Distintos organismos estatales se pusieron en coordinación para frenar maniobras especulativas en el mercado cambiario. ¿Se sumará el Congreso? Semanario Parlamentario repasa algunas propuestas legislativas que ponen la lupa sobre bancos, agentes bursátiles y del comercio exterior, desde la dictadura hasta la democracia reciente.
Por Pablo Riveros
Aquejado por la falta de dólares que históricamente padece la economía argentina, el kirchnerismo puso en coordinación diversos organismos del Estado para frenar delitos económicos y maniobras especulativas en el mercado cambiario.
Así fue que el Gobierno denunció evasiones al fisco, extensión de operaciones con las variantes del dólar no oficial, e irregularidades en el comercio exterior como sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones.
La detección de estas y otras maniobras fue posible por la articulación del Banco Central (BCRA), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Unidad de Información Financiera (UIF), el Banco Nación (BN), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) del Ministerio Público Fiscal, una vez que el problema ya se había recrudecido.
La última novedad fue la creación de una Unidad de Seguimiento y Trazabilidad de las Operaciones de Comercio Exterior, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, con el objetivo de verificar el precio y la cantidad de los bienes y servicios exportados e importados por el país, con el ingreso y el egreso de divisas.
Según el titular del BCRA, Alejandro Vanoli, de esta forma se logró frenar presiones devaluatorias.
En rigor, el Ejecutivo no hizo nada raro: tomó la iniciativa de articular partes del Estado para aplicar la ley y tener una administración inteligente. Mientras tanto, el Poder Judicial comenzó a recibir los casos y ya se aplicaron varias sanciones.
Para que el Congreso no juegue de espectador, una batería de proyectos apuestan a que puedan hacer su aporte. Sobre todo si se tiene en cuenta que su rol no es solo legislar, sino también controlar a otras unidades estatales; diseñar, legitimar, legalizar y evaluar políticas públicas; y asesorar en asuntos de Estado.
En concreto, algunas propuestas son la investigación de maniobras de “desestabilización” económica y la creación de nuevos juzgados para agilizar las causas.
Otras proponen ir más allá de la coyuntura actual con investigaciones sobre la complicidad de agentes económicos durante la última dictadura o sobre el controversial aumento de la deuda externa, con casos como el “megacanje”.
Una fuente de entusiasmo para estas ideas es el trabajo que realizó la Comisión de Lavado de Dinero en 2001. El cuerpo bicameral, que tuvo como integrantes a Elisa Carrió, Cristina Kirchner y Daniel Scioli, pretendió develar cómo se lavó dinero sucio en la Argentina a través de bancos máscaras, cuentas negras y compañías financieras off shore, con complicidad de funcionarios estatales.
Pero a pesar de las voluntades manifiestas, los proyectos avanzan a paso lento. Aunque algunos fueron pedidos por el Poder Ejecutivo, la agenda legislativa del kirchnerismo tiene otras prioridades, según confiaron fuentes oficiales a Semanario Parlamentario.
Además, el curso de las propuestas depende del curso de la relación entre el Gobierno y los sectores privados involucrados. “Por más que queramos, no podemos ir contra todos a la vez; sería perjudicial”, confesó una fuente legislativa para describir la estrategia de confrontación selectiva del kirchnerismo.
Como en un juego de ajedrez, la tropa oficialista avanzará paso a paso de acuerdo con las jugadas del Ministerio de Economía. Al fin y al cabo la economía también es un campo de disputas y exige del Estado todo un arte de gobernar.
Semanario Parlamentario repasa las iniciativas presentadas para que el Congreso ponga la lupa sobre agentes económicos, desde la dictadura hasta la democracia reciente.
El pedido del Ejecutivo a los legisladores
A fines de septiembre, la presidenta Cristina Kirchner apuntó contra un grupo de bancos y sociedades de la Bolsa que, a través de operaciones bursátiles como el famoso “contado con liqui”, realizaban maniobras especulativas para impactar en el tipo de cambio. Días después, al exponer ante el Senado, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, pidió a los legisladores que investiguen lo que denominó “acciones que implican terrorismo económico”.
