Será en un plenario de tres comisiones, aunque Patricia Bullrich evalúa no convocar a Legislación Penal, disconforme con el trámite que le dará el kirchnerismo. El Frente para la Victoria confía en alzarse con la ley el jueves 4 de diciembre.
En una jornada que arrastra polémica de antemano, la Cámara de Diputados pondrá en marcha este jueves el debate por la reforma del Código Procesal Penal, aprobada hace apenas una semana en el Senado, que sería ley el jueves 4 de diciembre.
La discusión está prevista para las 11 en un plenario de las comisiones de Justicia, Presupuesto y Legislación Penal, aunque la presidenta de esta última, Patricia Bullrich, evalúa no convocar a sus diputados.
La macrista había advertido sobre la existencia de un “fraude” por parte del presidente de la Cámara baja, Julián Domínguez, incluso antes de confirmarse el giro a comisiones, por el cual se le dio la cabecera a Justicia, que conduce la kirchnerista Graciela Giannettasio.
Bullrich había denunciado verbalmente a Domínguez por “manipulación, fraude e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, al advertir que “no cumplió” con el reglamento de la Cámara de Diputados.
Según la legisladora, compete a la Comisión de Legislación Penal dictaminar sobre el asunto. “Las normas que regulan la Cámara deben ser respetadas y no avasalladas por la conveniencia política”, sostuvo.
Bullrich precisó que su comisión tiene ocho proyectos de creación de un nuevo Código Procesal Penal y 400 proyectos de modificación del mismo, mientras que en Justicia no hay ninguno, ya que “se encarga de los temas de administración de la justicia y de materias civiles y comerciales”.
Así las cosas, el Frente para la Victoria cuenta con mayoría numérica para avanzar con el dictamen este mismo jueves y alzarse con la ley el próximo jueves 4.
El Senado aprobó el nuevo Código Procesal Penal, que reemplaza el actual sistema judicial inquisitivo por uno acusatorio, con 39 votos a favor y 24 en contra.
La iniciativa sufrió 42 modificaciones antes de llegar al recinto y fue discutida a lo largo de varias jornadas con exposiciones de jueces, camaristas y especialistas, que no fueron convocados para disertar en Diputados.
Mientras tanto, el Frente Renovador de Sergio Massa presentará este martes en el teatro Astros un proyecto alternativo, que busca terminar con la denominada “puerta giratoria”, limitar el sistema de excarcelaciones y darle más protagonismo a las víctimas en el proceso.
La respuesta oficial
La Secretaría Parlamentaria de la Cámara de Diputados, a cargo de Lucas Chedrese, le contestó a Bullrich con otra carta en la que sostiene que “no existe impedimento alguno de tipo legal o reglamentario para iniciar el tratamiento del proyecto por el plenario de comisiones, respetando el orden de giros asignado”.
Para el secretario parlamentario, la competencia de la Comisión de Justicia según el reglamento contiene también las facultades de Legislación Penal.
“El proyecto en cuestión no es una mera reforma de un artículo, sino que plantea una reforma integral del Código Procesal Penal, pero fundamentalmente modifica la función de la judicatura y de los fiscales del Ministerio Público”, argumentó Chedrese.
Y agregó: “Con este nuevo código cambiarían tangencialmente las funciones del juez, que pasaría de conducir el proceso a arbitrarlo; y del fiscal, quien no sólo sería el titular de la acción penal, sino también quien llevaría adelante la investigación y el proceso”.
Chedrese sostuvo que “ello tiene más que ver con la organización del Poder Judicial y del Ministerio Público, y no sólo con una norma de contenido procesal penal”.
“Se prevé –más que un cambio de proceso- una nueva función en el rol del juez y del fiscal, pasando de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, y esto se relaciona íntimamente con la administración de la Justicia en general y con la penal en particular”, justificó.
Ejes del proyecto
El nuevo Código Procesal Penal establece un sistema acusatorio -en reemplazo del sistema mixto actual- en el que se fortalece el poder del Ministerio Público Fiscal, hoy en manos de Alejandra Gils Carbó.
Así, los fiscales quedarán a cargo de la investigación y la recolección de pruebas –que hoy realizan los jueces- y podrán elegir qué causas investigar, salvo en los casos de corrupción de funcionarios, discriminación o violencia de género, que deberán tomar sí o sí.
El texto original otorgaba amplias facultades a Gils Carbó, como la de reasignar causas a los fiscales de manera discrecional a partir de la entrada en vigencia del nuevo código. Pero esta atribución fue morigerada de modo que “las causas que ingresen con posterioridad a la puesta en funcionamiento de los nuevos órganos serán asignadas por sorteo entre todos los órganos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa ante cada Cámara”.
El proyecto fija un plazo máximo de tres años para la duración de un proceso judicial y además establece sanciones si los jueces demoran los casos –por ejemplo, someterse a un jury de enjuiciamiento-, aunque las causas no prescriben.
Por otra parte, se le dará más participación de las víctimas en los procesos aunque no sean querellantes: son protegidas, pueden intervenir en el proceso y pueden seguir con una acción privada si el fiscal desiste en la investigación.
Todo el proceso será oral y, para decidir si se dicta la prisión preventiva, el Senado decidió eliminar el criterio de “conmoción social”, que estaba contemplado en el texto original.
Otro de los cambios dispuestos en el plenario de comisiones fue para atenuar las causales de expulsión de extranjeros, que se podrá realizar cuando sean sorprendidos delinquiendo “in fraganti” y si el delito tiene una pena mínima de tres años.
La implementación del juicio por jurados, un instituto que ya funciona en algunas provincias, quedará librada a una ley especial.
El nuevo Código Procesal Penal crea además, en el ámbito del Congreso Nacional, una comisión bicameral ad hoc, integrada por representantes de todos los partidos políticos, que estará encargada de monitorear la aplicación de la reforma.
