El fiscal federal Carlos Rívolo pidió que se desestime la denuncia penal del abogado kirchnerista Eduardo Barcesat contra los senadores opositores que firmaron un compromiso para no habilitar la designación del reemplazo de Eugenio Zaffaroni en la Corte Suprema de Justicia hasta que no asuma el próximo gobierno.

“Son fundamentalmente cuestiones de índole éticas y políticas y, por ende, en extremo opinables”, advirtió el fiscal en su dictamen, donde negó que se tratase de un caso de “sedición”, como denunció Barcesat.

En el escrito que entregó a la jueza María Servini de Cubría, Rívolo señaló que “la conducta que Barcesat le reprocha a aquellos senadores no pasa de ser una expresión política, una manifestación de una mera idea”.

Los ocho dirigentes denunciados son los radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales; los peronistas disidentes Carlos Reutemann y Juan Carlos Romero; los integrantes del Frente Amplio Unen Fernando “Pino” Solanas y Luis Juez, y los macristas Diego Santilli y Gabriela Michetti.

La ley sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner establece que, cuando se habilite una vacante en el máximo tribunal, habrá un plazo de un mes para postular un candidato.

Pero los opositores ya advirtieron que su intención es que el debate se dé recién en 2016, cuando haya asumido el próximo presidente.

Rívolo advirtió que el proceso para la selección del nuevo juez “no es resorte exclusivo del Poder Ejecutivo, sino que surge de un mecanismo republicano y democrático y que tiene incluso una instancia de apertura a la ciudadanía para que se exprese” (audiencias públicas), por lo que no puede considerarse que los senadores se estén sublevando por su postura.