Aquél 22 de octubre, el ministro pidió que se “investigue profundamente una serie de maniobras asociadas con el sector privado, con fines marcadamente delictivos”. Se refirió así a “operaciones de lavado de activos financieros; de evasión y elusión fiscal; de maniobras especulativas a través de agentes bursátiles; de impacto sobre la infracción a la Ley Penal Cambiaria; de procesos de sobre y subfacturación de importaciones y de exportaciones, y también de precios de transferencia”.
Capitanich planteó ese día que “no es casualidad que grupos económicos permanentemente promuevan acciones de desestabilización, que obviamente implican acciones de terrorismo económico manifiesto”.
“Es necesario tener en cuenta lo que significan estos embates para la gobernabilidad política de la República Argentina. ¿O acaso Raúl Ricardo Alfonsín no recibió un golpe de Estado macabro? ¿O acaso no hemos tenido durante toda nuestra democracia ataques de mercado, fuga de capitales que hemos podido atestiguar con casi 62.800 millones de dólares en esta etapa 2003/2013? Y no es bajo la invocación de utilizar, efectivamente, el tema del resguardo o refugio en moneda extranjera. Podemos compararlo con otros países de la región”, advirtió.
Por eso pidió al Congreso hacer “una exhaustiva investigación respecto de cómo se forman estos activos externos, por qué se dan estos procesos de fuga de capitales, quién es el autor o el conjunto de autores o actores que funcionan a través de este tipo de mecanismos”.
Para recalcar la importancia del problema, Capitanich explicó que “la política cambiaria del Banco Central se ve amenazada doblemente”. Por un lado, “por la comercialización ilegal de divisas” a través del dólar “blue” o “libre” o de operaciones del contado contra “liqui”, “en contraste con el mercado único y libre de cambio”. Por otro, porque “en la medida en que la operatoria continúa sin restricciones, es una amenaza latente para las reservas internacionales y las decisiones cambiarias de la autoridad monetaria”.
En aquella ocasión, aunque manifestó reparos a la política cambiaria del Gobierno, el senador nacional Roberto Basualdo (San Juan) reconoció con los “más de 250.000 millones de dólares de capitales argentinos no declarados” en el exterior “podríamos pagar prácticamente toda nuestra deuda” externa.
Una bicameral contra la “desestabilización”
A 20 días del pedido de Capitanich en la Cámara alta, ocho legisladores del núcleo duro del kirchnerismo presentaron un proyecto para crear una comisión bicameral que investigue aquellas “maniobras económicas” que “desestabilicen” la economía y “debiliten la gobernabilidad democrática”.
La iniciativa lleva las firmas de Ruperto Godoy, Liliana Fellner, Pablo González, Juan Irrazábal, Sigrid Kunath, María Labado y Teresita Luna del Frente para la Victoria, y de la aliada María de los Ángeles Higonet (PJ-La Pampa).
De acuerdo con el texto, se propone “identificar las diferentes maniobras de desestabilización que se dieron en la economía argentina” desde la recuperación de la democracia en 1983, así como “monitorear el comportamiento de agentes económicos relevantes para advertir posibles maniobras de desestabilización en el futuro”. Para ello la comisión podrá solicitar informes o documentación, requerir declaraciones testimoniales y presentar denuncias penales.
En los fundamentos de la iniciativa se recuerdan las maniobras que sufrieron el Gobierno de Raúl Alfonsín en 1989 y el de Cristina Fernández, al culminar su primer mandato.
“Dichas maniobras no perjudican a un solo partido político o a un gobierno en particular, sino que se trata de una metodología de condicionamiento y disciplinamiento que determinados poderes fácticos llevan a cabo para minar la capacidad de acción que posee el Estado y, más específicamente, los gobiernos elegidos democráticamente por la sociedad argentina”, advierten los senadores.
