En busca de dar una señal política para evitar que se repita el conflicto social de diciembre pasado, la Comisión de Legislación Penal de Diputados emitió dictamen sobre el proyecto de Aníbal Fernández. La UCR y la Coalición Cívica firmaron con disidencias.
En una señal política para prevenir un nuevo conflicto social tal como sucedió en diciembre pasado, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados emitió dictamen sobre el proyecto de ley para sancionar a los policías que dejen de prestar servicio de manera injustificada.
La iniciativa fue presentada por Aníbal Fernández (FpV) luego de los reclamos policiales en distintas provincias que culminaron con saqueos el año pasado, y ya cuenta con media sanción unánime del Senado.
Durante el debate, se discutió si la mejor alternativa para terminar con este problema es la de trabajar sobre el Código Penal.
La presidenta de la comisión, Patricia Bullrich (Unión Pro) se mostró de acuerdo con el proyecto, pero aclaró que “hay una necesidad de establecer mecanismos de diálogo más aceitados entre el policía y el poder político para que sus reclamos sean atendidos”.
No obstante, consideró que “hay que dar una señal clara respecto a las situaciones gravísimas que se vieron en Argentina”.
En el mismo sentido se expresó el oficialista Héctor Recalde: “El Congreso no puede estar ajeno al contexto y este es un momento muy oportuno para firmar dictamen”, aseguró.
Manuel Garrido (UCR) y Pablo Javkin (Coalición Cívica-ARI) compartieron ese objetivo pero firmaron el dictamen con disidencias, al advertir que se prevé un “tipo penal abierto”.
“Hay algunas expresiones que abren al grado de subjetividad del juez”, alertó Javkin, quien además advirtió que “este proyecto va a gravar sin tener en cuenta la cadena de mando de las fuerzas policiales”.
Además, consideró que “el Código Penal no es un arma muy efectiva” para evitar los autoacuartelamientos policiales.
La kirchnerista Diana Conti negó que la terminología sea ambigua al sostener que el abandono de los puestos de trabajo al que hace referencia el proyecto es “injustificado” y “a sabiendas” de las consecuencias que eso puede generar.
Con respecto a la diferenciación por la cadena de mandos, Conti aclaró que aquel policía que cumpla con una orden legítima de abandonar su puesto no entrará en este tipo penal.
El texto propone un agregado al artículo 252 del Código Penal para aplicar “sanciones e inhabilitaciones”.
Así, incorpora penas para miembros de las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales, porteñas o de una agencia estatal armada, que “a sabiendas” abandonen “injustificadamente” su servicio o “maliciosamente omitieren la prestación regular de su función”.
Las penas previstas en el texto van de 750 a 12 mil 500 pesos e inhabilitación especial de un mes a un año, para aquel “funcionario público que, sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño del servicio público”.
Asimismo establece que el oficial “será reprimido con pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena”.
Además, “si, como consecuencia del abandono u omisión tipificado se produjeren daños a bienes de la fuerza, bienes de terceros, lesiones o muerte de sus camaradas o terceros, se aplicará una pena de prisión de dos a ocho años e inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos”.
