Garrido: “Ojalá que el Código no sea para otorgar mayor impunidad o aumentar cargos”

El diputado radical respaldó el nuevo sistema acusatorio, que recordó lo había impulsado Alfonsín sin éxito. Cuestionó el aumento del personal y las nuevas facultades al procurador general, antes de la implementación de la nueva ley.

Manuel Garrido manifestó el acuerdo de la UCR con el reemplazo del sistema inquisitivo por otro acusatorio, previsto en el proyecto oficial de nuevo Código Procesal Penal. Sin embargo, cuestionó la iniciativa por ampliar las facultades del titular del Ministerio Público Fiscal y aumentar significativamente su personal, antes de la implementación de la nueva ley.

Garrido sostuvo que la UCR comparte “los defectos que caracterizan al sistema actual, donde las investigaciones son ineficientes, no se garantizan los derechos de los imputados, no hay imparcialidad, la víctima es un convidado de piedra, donde el sistema no puede lidiar con las investigaciones complejas”.

En este sentido recordó que el gobierno de Raúl Alfonsín había propuesto un sistema acusatorio en 1987 pero fue bloqueado por el peronismo. En tanto, aseguró que el Código que rige desde 1991 “nació viejo y caduco” y es “ineficiente”. “El sistema acusatorio hace efectivo el programa constitucional”, contrastó.

En relación al proyecto oficial, el exfiscal anticorrupción señaló que “lo único que se va a aplicar” una vez en que entre en vigencia la ley es “llamativamente un incremento sustancial de la planta del personal designado por el Poder Ejecutivo”.

En efecto, el nuevo Código prevé que se dicte una ley especial para regular su futura implementación pero al mismo tiempo autoriza de manera inmediata la designación de 1.650 cargos en el Ministerio Público, esto es, un aumento del 33 por ciento del personal.

“Ojalá que (el nuevo Código) no sea para otorgar mayor impunidad o aumentar cargos y sea para mejorar la Justicia”, planteó Garrido.

El diputado radical también rechazó que el oficialismo “le dé mucho poder” al Ministerio Público Fiscal, sin control parlamentario.

En cambio, indicó que el dictamen alternativo de la UCR restringe las facultades del procurador general y lo pone bajo el control de una comisión especial del Congreso.

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