Proveer de conformidad, en este caso será justicia??

Por Ivana Bianchi. La diputada cuestionó la insistencia en sancionar “leyes exprés” y calificó de “antireglamentario” el tratamiento que tuvo el Código Procesal en Diputados.

Previo a todo, no puedo dejar pasar por alto el tratamiento que ha tenido la reforma del Código Procesal Penal en el plenario de comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda.

Un vez más asistimos a un debate histórico dentro de las distintas temáticas que me han tocado abordar en estos años de mandato como diputada nacional.

En esta oportunidad creí, ilusamente, que el oficialismo iba a dar un debate serio, pormenorizado y conforme a Derecho a lo cual no estamos acostumbrados debido a que siempre han sancionado las normas en forma imperativa, arbitraria, sin consenso y en forma exprés.

Resulta irrisorio, aberrante, antijurídico y anti reglamentario que la media sanción del Código haya sido girada unilateralmente a la Comisión de Justicia desconociendo que el primer Giro conforme a reglamento y al tratamiento histórico de estas iniciativas en la Cámara, correspondía a la Comisión de Legislación penal de la cual soy miembro integrante.

Como legisladores no podemos darnos el lujo ni la potestad de seguir permitiendo que se sancionen leyes exprés o anti reglamentarias porque no estamos legislando sobre cuestiones menores sino nada más y nada menos que sobre el procedimiento que se le debe aplicar a quien cometió un ilícito.

De acuerdo con el reglamento de la Cámara baja, a la COMISIÓN DE LEGISLACIÓN PENAL, le corresponde “DICTAMINAR SOBRE TODO ASUNTO RELATIVO A LA LEGISLACIÓN PENAL, PROCESAL PENAL, POLICIAL, CARCELARIA Y RÉGIMEN DE DEFENSA SOCIAL”.

De la sola lectura, resulta a todas luces evidente que la reforma del Código Procesal Penal pertenece en primera competencia a la Comisión de Legislación Penal.

Lamentablemente, sobre la base del mismo reglamento que tenemos todos los diputados de esta Cámara, Ud. Sr. Presidente interpretó exactamente lo contrario.

Por eso manifiesto mi profundo rechazo y oposición al tratamiento que le ha dado esta cámara y máxime en estas situaciones donde está en juego la legalidad de un acto y la regulación de los actos de violencia y delincuencia diaria a los que estamos sometidos todos los Argentinos.

ENTONCES YO ME PREGUNTO: PORQUE HAY QUE SANCIONAR EN FORMA URGENTE UNA REFORMA PROFUNDA, EQUITATIVA Y QUE SUPUESTAMENTE VIENE A SOLUCIONAR LOS GRAVES PROBLEMAS QUE TENEMOS EN MATERIA DE INSEGURIDAD, INEFICIENCIA DEL APARATO JUDICIAL Y SUPERPOBLACIÓN DEL SISTEMA CARCELARIO, SI SE VA A SANCIONAR PERO NO SE VA A APLICAR PORQUE ES NECESARIO QUE SE DICTEN NORMAS COMPLEMENTARIAS DE EJECUCIÓN PENAL PARA SU APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN?????

Y SABE SR. PRESIDENTE CUAL ES LA RESPUESTA? Es una nueva puesta en escena ante la sociedad que nada tiene que ver con los problemas de inseguridad, narcotráfico, homicidios, femicidios que vivimos a diario todos los argentinos y que sentimos que cuando un hijo a sale a la calle no sabemos si va a volver pero si sabemos que quien comete un ilícito va a entrar por una puerta y salir por la otra.

BASTA DE MENTIRAS.

La gente necesita soluciones rápidas, concretas, creíbles, eficaces y que no queden en letra muerta dentro de un código.

En relación al proyecto, si bien es altamente positivo cambiar de un sistema de enjuiciamiento mixto a un sistema ACUSATORIO, ello no implica resolver las graves deficiencias que padece el sistema judicial en la Argentina.

Creo que los funcionarios, previo a dar cátedra o pronunciar estadísticas vacías de contenido en las comisiones a las que asisten a exponer, deberían recorrer los tribunales, las comisarias, las alcaldías y los centros penitenciarias porque la realidad es muy diferente a la que se plantea en este código.

Esta reforma plantea mayor creación de fiscalías, informatización del sistema, la digitalización de la documentación y de las notificaciones y la aplicación de la oralidad.

