Este miércoles, la Legislatura de Chubut aprobó un dictamen que abre la puerta a la explotación minera en las zonas donde los pobladores así lo acepten, a través de consultas vinculantes. La nueva norma generó fuertes protestas de los ambientalistas porque el texto fue sancionado a partir de lo que consideran una tergiversación del proyecto de iniciativa popular que ellos habían presentado.

Mientras tanto, trascendió una imagen del diputado provincial Gustavo Muñiz (Frente para Victoria) que mostraba indicios de recibir indicaciones por mensaje de texto del gerente de una compañía minera.

La foto sugiere que Gastón Berardi, directivo de Yamana Gold, le señalaba al diputado introducir un cambio en la redacción del artículo 4 de la ley. Según puede verse en el mensaje de la foto, el legislador le habría aclarado que ese punto no era importante porque después el Poder Ejecutivo de la provincia podía cambiar algunos términos en la reglamentación final de la norma.

Ante esta situación, sectores de la oposición buscan que quede sin efecto la normativa.

El senador nacional Mario Cimadevilla (UCR-Chubut) advirtió que “no podemos seguir tolerando que las leyes se redacten en los despachos de las empresas sin importar las necesidades y prioridades de los chubutenses”.

“Las irregularidades suscitadas en el transcurso del tratamiento de la consulta popular para la explotación minera en la provincia, además del documento fotográfico que involucra al diputado Gustavo Muñiz (FpV) intercambiando mensajes de texto con un gerente de una de las principales empresas interesadas en la cuestión, plantean la urgente necesidad de revisar lo acontecido”, expresó el radical.

“Creo que el gobernador, por la salud de él y de todos, lo que tiene que hacer es vetar esa ley, que vuelva a la Legislatura y se dé un debate serio sobre el tema”, exhortó el presidente de la UCR de Chubut a diario Crónica. “Estamos ante un gravísimo hecho que no sé si tiene antecedentes en la provincia”, agregó.

El proyecto original, impulsado por organizaciones ambientalistas y vecinales de Chubut, fue presentado seis meses atrás con el aval de 13.000 firmas. Entre otras cosas, ampliaba los alcances de la ley 5.001 que prohíbe los yacimientos a cielo abierto. Por los plazos que establece la Constitución provincial, el plazo para tratar el proyecto vencía este jueves.

Este objetivo, no obstante, fue modificado por el oficialismo peronista, al disponer la suspensión por 120 días en todo el territorio de la provincia del inicio de cualquier actividad minera metalífera, lapso en el cual el Ejecutivo deberá promover el debate en torno a la actividad. Según la iniciativa modificada, serán las comunidades donde se desarrollen los emprendimientos mineros las que definan por consulta popular vinculante si se llevan a cabo o no.