Para la senadora del bloque Pro Gabriela Michetti, la sanción del nuevo Código Procesal Penal debería haber sido el resultado de “un debate más largo y de mayor profundidad”. Argumentó los puntos principales de su negativa en cuanto a que la reforma del Ejecutivo se caracteriza por “dictar cargos a las apuradas, no modifica la Ley de Ministerio Público Fiscal, ni dota a los fiscales de las herramientas necesarias para avanzar en las investigaciones”.

La senadora macrista expresó que el gobierno de Cristina Kirchner “avasalla” la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, porque “no hay una política de Estado seria” respecto al tema del traspaso de las competencias judiciales al Ministerio público Fiscal de la Ciudad. “No hace una diferenciación entre delitos federales y ordinarios”, dijo.

En ese sentido, Michetti manifestó que “la Nación debe cumplir con la transferencia con sus recursos al sistema administración de justicia que introdujo con la reforma constitucional de 1994” y agregó que “la Ciudad debe tener igualdad de derechos en el tratamiento de delitos federales”.

Respecto a la cuestión de los nombramientos de los fiscales, dijo que “tenemos que ser muy inocentes para creer que los fiscales van a ser independientes del poder de turno, cuando todavía no sabemos quién va a ser la autoridad de aplicación”. Además, cuestionó la falta de información sobre los recursos de financiación para la asignación de los nuevos cargos. “Cuéntenme cómo y de dónde saldrán los recursos”, puntualizó Michetti.

Para la senadora del Pro el objetivo de esta reforma es “llenar al Estado de funcionarios afines al Gobierno”.

Además, hizo mención al articulo 34 del Anexo 2, que establece lo siguiente: “Facúltase al Procurador General de la Nación y al Defensor General de la Nación a disponer lo concerniente a la forma en que se hará la asignación de nuevas causas a las Fiscalías y Defensorías creadas en esta ley, como así también a la redistribución de las existentes”. Respecto a ello, Michetti dijo no estar de acuerdo que “bajo el argumento de descomprimir el tratamiento de las causas, se incorpore nuevos fiscales sin saber quiénes son” y explicó que “aunque se incorporara una reforma en el sistema de sorteos, no van a garantizar la imparcialidad de los fiscales”.

Siguiendo la misma lógica, la senadora argumentó que “una transformación del sistema de justicia requiere una adecuación general de todo el sistema judicial argentino, como por ejemplo, otorgar capacitaciones y adecuar los recursos humanos para estimular los verdaderos cambios”.

Finalmente, afirmó que el cambio requiere “fortalecer la independencia del Ministerio Publico Fiscal del poder político”, aunque fue uno de los puntos que el oficialismo no quiso modificar.