Las ideas son buenas si uno reconoce y asume el país en donde vive. Este código es de imposible aplicación en la Argentina de hoy:

1)con que recursos vamos a encarar e implementar esta reforma?

2)que cantidad de personal necesitamos?? Como se lo va a capacitar y en que plazos?

3)donde van a crear y asentar las fiscalías??

4)en que plazos se va informatizar y tecnificar el sistema si hoy las comisarias imprimen los sumarios en la parte de atrás de un volante , no hay móviles de traslado o si hay no tienen plata para la nafta, los juzgados tienen meritorios y los ordenanzas llevan los expedientes por la calle y muchas veces bajo la lluvia, en carritos.

DE UNA VEZ POR TODAS, DIGAMOSLE A LA GENTE LA VERDAD. No alcanzan las buenas intenciones. La sociedad necesita una reforma integral que sea viable y la haga sentir segura para poder volver a salir a la calle en paz y que quien comete un delito, cumpla su condena.

En referencia a los detenidos sin condena, el mismo Poder Ejecutivo se ha manifestado en tal sentido diciendo que este nuevo código va a evitar que haya procesados sin condena por tiempo indeterminados en todas las cárceles de nuestro país.

Para comprender este flagelo, quiero mencionarle unas cifras del último informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre ejecución de la pena, publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (2012):

*EL 50 % DE LAS PERSONAS ALOJADAS EN CÁRCELES ARGENTINAS SON PROCESADAS SIN CONDENA FIRME.

*MUCHOS NO LLEGAN A JUICIO ORAL Y EN MILES DE CASOS SON ABSUELTOS TRAS PASAR 4 O 5 AÑOS DETENIDOS.

Según un informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) de mayo de 2014 se detectó que en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal:

-10.074 PERSONAS DETENIDAS: EL 59,7% DE LOS PRESOS NO TIENE CONDENA.

-ENTRE LAS MUJERES: EL 66,4% ESTÁ PROCESADA PERO NO ESTA CONDENADA.

-ENTRE LOS JÓVENES ADULTOS DE 18 A 21 AÑOS: EL 84,1% ESTÁ PRESO SIN CONDENA.

Las cuestión más preocupante es aquella que tiene que ver con la jurisdicción, o sea a donde se envía a prisión a personas que aún no tienen condena:

-5777 son los presos en cárceles federales a disposición de jueces nacionales

-3319 dependen de jueces federales y

-699 de jueces provinciales.

Por ende, en las cárceles federales:

-54 % de los procesados sin condena fueron enviados a prisión por la justicia nacional

-el 42 % por la federal y el 4 % por la justicia provincial

DENTRO DEL SISTEMA JUDICIAL ARGENTINO, LA PRISION PREVENTIVA HOY ES REGLA CUANDO DEBERÍA SER UNA EXCEPCION

La ley es clara y establece que la prisión preventiva no podrá ser superior a dos años, sin que se haya dictado sentencia Pero en la práctica, en la Argentina una persona procesada puede esperar hasta cuatro años en prisión a que llegue el juicio oral.

Por otra parte, “la tasa da absolución es muy alta”. Si te absuelven después de estar varios años presos, podés iniciar un proceso contra el Estado, pero nadie puede reparar la cantidad de años que estuviste privado de libertad siendo inocente.

ENTONCES YO ME PREGUNTO EN QUE CAMBIARIA ESTA SITUACIÓN SI SE APRUEBA LA REFORMA QUE ESTAMOS POR SANCIONAR?

Yo Considero que una reforma efectiva al código procesal, no siendo este el caso, puede tener sobre todo dos beneficios:

-acortar los plazos del proceso y

– oralizar todas las audiencias.

Esto hace que todo sea mucho más transparente.

Pero no le hagamos creer al Pueblo argentino que este sistema es el milagro mismo ya que no necesariamente esta reforma va a bajar la tasa de encarcelamiento. Todo va depender de como se aplique el sistema.

Por ello, si queremos ser serios y eficientes la reforma debe ser integral. Que quiere decir integral?

-que se deben asignar partidas presupuestarias para crear fiscalías

-que se deben designar mas de 1800 fiscales, establecer su inmediata capacitación y por ende, es urgente adaptar la estructura edilicia

-que se debe acompaña este proceso de transformación con un soporte electrónico que permita informatizar el sistema judicial y que todas las fiscalías y juzgados estén conectados entre si al momento de perseguir y proseguir la acción penal.

