La Cámara de Diputados se dispone a votar el nuevo Código Procesal Penal

La Cámara se reúne desde las 12.23 para convertir en ley la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo. Luego se dará media sanción a la creación de una comisión para investigar las cuentas bancarias no declaradas en Suiza, según la denuncia de la AFIP.

En el marco de una sesión especial, la tropa kirchnerista en la Cámara de Diputados pretende convertir en ley la reforma integral del Código Procesal Penal que, como rasgo principal, reemplaza el sistema inquisitivo por otro acusatorio. El cambio es avalado por los bloques opositores, pero no alcanzará para sumar su adhesión a la votación general.

La reunión plenaria comenzó a las 12.23 con cuestiones de privilegio del oficialismo contra los opositores que se atribuyen la legitimidad del Poder Legislativo para hablar del “IPC-Congreso”.

Una vez luego, la Cámara baja se adentró en el debate por la reforma procesal penal promovida por el poder Ejecutivo. Con el nuevo sistema los fiscales quedarán a cargo de la investigación y la recolección de pruebas –que hoy realizan los jueces- y podrán elegir qué causas investigar y cuáles desestimar.

Una vez ingresado el caso al sistema penal, el fiscal tendrá un máximo 15 días para tomar una decisión. Entre las opciones que tiene, puede continuar con la causa formalizando la investigación, pero también puede desestimar el caso, archivarlo o aplicar criterio de oportunidad.

Además, las causas deberán durar como máximo tres años y la investigación fiscal previa, un año, aunque se incorpora la herramienta del juicio directo, donde no se necesita un año para investigar, en caso de que el fiscal tenga los elementos para llevar la causa directamente.

El texto original otorgaba amplias facultades a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, como la de reasignar causas a los fiscales de manera discrecional a partir de la entrada en vigencia del nuevo código.

Pero esta atribución fue morigerada de modo que “las causas que ingresen con posterioridad a la puesta en funcionamiento de los nuevos órganos serán asignadas por sorteo entre todos los órganos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa ante cada Cámara”.

El proyecto también establece sanciones si los jueces demoran los casos –por ejemplo, someterse a un jury de enjuiciamiento-, aunque las causas no prescriben.

Por otra parte, se le dará más participación de las víctimas en los procesos aunque no sean querellantes: son protegidas, pueden intervenir en el proceso y pueden seguir con una acción privada si el fiscal desiste en la investigación.

Todo el proceso será oral y, para decidir si se dicta la prisión preventiva, el Senado decidió eliminar el criterio de “conmoción social”, que estaba contemplado en el texto original.

Otro de los cambios dispuestos en la Cámara alta fue para atenuar las causales de expulsión de extranjeros, que se podrá realizar cuando sean sorprendidos delinquiendo “in fraganti”, si el delito tiene una pena mínima de tres años y si se afecta la unidad familiar.

La implementación del juicio por jurados, un instituto que ya funciona en algunas provincias, quedará librada a una ley especial.

El nuevo Código Procesal Penal crea además, en el ámbito del Congreso Nacional, una comisión bicameral ad hoc, integrada por representantes de todos los partidos políticos, que estará encargada de monitorear la aplicación de la reforma.

El debate

Como miembro informante del oficialismo, Graciela Giannettasio aseguró que el actual sistema “no cumple eficazmente sus funciones”, “se encuentra colapsado, no sirve al Estado ni al ciudadano, no favorece la persecución de los delitos ni el respeto por los derechos fundamentales”.

La presidenta de la Comisión de Justicia afirmó que el sistema inquisitivo impone el “peor proceso de revictimización: no saber nunca qué pasa con la investigación; no saber cuándo va a terminar el proceso; no participar de la investigación; no tener oralidad; que es vivir degradado y no tener justicia”.

En cambio, la diputada peronista afirmó que el nuevo paradigma pone a la víctima “en el centro de la escena; no la pone en distintos niveles, pone a cada uno con garantía”. Además destacó que “utiliza de manera rigurosa el esquema de libertad, garantía y la vigencia de los tratados internacionales”.

