Ante la trágica muerte del joven Diego Borjas, el pasado 2 de diciembre, en el instituto Luis Agote donde se encontraba privado de libertad, el jefe de los senadores radicales, Gerardo Morales, solicitó informes al Gobierno nacional.

Mediante un pedido de Acceso a la Información Pública (Decreto 1172/03) y con un proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo que fue aprobado en el Senado el miércoles, Morales -acompañado por los senadores radicales Ernesto Sanz y Alfredo Martínez- ha solicitado aclaraciones sobre la existencia de mecanismos de tortura y malos tratos en estos centros de privación de libertad, así como otras cuestiones sobre la vida en institutos como el Agote.

En varias oportunidades, la UCR advirtió al jefe de Gabinete sobre el impedimento de ingreso de la Procuración Penitenciaria Nacional y otros organismos de Derechos Humanos, desconociendo sus legítimas atribuciones, a los centros de privación de libertad dependientes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, para verificar inadecuadas condiciones de detención en los mismos.

“La ausencia de control y auditoria de los organismos de derechos humanos no hacen más que echar luz sobre la falta de transparencia en la política del gobierno nacional para con las personas menores de edad privadas de libertad”, advirtió Morales, quien recordó que “el Estado tiene una deuda pendiente respecto a estos adolescentes en conflicto con la ley penal. Argentina ha recibido serias recomendaciones de los organismos internacionales al respecto”.

“No debemos olvidar que somos el país con 12 cadenas perpetuas a menores de 18 años”, remarcó.

Sobre el Centro Luis Agote de Capital Federal, los radicales solicitan conocer la cantidad de menores alojados, sus edades, el número de celdas habilitadas y cuántas son de aislamiento, así como en qué condiciones se encuentran. También, sobre el personal de seguridad a cargo de los internados y el máximo responsable del mismo.

En el mismo sentido y para tener un claro panorama de la situación de los institutos de privación de la libertad en todo el país, Morales, Sanz y Martínez requieren saber la cantidad de celdas habilitadas en cada uno, estén cerrados o semiabiertos, sus responsables -con la documentación que avala su designación- y los procedimientos utilizados para decidir los aislamientos. Del mismo modo que buscan conocer qué organismos realizan el monitoreo y la evaluación de las condiciones de alojamiento.

Finalmente, los senadores piden detalles sobre las personas fallecidas en los centros en los últimos diez años o cuántos han sufrido lesiones o daños con riesgo de vida durante la privación de su libertad.