El Frente para la Victoria aprobó y giró al Senado la Ley Argentina Digital con 38 votos a favor y 21 en contra, de todo el arco opositor. La iniciativa para regular el mercado de las TICs será ley el martes que viene.
Con 38 votos a favor y 21 en contra, el Frente para la Victoria en el Senado logró aprobar este miércoles el proyecto de Ley Argentina Digital, que regula el mercado de las telecomunicaciones, en una de las últimas sesiones del año.
La iniciativa del Poder Ejecutivo fue aprobada tras varias audiencias públicas por donde pasaron alrededor de 50 expositores, y será convertida en ley por la Cámara de Diputados el próximo martes.
El oficialismo contó con el respaldo de sus aliados habituales y también del monobloquista Carlos Verna, del PJ La Pampa.
Con distintos argumentos, la UCR, el interbloque FAP-UNEN-CCARI, el Peronismo Federal y el Pro decidieron no acompañar al oficialismo a pesar de los cambios que sufrió el texto durante el debate en comisión.
La sesión ordinaria fue conducida por el aliado oficialista Gerardo Zamora, ya que el vicepresidente Amado Boudou se encontraba en Lima para la XX Conferencia Mundial de Cambio Climático (COP20) organizada por Naciones Unidas.
La reunión del pleno comenzó minutos después de las 15 con un homenaje a los 31 años de la restauración de la democracia, en un nuevo aniversario de la asunción del presidente Raúl Alfonsín.
Una vez luego, el Senado se abocó durante casi seis horas al debate por la nueva Ley de Telecomunicaciones, con la presencia en el recinto del secretario de Comunicaciones, Norberto Berner.
El debate
La presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, Liliana Fellner (FpV) destacó que el proyecto de Argentina Digital permite “el acceso a las TICs en condiciones de igualdad y calidad”.
En este sentido, subrayó que el Estado deberá garantizar el acceso a estas tecnologías como “servicio universal”, es decir, “sin importar la ubicación geográfica o la situación social”, y “con calidad y precios justos”.
La jujeña marcó como ejes del proyecto “fortalecer los derechos de los usuarios”, “proteger a las cooperativas” y “preservar la competencia”.
Por la UCR, Eugenio “Nito” Artaza denunció que la Ley Argentina Digital “termina favoreciendo a importantes empresas concentradas” ya que las telefónicas podrán brindar servicio de televisión por cable e Internet “en detrimento de las pequeñas empresas de cable”.
“El Gobierno no presionó nunca a las telefónicas para que dieran un servicio eficiente”, se quejó Artaza, miembro informante del radicalismo, y lamentó que con la nueva norma “los consumidores son nuevamente los olvidados”.
En esta línea, Artaza insistió en declarar a la telefonía móvil como “servicio público”, algo que el texto en debate no contempla.
Norma Morandini (Frente Cívico por Santiago) también sostuvo que el proyecto “facilita” la generación de “monopolios y oligopolios” y que “no precisa parámetros claros de competencia efectiva”.
La senadora Liliana Negre, de Peronismo Federal, opinó en tanto que “el proyecto contradice los principios de la Ley de Medios” y que además “no garantiza el acceso gratuito de todos los argentinos a este derecho humano” sobre las telecomunicaciones.
Uno de los más duros fue el macrista Diego Santilli, quien dijo estar ante “un proyecto de convergencia de servicios fallida” y denunció que con la nueva Ley de Telecomunicaciones, “se busca el control de las redes por donde van los contenidos”.
El legislador del Pro advirtió que el texto tiene “inconsistencias profundas” y “un título que nada tiene que ver con el proyecto de ley”, ya que “habla de convergencia cuando hay profundas asimetrías jurídicas”.
En la misma sintonía, Gabriela Michetti alertó que la iniciativa tiene “déficits jurídicos que no van a pasar la prueba de constitucionalidad”.
“Estamos de nuevo ante una oportunidad perdida”, lamentó a su turno Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur), y se preguntó “por qué detrás de tantas buenas intenciones salimos a defender los intereses de un grupo lamentable como es Telefónica de España”.
Carlos Verna (PJ La Pampa) reconoció que la norma “es un avance”. “Los cambios han sido buenos. Van en el sentido de poder defender la participación de las empresas más pequeñas”, destacó.
No obstante, consideró que “cuando se licitó el 3G y el 4G, una parte del espectro -por lo menos del 3G- se debería haber reservado a las cooperativas y empresas provinciales”.
Por su parte, el socialista Rubén Giustiniani insistió en su proyecto para declarar a la telefonía móvil como “servicio público” y aseveró que no se avanza en ese punto porque la telefonía celular significa “el 75% de la rentabilidad de las empresas”.
El jefe del bloque radical, Gerardo Morales, justificó el voto en contra de su bloque con el mismo reclamo. “Este proyecto se queda a medio camino y lo que está haciendo es beneficiar a las telefónicas”, consideró.
El proyecto
La Ley Argentina Digital declara como servicio público el uso y acceso a las redes de telecomunicaciones para licenciatarios de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), lo que habilita la regulación de tarifas en el mercado mayorista.
Asimismo autoriza a las telefónicas a brindar servicio de televisión, excepto la satelital, lo que les sumará competencia a las cableras. Su incorporación al mercado de servicios de comunicación audiovisual -prohibido por la Ley de Medios- será gradual, de acuerdo a la reglamentación que establezca la Casa Rosada.
El objetivo de ambas medidas es incrementar la competencia para tratar de que eso derive en mejores precios para los clientes minoristas.
La iniciativa del Poder Ejecutivo también introduce cambios en el régimen del servicio universal, elimina la larga distancia nacional -que implica mayores costos de la llamada- y prevé velocidades mínimas de las conexiones.
Una de las modificaciones que lograron los senadores ratifica a la telefonía fija como “servicio público”, lo que implica que sus tarifas estén reguladas. La primera versión del proyecto le bajaba el status al declararla “interés público”, lo que se leyó como una forma de desregular el mercado.
El proyecto tiene capítulo entero referido a las obligaciones de los licenciatarios de servicios de telecomunicaciones y a los derechos de los usuarios, como el acceso a las TICs en condiciones de “igualdad, regularidad y continuidad”. De esta manera, se postulan las mismas exigencias de un servicio público para todas las TICs.
En relación al concepto de neutralidad de la red, el oficialismo decidió reemplazar el texto del proyecto oficial por otro consensuado entre todos los bloques.
Autoridades de aplicación
La versión original del proyecto no especificaba la autoridad de aplicación, lo que fue cuestionado por opositores, telefónicas, cooperativas y pymes.
En este marco, se acordó que la norma será controlada por tres entidades. En primer lugar, por una Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones creada a tal fin, con la siguiente conformación: tres miembros designados por el Congreso, uno por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno por el Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, y dos por la Casa Rosada.
En segundo término se creará dicho Consejo, que estará integrado por representantes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de prestadores, de sindicatos, de universidades y de asociaciones de defensa de usuarios y consumidores.
Por otra parte, se propone ampliar las funciones a la Comisión Bicameral de Servicios de Comunicación Audiovisual -que sigue el cumplimiento de la Ley de Medios-, para que también analice el tema de las telecomunicaciones, la digitalización y los campos de la convergencia.
Pliegos. Durante la sesión, el Senado también dio ingreso a una nómina de embajadores y ministros plenipotenciarios, y aprobó más de una decena de proyectos consensuados.
