con rigor, como las acontecidas en estos últimos días en diversos distritos del conurbano bonaerense.

Se entiende, según Pérez, que esta situación hace que reveamos e imaginemos proyectos para tratar de aliviar las alteraciones naturales o antrópicas, que se producen.

Entonces, específicamente, la iniciativa propone que todas las ciudades, localidades y pueblos del territorio provincial, deberán tener en intersección de calles, un elemento visual geo-referencial de la cota hídrica.

Se detalla en el articulado de la ley que la autoridad de aplicación deberá determinar, materiales y calidad de los mojones de cota hidráulica urbana. También se la faculta para firmar convenio con las municipalidades y que deberá confeccionar y determinar las prioridades de los distritos, teniendo en cuenta aquellos que ya han sufrido inundaciones del casco urbano o su riesgo esté latente.

Además, el proyecto tiene una redacción que le da una característica especial, es abierto, no pone plazos taxativos y solo se limita a fijar algunas prioridades. Lo que se dice un proyecto totalmente aprobable.

La iniciativa fue presentada en abril de 2013 y rápidamente la despachó la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara alta provincial, el 9 mayo de ese año. Cuatro días después, la iniciativa obtuvo moción de preferencia para ser tratado en la próxima sesión y hasta el día de hoy permanece en esa condición, con sucesivas prorrogas.

Por lo bajo algunos senadores consideran que el proyecto es “inviable” y hacen referencia al esfuerzo que significa poner mojones en todas las esquinas de todas las ciudades de la Provincia, algo que el proyecto no establece taxativamente de forma inmediata.

En rigor, la propuesta no es bien vista por operadores inmobiliarios de grandes ciudades y, lo que constituye una presión mucho mayor, es la situación de proporciones importantes de densos tejidos urbanos que, de un día para otro descubrirían que están bajo o con muy baja cota”, principalmente en el conurbano bonaerense.

Movida II

Por su parte, la Cámara baja amagó y fracasó en el intento de sancionar de “atropellada” un proyecto de ley que crea un “plan de regularización” de los canales clandestinos.

En medio de la crítica situación a raíz de las inundaciones y tras el debate que se generó sobre los barrios privados y las distintas denuncias realizadas al respecto, la Cámara de Diputados hizo su despliegue con sancionar un proyecto de ley que tiene como objetivo regular los canales clandestinos.

El proyecto fue presentado en 2013 por la senadora del FpV-PJ Marina Moretti y ya cuenta con la aprobación del Senado. Sin embargo, los diputados del extendieron en cuestiones de forma y alentaron la posibilidad de tratarlo pero con modificaciones, por lo que la iniciativa iba a tener que ser revisada por los senadores, y así parece que va a ser algún día.

Días pasados, la iniciativa había ingresado al temario por la ventana ya que no formaba parte de la agenda parlamentaria prevista. Sin embargo la compleja situación sumada a las denuncias sobre la proliferación de canales clandestinos, apuró su tratamiento y motivó a varios diputados oficialistas, entre ellos al presidente de la Comisión de Presupuesto e Impuestos, Darío Golía, Walter Abarca y Alberto España -entre otros- , a “agilizar” su tratamiento.

La iniciativa pretende crear un plan de regularización de obras no autorizadas que hayan producido la modificación artificial del natural escurrimiento de las aguas, ya sea a través de canalizaciones, bordes, terraplenes, obras de arte u otras alteraciones que hayan sido realizadas sin la autorización correspondiente.

Para ello, el proyecto plantea que aquellos infractores deberán acogerse al plan de regularización en un plazo no mayor a 90 días una vez reglamentada la ley. En caso de que el propietario u inquilino no regularice la situación, se lo incluirá en un registro de Infractores, habilitando a la autoridad de aplicación a realizar las obras pendientes y obligar al propietario infractor a solventar los gastos. Se estipula una sanción económica para los infractores y la posibilidad de restringir la transferencia del inmueble, entre otras cuestiones.

A su vez, se insta a que el Poder Ejecutivo provincial a que instrumente los medios necesarios para reglamentar las relaciones con los municipios para la ejecución del plan de regularización.

“La presente ley constituye una herramienta más para abordar estas el manejo de la cuestión de los recursos hídricos, donde la participación de la ciudadanía, de las organizaciones libres del pueblo, los municipios y el Gobierno provincial constituyen actores centrales para buscar una solución de un tema complejo que afecta la vida de millones de bonaerenses”, se destaca en los fundamentos.

“Sobre los canales clandestinos hay un proyecto de ley, originado en este Senado e impulsado por el área de Hidráulica de la Provincia, al cual le hicimos importantes modificaciones y hoy está detenido en la Cámara de Diputados porque algunos sectores de la oposición plantean que las multas son muy caras”, detalló el senador peronista Patricio García y agregó: “yo digo que ni baratas ni caras’’.

“Soy autor de la modificación, sugerí introducir la facultad para los juzgados de paz letrados, que ya prácticamente son juzgados de primera instancia, para que a solicitud del gobierno municipal cuando quede demostrado que un propietario modificó alguna cosa, donde la Dirección de Hidráulica te lo verifica, estos juzgados puedan declararse competentes y librar la orden judicial para tapar el canal”, explicó García, dejando en claro cuál es el objetivo del proyecto.

Efectivamente, tal como lo expresó García, el proyecto fue observado por algunos sectores de la oposición por la magnitud del castigo para quienes incurren en acciones clandestinas de desvíos de cursos de aguas; pero en rigor, también estaban aquellos que querían cargar con mayor carga pública a los infractores y quienes querían aprovechar la oportunidad para sacarlo tal cual estaba y sancionarlo. En definitiva, muchas manos en el plato hacen mucho garabato, cerró el telón y está todo por verse.