La Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto remitido por el Ejecutivo que establece el régimen provincial de armas de fuego. Se trata de un régimen jurídico para el control de las actividades de comercio minorista de armas de fuego y municiones.

A su vez, establece la implementación de mecanismos de destrucción de armas de fuego y materiales relacionados, secuestrados en causas penales; y el secuestro cautelar de armas de fuego, en procesos por amenazas, violencia familiar, de género o cualquier otro conflicto violento entre particulares.

Además, el proyecto establece que para obtener la licencia de comercio de armas de fuego y materiales controlados, deberá acreditarse los requisitos previstos por las leyes nacionales, incluso la existencia de licencia expedida por el Registro Nacional de Armas.