Marcelo Ramal, legislador de la Ciudad por el Frente de Izquierda, señaló que “el acarrreo de autos es una de las cajas negras y sin control del Estado porteño, al igual que la empresa de autopistas AUSA o la Corporación del Sur. La victoria que logramos nos anima a reforzar la lucha contra el saqueo cotidiano a los recursos del presupuesto y del suelo en la Ciudad”.

La resolución judicial suspende el aumento que llevaba la tasa de acarreos a 580 pesos “hasta tanto se dicte sentencia definitiva”. En días previos, la fiscal actuante había rechazado la habilitación de feria. Pero el juez a cargo, Damián Reynoso, rechazó esa decisión, teniendo en cuenta que “existiría un riesgo concreto en caso de seguir la tarifa establecida (para) una gran cantidad de ciudadanos (14.000 automóviles por mes son acarreados)”.

El recurso de amparo presentado por Ramal, con el patrocinio de la doctora Liliana Alaniz (de la Asociación de Profesionales en Lucha) denuncia que los “continuos y abusivos aumentos” convertían “al acarreo en una multa encubierta”, que se suma a la multa posterior. Por lo tanto, estamos “ante una doble sanción por la misma infracción”, con el agravante de que es percibida integralmente por concesionarios privados. “Estamos ante una verdadera privatización de las multas de tránsito, en beneficio de dos empresas con su concesión vencida desde hace más de una década”.