La dirigente socialista y diputada nacional Alicia Ciciliani denunció ante la jueza con competencia electoral María Romilda Servini de Cubría el “inicio de campañas electorales que violan todas las normas”, y reclamó una “auditoría para saber los montos que se han gastado desde comienzos de este año por parte de los precandidatos y las agrupaciones políticas”. En ese sentido, solicitó al juzgado que “investigue de dónde salieron los fondos y quién realizó los aportes”.

Acompañada por la letrada y dirigente socialista María Elena Barbagelatta, Ciciliani exigió el “cese de las campañas fuera de la ley” y reclamó “el cómputo de los recursos que se han destinado a ellas hasta ahora, como pagos a cuenta de los fondos públicos que correspondería entregar como aportes legítimos de campaña en 2015”.

“Tal como se advierte al transitar en la vía pública de esta Ciudad de Buenos Aires, es de público conocimiento la realización de profusas campañas publicitarias tendientes a promocionar candidaturas, en particular para Presidente de la Nación, a elegirse en el año 2015. No se trata de difundir una actividad o convocatoria puntual, sino de promocionar candidaturas concretas para los comicios de 2015 con el obvio fin de ir captando la voluntad de los electores a través de sistemáticas campañas gráficas en vía pública, cuyas dimensiones y costos son de enorme significación”, señala la presentación de Ciciliani.

Además agrega que “cabe señalar que no son carteles que aparecen como hechos puntuales aislados, sino que es público y notorio que forman parte de una campaña de publicidad electoral planificada y organizada en un amplio radio geográfico en la Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires (es muy visible en los accesos y autopistas urbanas) y también en el interior del país”.

La presentación de Ciciliani afirma que “se trata de campañas iniciadas fuera del tiempo legal previsto en las leyes electorales y fuera de todo marco normativo que regula su desarrollo”.

Financiamiento y delito

Para Ciciliani es fundamental que la Justicia determine el origen de los fondos que sustentan estas campañas “ya que si se hacen por fuera del control público se abre la posibilidad de prácticas ilegales de recaudación e incluso contribuciones de dinero ilegales relacionados al delito”.

“Consideramos esencial asegurar la plena vigencia de los principios que regulan los procesos de campaña electoral y el ejercicio del contralor judicial que efectivamente constate que los actores políticos respeten las reglas de equidad y transparencia en la competencia electoral”, sostiene Ciciliani.