El kirchnerismo dictaminó a favor del proyecto Argentina Digital, luego de presentar una batería de modificaciones. Tendría media sanción el miércoles que viene.
El Frente para la Victoria en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, a cargo de la kirchnerista Liliana Fellner (Jujuy), firmó dictamen favorable al proyecto de ley Argentina Digital, tras presentar una batería de modificaciones al texto original que presentó el Poder Ejecutivo.
Entre ellas se destaca una enmienda que ratifica a la telefonía fija como “servicio público”, lo que implica que sus tarifas estén reguladas. La primera versión del proyecto le bajaba el status al declararla “interés público”, lo que se leyó como una forma de desregular el mercado.
Otra de los cambios trascendentes establece que las telefónicas no podrán prestar servicios de televisión satelital y que su incorporación al mercado de servicios de comunicación audiovisual será gradual, de acuerdo a la reglamentación que establezca la Casa Rosada.
Los bloques opositores evitaron opinar sobre las modificaciones, que conocieron durante la reunión. Sin éxito, pidieron continuar el encuentro la semana que viene pero el oficialismo ratificó que su intención es tratar el proyecto en el recinto el miércoles próximo.
Ese día el proyecto tendría media sanción, por lo que se descuenta su aprobación en la Cámara de Diputados para fin de año.
Otras modificaciones
Asimismo se agregó un capítulo entero referido a las obligaciones de los licenciatarios de servicios de telecomunicaciones y a los derechos de los usuarios, como el acceso a las TICs en condiciones de “igualdad, regularidad y continuidad”.
De esta manera, se postulan las mismas exigencias de un servicio público para todas las TICs.
En relación al concepto de neutralidad de la red, el oficialismo decidió reemplazar el texto del proyecto oficial por otro consensuado entre todos los bloques antes del debate de la ley Argentina Digital.
Por otro lado, se estableció que la autoridad de aplicación de la ley deberá garantizar la “competencia y desarrollo de mercados regionales”, evitando asimetrías con las grandes empresas.
La entidad también deberá establecer programas de regularización de las licencias de las pequeñas cableoperadoras del interior, garantizando su continuidad.
El texto declara como servicio público el uso y acceso a las redes de telecomunicaciones para licenciatarios de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), lo que habilita la regulación de tarifas en el mercado mayorista.
Otro punto clave de la ley es la autorización para que las telefónicas brinden servicio de televisión, lo que les sumará competencia a las cableras.
El objetivo de ambas medidas es incrementar la competencia para tratar de que eso derive en mejores precios para los clientes minoristas.
A su vez, la norma introduce cambios en el régimen del servicio universal, elimina la larga distancia nacional y prevé velocidades mínimas de transmisión que deberá fijar la autoridad de aplicación.
El proyecto delega en la autoridad de aplicación la definición de varios puntos clave, pero no explicita cuál será el organismo a cargo, pues el Poder Ejecutivo va a ser el encargado de designarlo, tal como lo ordena el Digesto Jurídico. Actualmente es la Secretaría de Comunicaciones la responsable de regular al sector.
