Los senadores de la provincia de Buenos Aires descartaron que el proyecto de ley que establece la Autarquía Financiera del Poder Judicial sea tratado en lo que resta de este año.
Los senadores de la provincia de Buenos Aires mantuvieron este miércoles la primera reunión formal con funcionarios judiciales para interiorizarse respecto al proyecto de ley de Autarquía Financiera del Poder Judicial.
Así, el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires Daniel Fernando Soria, junto a los ministros Juan Hitters, Luis Genoud, Hilda Kogan y Eduardo Pettigiani y la Procuradora General María del Carmen Falbo se reunieron con legisladores en un plenario de las comisiones de Presupuesto e Impuesto y Legislación General.
“Ha sido un gusto para la corte estar en esta reunión, a la cual nos invitó el Senado, específicamente las dos comisiones que están tratando el tema de la autarquía financiera del Poder Judicial”, dijo un protocolar Daniel Soria, el término de la reunión.
Por su parte, el presidente de la comisión de Presupuesto e Impuestos, Patricio García, afirmó que “es un proyecto innovador, ha tenido una buena recepción, en principio, de todos los legisladores, ahora hay que comenzar el trabajo legislativo fino y avanzar en un contexto de consenso con todos los actores involucrados”. Según trascendió, la iniciativa será recién tratada en 2015
El proyecto de ley en discusión busca otorgarle la autarquía económico-financiera al Poder Judicial, lo que le permitirá a la Suprema Corte disponer de su propio presupuesto anual y definir los aumentos salariales para los jueces y los empleados.
La iniciativa establece que la autonomía presupuestaria llegue al 7% del total del Presupuesto cuatro años después de sancionada la ley, pues el incremento sería de “aplicación progresiva”. Según se detalla, se destinará el 65% a la Administración de Justicia y el 35% restante al Ministerio Público.
En la actual situación, el presupuesto asignado al Poder Judicial es administrado por el Ministerio de Economía, al que se le destina el 4,7 % del total de los gastos de la provincia. Mientras que la política salarial es definida por el Poder Ejecutivo, al sentarse a discutir en paritarias con los empleados.
Ahora, de avanzar la autarquía financiera, el máximo tribunal podrá fijar el escalafón y las remuneraciones de los magistrados, funcionarios y agentes judiciales a través de una negociación colectiva de salarios y condiciones de trabajo. Para ello, la administración central determinará una garantía que asegure la cobertura de la masa salarial estimada.
