“El acuerdo para explotar los hidrocarburos no convencionales fue calificado de confidencial por parte del presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, impidiendo así cualquier instancia de análisis o de control”, afirmó el diputado Omar Duclós (GEN- FAUnen) al presentar un proyecto para que se cree una comisión bicameral investigadora en el Congreso de la Nación, por el acuerdo YPF-Chevron sobre la explotación de hidrocarburos no convencionales y sus implicancias en el decreto 929/2013.

Duclós expresó que “la política hidrocarburífera argentina está signada por la falta de transparencia y consistencia, y es el resultado de criterios de arbitrariedad propios de una concepción, que hace de la emergencia pública y del estado de excepción, una regla de gobierno permanente”.

El diputado del GEN recordó que “el acuerdo para explotar los hidrocarburos no convencionales, que entró en vigencia a fines de agosto de 2013, fue calificado de confidencial por parte del presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, impidiendo así cualquier instancia de análisis o de control”, y agregó: “Ni el Poder Judicial ha posibilitado el conocimiento del convenio, porque cuando el senador Rubén Giustiniani lo solicitó, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal se lo denegó por considerar que su divulgación podía comprometer secretos industriales, técnicos y científicos”.

Duclós detalló que en su proyecto se plantea que la comisión podrá recibir denuncias y pruebas, declaraciones testimoniales, realizar inspecciones oculares, requerir informes a las autoridades y organismos estatales y particulares, conocer el estado de las causas judiciales relacionadas con los hechos investigados, solicitar órdenes de allanamiento y secuestro de documentación, y formular denuncias penales o medidas cautelares.

“La necesidad de conocer el contenido de las cláusulas secretas cobró nuevo interés frente a la información publicada en diferentes medios, que hace sospechar que la reciente reforma a la Ley de Hidrocarburos, responde a los condicionamientos exigidos por Chevron, que abarcarían garantías para la extensión de la concesión, libertad para girar dividendos al exterior, topes máximos a las regalías percibidas por las provincias y la garantía de estabilidad fiscal absoluta. Todo ello agravado por la ausencia de presupuestos mínimos de protección ambiental, en la recientemente sancionada ley 27.007, lo que constituye una inaceptable claudicación”, afirmó Duclós.

Por último advirtió que “resulta verdaderamente inadmisible que el Congreso de la Nación, que ostenta entre sus funciones la de controlar la gestión de gobierno, deba enterarse del contenido de un convenio de esa entidad a través de medios de comunicación, sin haber tenido posibilidad alguna de evaluar y ponderar las condiciones e implicancias de un acuerdo que es clave en materia de política energética, ya que compromete no sólo el bienestar de la población actual sino también el de las generaciones futuras”.