Nuevos juzgados
Por unanimidad, la Cámara de Diputados otorgó media sanción a un proyecto presidencial por el cual se transforman los actuales juzgados nacionales en lo penal tributario por juzgados en lo penal económico, que de este modo pasarán a ser 11 en total.
De esta manera, todos los tribunales podrán abocarse no solo a los delitos aduaneros y fiscales sino también a los cambiarios, junto con las figuras de fraude al comercio y a la industria.
Según el Ejecutivo, esto permitirá “que una mayor cantidad de juzgados interactúen” con los organismos estatales que también investigan delitos económicos, al punto tal de “agilizar” el trámite de las causas.
Acuerdo con Suiza
Un aporte legislativo que vio la luz en noviembre fue la ratificación de un convenio que finalizará con el secreto fiscal y bancario entre Suiza y Argentina. Es que según el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, existen al menos tres mil cuentas a nombres de argentinos o de sociedades argentinas en bancos de la Confederación Helvética.
Con estos datos, la AFIP podrá verificar si las cuentas están “debidamente declaradas” y si existen “zonas grises en la relación económica con Suiza”, lo según Echegaray “significa que la posibilidad de evadir se ha cortado”.
“Complicidades económicas” de la dictadura
No es una novedad que la última dictadura (1976-1983) no fue sólo militar, pues también contó con funcionarios civiles: por ejemplo, dos empresarios como José Alfredo Martínez de Hoz y Jorge Zorreguieta llegaron a ser ministro de Economía y secretario de Agricultura de Jorge Videla, respectivamente.
Tampoco es primicia que esta gestión económica clausuró el proyecto industrializador sostenido desde 1930 para dar lugar a un modelo de especulación financiera, apertura comercial y liberalización económica.
Con estas premisas, un grupo de diputados del Frente para la Victoria, encabezado por Héctor Recalde, logró avanzar con un proyecto que crea una comisión bicameral de “identificación de las complicidades económicas” con el gobierno genocida. El objetivo: la “búsqueda de la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia”.
La bicameral se encargaría de “elaborar un informe con una descripción detallada de los aspectos más salientes así como de las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera” adoptada por la dictadura.
Además, estaría a cargo de “la identificación de los actores económicos y técnicos que contribuyeron a y/o se beneficiaron con esa dictadura aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza”. En caso de advertir la comisión de delitos, debería formular las correspondientes denuncias ante la Justicia.
En consonancia con este proyecto, la Cámara de Diputados bonaerense ya aprobó la creación de una comisión para efectuar la misma investigación en el ámbito de la provincia.
“Saber quiénes fueron los instigadores del golpe oligárquico militar y quiénes tomaron por asalto las áreas clave del Estado para desarmar la construcción que tenían los trabajadores y construir un país para pocos es imprescindible para seguir reivindicándonos como país”, afirmó el diputado Gustavo Di Marzio (FpV), autor de la iniciativa.
Complicidad italiana
Paralelamente, el diputado nacional Antonio Riestra (Unidad Popular) propuso junto a un grupo de legisladores la creación de una bicameral que se dedique a investigar exclusivamente los “vínculos políticos y económicos” entre Italia y Argentina durante el período 1973-1983.
La iniciativa surgió a raíz de un informe de legisladores italianos sobre la Logia Masónica P2, definida por la democristiana Tina Anselmi como “el peligro más grande contra las instituciones democráticas” de Italia.
De hacerse conocido, el informe levantaría un fuerte escándalo en nuestro país. Según las investigaciones, nada menos que Juan Domingo Perón integró la logia por sus contactos con Licio Gelli, jefe de la sociedad secreta condecorado ilegalmente en Argentina con honores y cargos públicos.
Sin embargo, el informe da cuenta de que Gelli también respaldó activamente a la dictadura a través de empresas y deja la sospecha de que le habría provisto de armas a los genocidas.
A pesar del tiempo transcurrido, Riestra quiere que el Congreso retome la investigación italiana y aporte datos a la Justicia.
