El proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación encierra un trasfondo político-judicial que afectará, en caso de ser sancionado, así y tal cual fue elevado al Parlamento Nacional, la independencia de la Administración de Justicia.

Detrás de las problemáticas planteadas y estratégicamente elegidas por el Gobierno Nacional para su discusión pública, se esconde un plan que afecta directamente a uno de los Poderes de Estado: el Poder Judicial de la Nación.

Una de las cuestiones cuidadosamente seleccionadas es instalar en la sociedad las bondades del sistema acusatorio.

Y por supuesto que el sistema acusatorio es mucho más rápido y ágil que el sistema inquisitivo y la experiencia del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires así lo demuestra.

Pero sepamos que la intención detrás de la reforma es crear y designar 1700 cargos públicos y otorgar plenas facultades discrecionales a la doctora Gils Carbó para que pueda redistribuir las causas existentes y determinar qué fiscal investigará las nuevas.

De esa manera designará a su antojo al fiscal militante que investigará o no, tal cual hecho.

Teniendo presente los antecedentes de la Procuradora General de la Nación, de su militancia con el relato Nacional, y de la organización a la que pertenece -Justicia Legítima- obviamente cubrirá esos cargos con personas que comulguen con su ideología política.

El diputado Daniel Presti (PRO) es abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires, realizo un Posgrado en Derecho Penal y Ciencias Penales en la Universidad del Salvador. Actualmente es Legislador y presidente de la Comisión de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el periodo 2011-2015. Se desempeño como Subsecretario de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde 12-2007 hasta 12-2011 y fue Secretario Federal en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7 de la Capital Federal.