Con las exposiciones de funcionarios, el oficialismo logró despachar el proyecto para actualizar la Ley de Telecomunicaciones. Rechazo de la oposición.
Horas después de ser aprobado en el Senado, el proyecto de ley de Argentina Digital obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, donde el Frente para la Victoria no contó con apoyo de la oposición.
La iniciativa que actualiza la Ley de Telecomunicaciones será tratada en el recinto de la Cámara baja el martes que viene, en la última sesión del año.
El debate fue abierto con las exposiciones del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, que luego respondieron preguntas.
La radical Patricia De Ferrari pidió sin éxito que el proyecto sea girado también a su comisión, la de Defensa del Consumidor, al asegurar que “impacta de lleno tanto en la calidad del servicio como en el usuario”.
Miguel Giubergia se quejó de que, a diferencia del Senado, “se nos viene negando poder escuchar a los distintos actores y mejorar las propuestas”, y además advirtió que la autoridad de aplicación no pondrá “límites a las grandes empresas”.
Por el Frente Renovador, Oscar “Cachi” Martínez sostuvo que el proyecto “es inconstitucional” porque “no construye un marco regulatorio, sino una cesión de facultades al poder administrador”.
Federico Pinedo (Unión Pro) se quejó del “simulacro de debate” montado por el oficialismo y consideró que “el marco regulatorio que se propone es indefinido”.
“Lo que hay que hacer es aumentar la calidad y la velocidad de acceso (de las TICs) a los hogares”, opinó el macrista, que firmó un dictamen de minoría.
La Ley Argentina Digital declara como servicio público el uso y acceso a las redes de telecomunicaciones para licenciatarios de servicios de TICs, lo que habilita la regulación de tarifas en el mercado mayorista.
Asimismo autoriza a las telefónicas a brindar servicio de televisión -excepto la satelital- y declara a la telefonía fija como “servicio público”, lo que implica que sus tarifas estén reguladas.
Sin embargo, no le da el mismo status a la telefonía móvil, lo que constituyó una de las quejas de la oposición.
La iniciativa también introduce cambios en el régimen del servicio universal, elimina la larga distancia nacional -que implica mayores costos de la llamada- y prevé velocidades mínimas de las conexiones.
Además, incorpora el concepto de neutralidad de la red, esto es, que el servicio de Internet no pueda variar la velocidad o las condiciones a las que se accede a los distintos sitios web.
