La Legislatura sancionó un proyecto de ley que crea Fiscalías Especializadas en Violencia Institucional. La norma cosechó rápidamente adhesiones de las distintas bancadas.
La Cámara de Diputados dio el último paso y sancionó el proyecto de ley que crea las Fiscalías Especializadas en Violencia Institucional. La iniciativa propuesta por la senadora kirchnerista Mónica Macha prevé la creación de una herramienta que permitirá avanzar en la lucha contra la impunidad de la violencia ejercida por agentes estatales sobre grupos vulnerables en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.
“Dimos un paso importante en la lucha contra la impunidad. Esta ley expresa nuestra responsabilidad como parte del Estado en avanzar con marcos regulatorios y herramientas concretas para la lucha contra la Violencia Institucional. Nos estamos haciendo cargo de una de las más profundas y dolorosas deudas de nuestra democracia”, aseguró la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara alta bonaerense y autora del proyecto.
Macha agregó que “La ley de Fiscalías en Violencia Institucional es el resultado de un trabajo colectivo, no hubiera sido posible sin la participación de las instituciones y organizaciones de Derechos Humanos que aportaron su mirada y experiencia”.
Se sabe que en la elaboración de la iniciativa parlamentaria participaron distintos organismo e individuos como el CELS, la Comisión Provincial por la Memoria, abogados especialistas en violencia institucional, fiscales, familiares de víctimas, funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial.
“Elaboramos este proyecto porque estamos convencidos que la investigación y el juzgamiento deben ser el primer paso para la erradicación de la violencia institucional; tenemos que poner fin al hostigamiento, las detenciones ilegales, el maltrato, el gatillo fácil, y la tortura en sus múltiples formas”, consideró la legisladora.
“La Violencia Institucional es una práctica sistemática de nuestras fuerzas de seguridad” aseguró Macha y agregó “no podemos permitir que persistan estas prácticas violatorias de los Derechos Humanos”, dijo la senadora.
“Nos ponemos a disposición del Poder Judicial para colaborar en todo lo necesario para que esta ley se implemente lo antes posible” dijo la legisladora oficialista y concluyó que “es necesario que los tres poderes del Estado provincial trabajen en forma conjunta y colaborativa para erradicar la violencia institucional como práctica sistemática en nuestras instituciones públicas y como uno de los problemas actuales más importantes en materia de derechos humanos”.
Puntos principales
La iniciativa que ahora debe ser reglamentada por el Poder Ejecutivo crean las Unidades Fiscales de Investigación y Juicio especializadas en delitos vinculados a la Violencia Institucional, en el ámbito del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, y en todos los Departamentos Judiciales.
Las Fiscalías Especializadas en Violencia Institucional tendrán competencia exclusiva sobre las causas que investiguen una serie de delitos enunciados en la ley cometidos o presuntamente cometidos por agentes estatales. Asimismo se incluyen aquellos delitos que resultaren claramente vinculados a ellos (encubrimiento, omisión de denuncia, etc).
Los agentes fiscales, una vez enterados de un posible hecho de violencia institucional, deben poner de inmediato en funcionamiento un dispositivo de asistencia a la victima a fin de asegurar su protección y prevención de las consecuencias de la denuncia.
El agente fiscal que intervenga en estas actuaciones debe ordenar de manera inmediata la realización de un amplio informe médico respecto de la víctima, el que deberá ser elaborado por los Cuerpos Periciales de la Suprema Corte de Justicia, a fin de asegurar la prueba de estos hechos.
A fin de poder llevar un doble control y generar una alerta temprana en las agencias estatales de seguridad y penitenciarias, una vez iniciadas las investigaciones judiciales, el agente fiscal interviniente deberá poner en conocimiento la apertura de la investigación y los hechos que se denuncian, a los organismos de control interno de la institución a la que pertenece el denunciado o imputado, quienes deberán informar trimestralmente al agente fiscal los avances o resoluciones dictadas en las investigaciones administrativas que se inicien.
Entendiendo que la información confiable y oportuna resulta materia prima esencial para la elaboración eficaz de políticas criminales, se crea el “Registro de Actuaciones Judiciales por Hechos de Violencia Institucional” en el ámbito del Ministerio Público, en el que deberán inscribirse todas las actuaciones judiciales que se inicien por hechos de violencia institucional. El mismo será de acceso público, a fin de garantizar el contralor ciudadano.
La Procuración General deberá remitir semestralmente al Poder Legislativo, al Defensor del Pueblo, a la Comisión Provincial de la Memoria, y a otros organismos de derechos humanos que se considere, un informe que detalle la cantidad de actuaciones judiciales iniciadas por hechos de violencia institucional del Estado y avance de los procesos judiciales de competencia de estas Unidades Especializadas.
Los agentes fiscales que sean designados a cargo de las Unidades Fiscales Especializadas en Violencia Institucional deberán reunir antecedentes comprobables de compromiso con la defensa de los derechos humanos e interés en la temática. Deberá existir previamente a la designación, un momento en donde sea posible presentar impugnaciones.