En este proyecto no existen estimaciones presupuestarias de cuanto nos costara esta reforma lo cual no es un dato menor. Y a su vez, tampoco denota un estudio pormenorizado realizado por parte del Estado Nacional de cuantas fiscalías y personal requiere cada provincia según sus necesidades. No podemos asignar y crear cargos sin estructura y sin un presupuesto claro.

Entonces, es real la posibilidad de control de la Justicia por parte del Poder Ejecutivo?

La respuesta es si dado que el nuevo ordenamiento procesal deja abiertos espacios para lograr el control de un poder sobre el otro.

Nadie puede negar el riesgo que genera a la seguridad jurídica de nuestro país que quede toda la investigación bajo la orbita del control de la Procuradora Gils Carbo.

En síntesis:

Mayor poder a los fiscales: el nuevo ordenamiento prevé un sistema acusatorio que otorga mayor poder a los fiscales, centrando en ellos la investigación y persecución del delito.

Así, queda en manos del Ministerio Público Fiscal la posibilidad de iniciar la investigación, archivar o desestimar el hecho delictivo del que fuera anoticiado, ello sin control jurisdiccional. También el fiscal de la causa será el único responsable de la generación de la prueba para sostener una eventual acusación.

Designación de fiscales: la reforma del Código Procesal de la Nación prevé la creación de 17 nuevas fiscalías generales en todo el país. Si bien para estos cargos el sistema indica que se realizan concursos, a partir de los cuales se eleva una terna al Poder Ejecutivo, que debe elegir un nombre por cargo para que sea avalado por el Congreso de la Nación, este procedimiento generó controversias en los últimos tiempos, pues el Gobierno logró imponer candidatos afines al oficialismo.

Amplio poder por parte del procurador General: el proyecto faculta al procurador General de la Nación a compensar la distribución de las causas existentes entre las 17 nuevas fiscalías.

Así, el procurador General estará en condiciones de llamar a concurso para cubrir las vacantes de las nuevas fiscalías generales creadas, y los nuevos fiscales podrán intervenir en causas actuales. Esto quitará a los actuales fiscales generales aproximadamente la mitad de los casos en los que intervienen. Al menos, así ocurrirá en el estratégico fuero federal Penal porteño de los Tribunales de Comodoro Py.

En síntesis, si bien el oficialismo cedió y recortó el poder que confería a la Fiscalía General en el proyecto original, aún subsisten elementos que dan cuenta de la posibilidad de control del Poder Judicial por parte del Ejecutivo, pues los fiscales obedientes de la Procuración General de la Nación de turno, serán dueños de qué, cómo y hasta dónde investigar, lo cual sin duda implica un ataque a la república por el avance de un poder sobre otro.

El nuevo Código Procesal sería un instrumento transparente si se estableciera un régimen que asegurara la independencia de los fiscales, cuestión que no parece darse en esta oportunidad.

Si hoy se aprueba este Código se debería reformar la Ley de la Procuración o de Ministerios Públicos o que los fiscales comiencen a pasar por el Consejo de la Magistratura.

Pero para que el nuevo Código Procesal se aplique son necesarias al menos dos leyes complementarias: la reformada ley de Ministerio Público y la ley de implementación del Código.

Paralelamente, se debe elaborar una ley de implementación que contemple la creación de nuevos cargos, el presupuesto, que explique la nueva organización de la Justicia, si seguirán existiendo los fueros especializados penal económico o penal tributario, como hasta ahora, y si las jerarquías de los jueces será la actual o una diferente, entre otras cuestiones.

Pero lamentablemente nadie está trabajando en este anteproyecto, ni en el ámbito de la Procuración ni del Ministerio de Justicia.

Tampoco está claro cómo va a ser la implementación, si se realizará por regiones o si se efectuará de manera global en todos lados. O si se hará una instrumentación por tipo de delitos, por ejemplo narcotráfico, o si se aplicará de golpe en todos los casos.

Hasta ahora hemos escuchado solo buenas intenciones, pocas certezas y muchas incertidumbres.

EXPULSION DE LOS EXTRANJEROS QUE DELINQUEN

La expulsión de extranjeros que delinquen en el país es uno de los puntos que mayor polémica desato este proyecto ya que el Gobierno propone sancionar con la deportación a los extranjeros acusados por hechos leves con penas menores a los tres años de prisión. Lo mismo sucede con parte de los que están detenidos por delitos contra la propiedad (24,93%) y por delitos contra la integridad sexual (3,52%).

