Funcionarios del Ministerio Público en lo Penal, Contravencional y de Faltas, a cargo del Fiscal General, Defensor o Defensora General y Asesor General de Incapaces, y los funcionarios que de ellos dependen deberán realizar una especialización sobre delitos, contravenciones y faltas.
En la sesión de este jueves, la Legislatura de la Ciudad aprobó una ley que regula la especialización de los funcionarios del Ministerio Público en lo Penal, Contravencional y de Faltas, a cargo del Fiscal General, Defensor o Defensora General y Asesor General de Incapaces, y los funcionarios que de ellos dependen.
La ley fue aprobada por 53 votos positivos y obtuvo una abstención del diputado Marcelo Ramal (FIT).
La norma, de autoría de los diputados Helio Rebot (Pro), Carmen Polledo (Pro), María Rosa Muiños (FpV), Paula Oliveto (CC) y los demás legisladores firmantes del despacho consideraron que “no resultan adecuadon criterios de actuación que involucren desde delitos penales de carácter muy violento a algunas contravenciones menores o faltas”.
Esta especialización según los delitos, contravenciones y faltas que deban atender es considerada necesaria por los diputados debido al progresivo traspaso que se viene realizando de competencias penales desde la Nación a la ciudad de Buenos Aires, en el marco del avance del ejercicio de su autonomía consagrado en la reforma constitucional de 1994 y en la constitución porteña de 1996.
A través de convenios, la Nación ha transferido por ejemplo delitos tales como Lesiones en riña (artículos 95 y 96, Código Penal), Abandono de personas (artículos 106 y 107, Código Penal), Exhibiciones obscenas (artículos 128 y 129, Código Penal), Matrimonios ilegales (artículos 134 a 137, Código Penal), Violación de domicilio (artículo 150, Código Penal), Daños (artículos 183 y 184, Código Penal), Ejercicio ilegal de la medicina (artículo 208 Código Penal), entre otros, incluidos en el Convenio 14/04 aprobado por ley de la ciudad N° 2257. Anteriormente estos delitos estaban comprendidos en las competencias de los jueces penales nacionales.
En ese sentido, la ley incorpora directivas para que los titulares del Ministerio Público analicen la cantidad y variedad de casos desde el punto de vista de los objetos de cada proceso penal, contravencional y de falta y en función de ello, determinen la especialización de los magistrados, dentro del ámbito de cada designación.
