Las dos derrotas electorales en elecciones legislativas fueron sin duda el dato político más contundente que sufrieron los Kirchner. Pero por todo lo que lo rodeó y las circunstancias como se produjo, el voto “no positivo” que hizo naufragar la 125 fue tal vez la derrota más emblemática de la era K. Más allá de que ese episodio haya terminado galvanizando a la grey kirchnerista, que desató a partir de entonces otras batallas épicas.

Ese revés el kirchnerismo lo sufrió en el Senado, y fue allí donde encontró un nuevo freno tiempo después, con la fallida designación de Daniel Reposo como procurador general de la Nación. La oposición, con el agregado de algunos aliados habituales del oficialismo, anticipó su rechazo a esa designación y obligó al gobierno a retirar el pliego antes de fracasar en el recinto. Aunque como tras la 125, lo que vino después terminó siendo peor para una oposición que creyó que Alejandra Gils Carbó acumulaba una capacidad profesional inmensamente superior a la de Reposo y no se le ocurrió objetarla.

El Senado es hoy la cámara más segura para el kirchnerismo, que por eso hace entrar por ahí sus proyectos más relevantes. Sin embargo, la oposición ha encontrado allí un talón de Aquiles y está dispuesta a hacer usufructo del mismo. Con el antecedente de Reposo, cuyo pliego necesitaba los dos tercios del cuerpo, quiere hacerle sentir el rigor al gobierno, que por lo demás hace y deshace en el Congreso. Esa es la razón por la que anunció hace algunas semanas que no habilitarían ningún pliego para remplazar a Zaffaroni, obligando a que la Corte Suprema funcione con cuatro miembros hasta el advenimiento del nuevo gobierno.

Como Ricardo Lorenzetti había deslizado en principio que no había problemas para que el Tribunal Supremo funcionara con cuatro y hasta tres integrantes, los senadores radicales avanzaron y arrastraron al resto de la oposición. Previsiblemente Raúl Zaffaroni puso el grito en el cielo, y la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco, opinó en el mismo sentido. Luego Lorenzetti pareció reconsiderar sus dichos y hasta Carlos Fayt comentó que “sería deseable tener cinco miembros”, ante lo cual el oficialismo supuso que lo de la oposición quedaría en amague y anticipó su disposición a seguir los pasos legales para la designación de otro miembro.

Durante el transcurso de la última sesión del Senado, la oposición anunció que daría una conferencia de prensa sobre el tema de la Corte. La misma se brindó cuando el debate sobre el Código Procesal Penal estaba por concluir, al punto tal que cuando le tocaba al radicalismo cerrar el debate por parte de la oposición, su presidente de bloque estaba fuera del recinto, y Amado Boudou tuvo la “deferencia” de pedir un cuarto intermedio para esperarlo.

En esa conferencia de prensa anunciaron el compromiso de 30 senadores a no convalidar ninguna designación, lo que daría por cerrado el tema: jamás podría así el oficialismo conseguir los 48 votos necesarios para aprobar un pliego. Fue lo que llevó al constitucionalista Eduardo Barcesat -un abogado cercano al gobierno que defiende a Hebe de Bonafini- a presentar una denuncia contra los senadores opositores.

La estrategia de esos senadores es cuanto menos cuestionable, por cuanto no parece ser muy republicano decir que rechazarán a todos, así el gobierno elija al papa Francisco… Igual de efectivo hubiera sido esperar a que Cristina eligiera a un nuevo miembro para la Corte y “despedazarlo” luego, si correspondía, como sucedió con Reposo. Y así con los sucesivos, a menos que tuvieran totales garantías de probidad del designado.

Pero la oposición viene sufriendo revés tras revés en el Congreso y necesitaba dar señales ahora y no esperar al año que viene, cuando se efectivizará la renuncia de Zaffaroni y la elección de su sucesor.

No obstante ello, la acusación de “sedición” impulsada por Barcesat tiene poca posibilidad de avanzar en un juzgado y podría ha desechada para cuando el gobierno envíe su primera propuesta. Lo cual, en todo caso, le dará pie al kirchnerismo para insistir con sus denuncias contra el Poder Judicial.

Una Justicia que se encuentra en una suerte de estado deliberativo en relación con el gobierno. Ya habían quedado averiadas las relaciones entre el gobierno y los jueces con el megaproyecto de reforma judicial, abortado precisamente en los estrados judiciales. Ahora el nuevo Código Procesal Penal despierta recelo en los jueces, siempre poco propensos a los cambios. Y lo que propone el proyecto oficial cambia sustancialmente la labor de los jueces, que ya no se ocuparán de la investigación, tarea que cumplirán los fiscales.

En la sesión del Senado en la que se aprobó el Código Procesal Penal, la oposición centró sus críticas en la figura de la procuradora Gils Carbó, que es la jefa de esos fiscales encargados de investigar. Por ejemplo, las causas que involucran a funcionarios. El proyecto establece además la imposibilidad de reabrir causas juzgadas. La oposición teme entonces que el próximo año queden blindadas esas investigaciones. El kirchnerismo estaría cuidando sus espaldas para más allá de 2015.

Razones tiene para pensar así luego de las novedades registradas esta semana, cuando entre otras, el juez Bonadío mandó a allanar la empresa que administra el hotel de la Presidenta, nada menos. Una medida que, convengamos, parecería buscar más espectacularidad que resultados, pues ya el programa de Jorge Lanata había mostrado que la sede allanada estaba vacía; paralelamente debió haber procedido en el domicilio santacruceño de Hotesur. Pareciera que Bonadío, que ya procesó al vicepresidente de la Nación, busca mandar mensajes con sus medidas.

Ha trascendido que la Presidenta estaba furiosa el jueves ante las noticias. Ese mismo día viajó a El Calafate para pasar el fin de semana largo y reaparecer el martes -tras su convalecencia- en un acto en el que podría apuntarle a jueces y senadores opositores.

Hay quienes sostienen en cambio que el nuevo Código Procesal Penal tardará en implementarse, tanto que no tendrá tiempo el gobierno de sacar eventuales réditos. Y que si bien para cuando cambie el gobierno los fiscales vinculados a Justicia Legítima seguirán en sus puestos, la procuradora general dejará el cargo si gana un opositor.

Ahora bien, el procurador que designe para el cargo el futuro presidente, o el miembro de la Corte si es que pasa todo 2015 sin ser cubierta la vacante de Zaffaroni, seguirá necesitando los dos tercios de un Senado donde probablemente 33 de sus miembros sigan respondiendo a Cristina Fernández de Kirchner…