Además, deben estar en el país en situación ilegal y ser detenidos en flagrante delito. Y aun si reunieran estas condiciones, el texto del proyecto dice que “podrán” ser expulsados, no que deberán serlo.

Previo a expresar mi punto de vista les mencionare algunas estadísticas, según un informe del Servicio Penitenciario Federal (SPF):

-hay 10. 205 presos por delitos federales: el 20,60% son extranjeros, o sea, 1 de cada cinco presos en argentina es extranjero.

TIPOS DE DELITOS COMETIDOS POR EXTRANJEROS

-56,09 NARCOTRAFICO

-24,93% CONTRA LA PROPIEDAD

-4,95% CONTRA LAS PERSONAS

-15.13 % OTROS

Sin embargo, de ese universo, el 56 % ha cometido delitos de narcotráfico, por lo que no sería expulsado del país si se aprobara la reforma del Código Procesal Penal.

El SPF precisó que en 2004, es decir, en el primer año de la gestión de Néstor Kirchner , la cifra de extranjeros presos fue de casi el 14%.

Luego, hubo un pico del 21,3% en 2007 y

luego se estabilizó en valores promedio del 20% en los siguientes años hasta la actualidad.

Lo llamativo del informe es que el 56,6% de los extranjeros presos fueron detenidos por narcotráfico, lo que revela cómo este flagelo ha ido creciendo en nuestro país.

Este delito, según la ley 23.737, prevé penas de entre tres y quince años de prisión, según cómo y quién lo cometa. Pero por la reforma del Código Procesal Penal del Gobierno estos delincuentes no serían expulsados del país.

Estoy convencida que se debe modificar la ley 26871 sobre Política Migratoria en la República Argentina. En tal sentido, he presentado el proyecto de ley 5082-d-2012 representado bajo el numero 407-d-2014 por el cual pretendí modificar dicha ley pero lamentablemente jamás fue tratada en las Comisiones de Población y desarrollo, Exteriores y Culto y Legislación Penal.

La reforma que propuse en este proyecto, intenta ajustar el control en términos de ingresos y permanencias en nuestro país y poner nuevamente al Estado Nacional en el centro de las decisiones relativas a los procesos migratorios.

Creemos que tenemos derecho a decidir quiénes pueden habitar nuestro suelo argentino y que ese derecho debe ejercerse en función de pensar la sociedad, los aportes que cada uno puede hacerle mediante la integración a una comunidad que está dispuesta a recibirlos con los brazos abiertos.

Uno de los efectos más visibles de las inmigraciones de carácter ilegal, son los ingresos y permanencias de personas que delinquen con la producción, venta y tráfico de drogas. Ello se observa no solamente en las diferentes bandas que se van conformando en las villas miserias de la ciudad y del conurbano bonaerense, sino también en los barrios privados en los que llegan a habitarlos extranjeros de dudosa procedencia que generan enormes ingresos mensuales, con poca explicación acerca de su origen. Creemos en la necesidad de tratar el tema de la inmigración ilegal desde un foco diferente.

Desde hace años que existe una gran facilidad de ingreso al país. Cabe destacar que el grueso de los inmigrantes que ingresan y permanecen en nuestro país, vienen en búsqueda de trabajo y de un futuro mejor. Pero una parte importante son ilegales.

Las políticas vigentes no han sabido frenar el incesante ingreso de personas con antecedentes irregulares o con la finalidad de desarrollar una actividad económica ilícita. Es a estas personas a las que queremos negarle el ingreso a nuestro país, cosa que se halla prevista en la legislación vigente, pero queremos reforzarlo, impidiendo el ingreso en forma total y sin excepciones de ninguna índole.

Luego de que se establecieron nuevas normas de política migratoria en la Argentina (2004), el acceso de inmigrantes ha sido indomable. Las medidas impuestas por el Departamento de Migraciones, se justificaban principalmente para evitar que los inmigrantes vivan en la ilegalidad, pero con el correr de los años, el flujo de ingreso ilegal se ha multiplicado.

Quiero hacer algunas precisiones sobre la reforma propuesta: impulsamos, en el presente proyecto, negar a perpetuidad el ingreso de personas que, bajo prueba fundada, obtienen sus ganancias de uno de los tráficos más aberrantes que existen, el tráfico de personas y la trata de blancas; o que trafican ilegalmente las armas que destruyen miles y miles de vidas y de familias en todo el mundo. Asimismo, consideramos que no deben ingresar las personas que obtienen sus ingresos de la producción, comercialización y tráfico de narcóticos.