Pero Manuel Garrido (UCR) alertó que “lo único que se va a aplicar” una vez en que entre en vigencia la ley es “llamativamente un incremento sustancial de la planta del personal designado por el Poder Ejecutivo”.

“Ojalá que (el nuevo Código) no sea para otorgar mayor impunidad o aumentar cargos, y sea para mejorar la Justicia”, planteó Garrido, exfiscal anticorrupción.

Otro radical, Luis Petri, se refirió a la expulsión de extranjeros que son sorprendidos delinquiendo “in fraganti”. Indicó que desde 2009, la Dirección Nacional de Política Criminal no brinda información sobre este tema, y eso “hace que equivoquemos el diagnóstico”, ya que según el Servicio Penitenciario solo el 5 por ciento de las personas privadas de su libertad son extranjeros.

El precandidato presidencial Julio Cobos consideró que “necesitamos muchos cambios en forma simultánea para poder aplicar este Código”, entre los que mencionó una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público “que establezca cómo vamos a designar y controlar a los fiscales”, y la reforma del Código Penal, “viejo y desactualizado”.

El diputado Oscar “Cachi” Martínez defendió la propuesta alternativa del massismo al apuntar que “pone énfasis en las víctimas y no en los delincuentes” y además crea un cuerpo de abogados para asistir a las primeras y la figura del “investigador encubierto”.

También aseguró que el proyecto promocionado por su bloque “termina con la puerta giratoria”. “No puede ser que un motochorro aparece en la televisión, filmado cometiendo un delito, ya al otro día es una estrella televisiva”, protestó.

Fue Diana Conti quien la emprendió contra el dictamen del Frente Renovador: “No guarda coherencia el Código Procesal clasista que presentaron, y del que deben avergonzarse”, lanzó.

Además, la kirchnerista justificó la necesidad de nombrar mayor personal al informar que “aún con el Código actual, el plantel del Ministerio Público Fiscal es insuficiente a la hora de pedir que se aceleren los juicios de toda naturaleza”.

La macrista Patricia Bullrich formuló una arriesgada comparación y se preguntó: “¿Por qué quieren el Código con K?, ¿tienen miedo?, ¿o quieren hacer como (Reynaldo) Bignone en los últimos días de la dictadura, que quiso asegurarse la autoamnistía?”.

“Desde el oficialismo han codificado para dejar el contorno del país por generaciones, similar a lo que sucede hoy en la Rusia de (Vladimir) Putín, donde el modelo de la Unión Soviética se trasladó a una actual Democracia Soviética”, agregó.

Sobre las atribuciones “discrecionales” del procurador, Pablo Tonelli insistió en que “como cuarto poder, es el único que tiene una duración vitalicia en el cargo y es unipersonal”. “Esto no está de acuerdo con el espíritu de la Constitución”, aseveró.

Por el FAP, el socialista Juan Carlos Zabalza consideró “fundamental modificar los mecanismos y los criterios de selección para la incorporación de personal, que aseguren la transparencia y la independencia” del Ministerio Público.

Claudio Lozano (Unidad Popular) acusó al oficialismo de “convocar a un debate académico para meter una fuerza operativa que garantice impunidad”.

Lozano aseguró que esta maniobra “incluye convocar a un debate académico abstracto y sin vínculo con las condiciones en las que opera el Poder Judicial”. En tal sentido, denunció que la propuesta oficial “nada tiene que ver” con el problema de seguridad, como aseguró el Ejecutivo.

Otros temas

El temario de la sesión incluye la discusión por la creación de una comisión especial investigadora de las cuentas bancarias no declaradas en Suiza denunciadas por la AFIP, que este miércoles obtuvo dictamen favorable.

También se tratarán una serie de proyectos no conflictivos, como modificaciones al Régimen de Contrato de Trabajo y la declaración de diferentes capitales nacionales.

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