Investigación de la deuda externa
El Congreso todavía tiene pendiente la creación de una bicameral que investigue el origen y la evolución de la deuda pública desde 1976 hasta la fecha, luego de que el oficialismo la incluyera en la Ley de Pago Soberano aprobada en septiembre pasado.
Se trata de un viejo reclamo de amplios sectores políticos y sociales que resalta dos casos puntuales: los compromisos asumidos por los militares y el “megacanje” de 2001.
En relación al primero, se pide al Congreso que acate el fallo del juez Jorge Ballestero en la causa Alejandro Olmos y separe la deuda “legítima” de la “ilegítima”, es decir, contraída por los gobiernos de facto, para luego determinar la legitimidad o no de su pago, tal como hizo Ecuador.
En nuestro país, el carácter ignominioso de la deuda reside en que, por citar un caso, los compromisos con el Club de París pasaron de 700 millones de dólares en 1956 a 17.000 millones en 1983. Pero según las auditorías realizadas desde comienzos de la democracia, hay muestras de que los fondos no ingresaron en su totalidad y que no hay documentación ni registro de ellos. De acuerdo al diputado Claudio Lozano (Unidad Popular), se trataría de 4.000 millones de dólares con destino desconocido.
Por cierto que la tarea no es nada sencilla. Sobre todo porque el propio oficialismo recordó que el Parlamento argentino asumió legalmente como propios los compromisos externos de la dictadura
Empero, la comisión tendría facultades para investigar la evolución de la deuda también durante la democracia.
Por eso, el dato llamativo es que un grupo de diputados de la UCR, encabezado por el entrerriano Fabián Rogel, pidió una investigación parlamentaria, paralela a la de la Justicia, sobre la legalidad del “megacanje”: un programa de reestructuración de la deuda externa implementado por el gobierno radical en 2001. Fue un manotazo de ahogado: la convertibilidad dependía de nuevos créditos del FMI, que a cambio exigió grandes medidas de ajuste fiscal.
La cuestión reside en las abultadas comisiones que se pagaron a siete bancos internacionales que actuaron como intermediarios. Sin embargo, la Justicia sobreseyó por prescripción a nueve implicados -entre ellos el diputado Federico Sturzenegger y el banquero internacional David Murdorf- y de esta forma Domigo Cavallo quedó como el único procesado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.
LA “CAZA DE BRUJAS QUE INCOMODA”
La creación de una comisión que investigue las “complicidades económicas” con la dictadura promete una fuerte polémica, ya que la “casa de brujas” podría comprometer a más de un partido político.
Por repasar algunos nombres, Domingo Cavallo ya era conocido por haber estatizado una cuantiosa deuda externa de grandes empresas como presidente del Banco Central en 1982. Aun así, fue ministro de Economía de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa y tuvo como vice al actual diputado Federico Sturzenegger (Unión Pro), en 2001.
El “padre de la convertibilidad” también fue mentor de la senadora María Laura Leguizamón (FpV) y de la legisladora porteña María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica). Hasta Cristina Kirchner llegó a elogiarlo al definirlo como un hombre con “méritos”.
El proyecto no cayó nada bien en el partido de Mauricio Macri, ya que su apellido fue varias veces nombrado durante el debate en comisión. En rigor, los dardos apuntaron al Grupo Macri, cuya cara visible es su padre Franco. Según las denuncias, el grupo económico fue beneficiado por la medida de Cavallo. Pero en el Pro tomaron el tema como asunto propio y se negaron a firmar el dictamen del proyecto.
¿Querrá Cristina tensar la relación con la reina de los Países Bajos? El padre de Máxima Zorreguieta, Jorge, fue secretario de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y presidente de la Comisión Coordinadora de Entidades Agropecuarias. Sin embargo, la investigación parlamentaria podría ponerlo en el ojo de la tormenta: también fue secretario de Agricultura y Ganadería de Jorge Videla.