Sobre artículo 29º quiero efectuar una mención especial. En nombre de la Defensa de los Derechos Humanos de la humanidad toda, y de la razón del Estado de Derecho, las personas comprendidas en los inc) d) y e) no podrán ingresar en el país en ningún caso ni ocasión.

Estamos reforzando los impedimentos previstos en la Ley de Migraciones actualmente vigente, para que no puedan ingresar y por ende, no puedan integrarse a nuestra sociedad en ninguna forma ni aspecto, las personas que atenten contra la democracia, contra la vida, la libertad y los derechos humanos, las que ganen su sustento a partir de traficar personas, drogas o armas.

La motivación de dicha reforma se debe a que quienes hayan cometido cualquiera de este tipo de delitos (de lesa humanidad, terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero o falsificación de moneda) deben ser impedidos de ingresar y permanecer en nuestro territorio.

Entendemos que el Estado debe favorecer las relaciones internacionales con otros países y permitir el acceso de extranjeros a nuestro país, pero ello nunca puede ser vulnerando las garantías individuales (libertad, igualdad, propiedad privada, acceso a la salud, etc) de sus propios ciudadanos. Sabemos que muchas de estas garantías individuales son vulneradas, de hecho, hoy en día, en donde muchas propiedades son usurpadas por inmigrantes ilegales, existen crímenes cometidos por extranjeros, tráfico de estupefacientes y personas que ingresan con documentación apócrifa.

NO ESTOY EN CONTRA DEL INGRESO DE EXTRANJEROS PERO SÍ EN CONTRA DE LA POLÍTICA MIGRATORIA QUE TIENE NUESTRO PAÍS, EN DONDE LOS CONTROLES NO EXISTEN Y LAS CONSECUENCIAS SOBRE LA INCIDENCIA EN LOS MENCIONADOS DELITOS ESTÁ A LA VISTA.

Lamentablemente, la legislación migratoria argentina actual, tanto en lo que se refiere a las condiciones exigidas para ingresar y permanecer en el territorio como a los procedimientos que contempla para detener el flujo de ilegales, expresa de modo claro y contundente la ausencia de una voluntad de acogida, más allá de la discusión acerca de su eficacia para reducir la inmigración o para eliminar el fenómeno de la ilegalidad.

AMÉN DE LA INOPERANCIA DE LOS FUNCIONARIOS ARGENTINOS QUIENES HACEN, DÍA A DÍA, MÁS PERMEABLES LAS FRONTERAS Y MENOS EFICACES LOS PROCESOS MIGRATORIOS, EN TODOS SUS ASPECTOS, DESDE LOS INGRESOS, LA PERMANENCIA Y LAS SALIDAS. NO SE TRATA DE DISCRIMINACIÓN, YA QUE ESTOY A FAVOR DE LA INCLUSIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y CULTURAL DE CIUDADANOS DE OTROS PAÍSES PERO HACIENDO RESPETAR NUESTRAS LEYES, EVITANDO LA ILEGALIDAD Y PROTEGIENDO A NUESTRO CIUDADANOS.

Por ello, considero que la situación de los extranjeros que delinquen en nuestros país no debe ser incluido en el código procesal penal sino hacer una reforma profunda e integral de la ley 25871 de Migraciones.

CONCLUSION

Si bien considero que han quedado muchos aspectos por analizar y expresar mi opinión al respecto, en esta exposición he puesto en conocimiento los puntos mas relevantes y los que me generan mayor preocupación.

No cabe dudas de que el proyecto modificatorio del Código Procesal Penal de la Nación es un verdadero avance en la materia, pues se alinea a los estándares actuales contemplados para los procesos penales.

El nuevo código, de sancionarse, posibilitará: abreviar términos de los procesos, fortalecer la presencia de la víctima en el juicio, eliminar actuaciones escritas porque se está privilegiando la oralidad, comprometer más al sistema judicial con los requerimientos ciudadanos, es decir, conectar más con la necesidad de hacer más dinámicos y eficientes los juicios.

Pero creo que esta reforma es solo un maquillaje que no resuelve la cuestión de fondo; genera mas inseguridad real y jurídica y mayor impunidad. Concluyo con una frase que resume lo que siento: “LA JUSTICIA QUE NO LLEGA, ES LA VERDAD QUE HUYE”.

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