Por Hugo Maldonado. Como otras tantas medidas de política energética, la propuesta del autor debe constar anualmente en el Presupuesto Nacional, poniendo fin a una política de acuerdos transitorios de corto plazo.
El próximo 31 de diciembre vencerá el programa de congelamiento de tarifas eléctricas, que el gobierno nacional impuso un año atrás a cambio de inversiones en infraestructura eléctrica, que se realizarían para disminuir los costos de generación en todo el país.
Sería necesario auditar las inversiones y publicar los resultados de este programa. Pero para comprobar su fracaso basta con observar las distorsiones que mantienen las tarifas eléctricas, una situación que no da para más, porque como afirmó el exsecretario de Energía de la Nación, Jorge Lapeña, “el gobierno no tiene ya tiempo para administrar el caos sin que se note”.
El panorama eléctrico del país exige una resolución prioritaria para este o, más bien, el próximo gobierno. Está a la vista de todos que las empresas de distribución entraron en cesación de pagos, las inversiones no se hicieron, se extienden los cortes de luz, las importaciones de energía golpean las reservas y el valor de la moneda, evaporando divisas necesarias para producir, generar empleo y atender insumos y necesidades esenciales.
El acuerdo del gobierno nacional y las Provincias para mantener las tarifas congeladas no perduró. Una fuerte suba de las tarifas en todo el interior del país están reclamando todas las empresas de electricidad de las Provincias, que algunas ya pusieron en marcha y otras aplicarán en cuotas.
En Mendoza y San Juan, el aumento será de 7,8 % a partir del 22 de enero y llegará a las facturas en marzo de 2015. En Neuquén, en principio será de 15 %, en Entre Ríos del 20 % y Santa Fe del 27 %. En nuestro caso, Secheep reclamó un ajuste en la tarifa de luz del 34 %, el mayor aumento anunciado en el país, aunque “no es un tarifazo” según César Cotichelli.
Es hora de actuar ante la inminencia de un perjuicio directo a todos los hogares, el comercio y la industria. Las distorsiones actuales de las tarifas eléctricas hacen insostenible la gestión nacional, que se agrava además con la pésima administración provincial.
No podemos dejar de señalar que Jorge Capitanich, desde la Jefatura de Gabinete, se niega a advertir el fracaso de la nivelación tarifaria y, lo que es peor, cuánto ha perdido el interior con esta política de subsidios mal aplicados, que provienen de los impuestos que pagamos los contribuyentes en todo el país.
Nada se hace ni se dice siquiera para corregir la inequidad actual, donde estamos pagando por el servicio eléctrico tres veces o más que en el área de Capital y el conurbano bonaerense. Porque si bien el precio de la electricidad tiene un subsidio que beneficia a todo el país en la generación, la tarifa tiene un valor agregado de distribución (VAD) que aplica cada empresa en el sistema eléctrico. Ese componente tarifario está más fuertemente subsidiado en el Área Metropolitana de Buenos Aires, privilegiando a esos usuarios del país central, es decir, donde casualmente vota más gente.
Según explicó Daniel Montamat, ex Secretario de Energía, a las Provincias que aumentaron estos años su valor agregado de distribución (VAD) les decían que iban a aumentar el precio de la electricidad mayorista para todo el país, pero que evitaran trasladarlo a sus usuarios y que, a cambio, iban a recibir inversiones.
Es así como nuestra electricidad más cara es el resultado de una política discrecional de actualización de los valores de distribución por regiones. Pierde siempre el interior, y a su vez, ha quedado probado que los subsidios beneficiaron más a los ricos que a los pobres, ya que no se ha implementado tampoco una tarifa social para atender a los sectores de menores recursos.
El Chaco debe obtener un claro compromiso de financiamiento del gobierno nacional para contener la suba de la electricidad, a partir de establecer una compensación tarifaria que reduzca, en sustitución de su valor calórico, los precios que afrontamos para el abastecimiento de la energía eléctrica efectivamente consumida del sistema eléctrico federal, como medio de revertir el mayor costo de otras fuentes energéticas para la región.
Como otras tantas medidas de política energética -que favorecen actualmente la importación de gas oil y combustibles libres de impuestos a favor de YPF-, este remedio federal debe constar anualmente en el Presupuesto Nacional, poniendo fin a una política de acuerdos transitorios de corto plazo, que hunde al interior en la imprevisión, la postergación y el desamparo.
