“Cumplir con los Derechos Humanos es algo más que enunciarlos. En los institutos de menores se mantienen prácticas vejatorias que los violan”, expresó Carla Carrizo.
La diputada nacional Carla Carrizo presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo por la muerte de Diego Borjas, el adolescente de 16 años que falleció estando alojado en el Centro Socioeducativo de régimen cerrado Luis Agote, que depende del SENNAF.
“Diego sufría de un padecimiento mental que requería de atención especializada, pero una vez trasladado al Instituto Agote es sancionado con un encierro de 48 horas en un sector destinado a celdas de aislamiento”, señaló Carrizo y sostuvo que “las condiciones de seguridad y resguardo en las que se produce la muerte del joven resultan abiertamente violatorias de todos los estándares de derechos humanos y de derechos especiales de niños, niñas y adolescentes”.
La diputada de Suma+ UNEN solicitó al Ejecutivo que informe las circunstancias en las que el joven falleció mientras se encontraba alojado en el Centro Socioeducativo de régimen cerrado Luis Agote, dependiente de dicha Secretaría, cuál es la situación y condiciones de los jóvenes alojados en todos los centros educativos con modalidad cerrada que tiene a su cargo, la cantidad de jóvenes privados de libertad, la cantidad de centros educativos con modalidad cerrada y distribución de los mismos, personal de dichos centros, registros e informes de los controles, evaluaciones y eventuales denuncias efectuadas a la fecha.
También solicito al Poder Judicial de la Nación, a través del Ministerio Público de la Defensa y la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niños Niñas y Adolescentes, que informe respecto de las supervisiones efectuadas al Centro Socioeducativo Luis Agote realizadas durante los años 2012, 2013 y 2014, así como las recomendaciones institucionales realizadas a la SENNAF en tal sentido.
“Nos llama la atención que el responsable actual de SENNAF, Gabriel Lerner, no permita el monitoreo plural e independiente de todos los organismos sobre las instituciones penales que encabeza por parte del organismo facultado por la ley 26.827 el cual reconoce entre sus miembros a la Procuración Penitenciaria de la Nación”, dijo la diputada y añadió que “es preocupante además, que la Comisión de Seguimiento para el tratamiento Institucional de Niñas Niños y Adolescentes, dependiente del Ministerio Público de la Defensa, encargada del monitoreo del lugar, no haya detectado ninguna de estas prácticas torturantes ni de estos espacios de encierro ilegal en el último informe publicado por dicha dependencia”.
“Pedimos este informe porque la Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi), denuncio que entre el 2007 y el 2014, en estas instituciones, murieron 4 jóvenes por causas violentas, lo cual puede ser encuadrado en la categoría de homicidios institucionales, todos jóvenes de entre 16 y 19 años. Esto nos obliga a pensar que en nuestro país, si bien hemos dado un gran avance en materia normativa, en la realidad aún se sostienen mecanismos y prácticas vejatorias y violatorias de derechos humanos. Respetar los derechos humanos es algo más que enunciarlos. Es reconocerlos, permitir que se ejerzan, garantizarlos y cumplirlos eficazmente”, finalizó la diputada nacional.
