– ¿Por qué rechaza los fundamentos del juez Lavié Pico para suspender por seis meses la designación de nuevos fiscales y defensores?

– En el fallo que otorga como medida “precautelar” -término e institución que no existe en la ciencia jurídica- se ignoran los tres requisitos necesarios para otorgar una medida cautelar, entre ellos, demostrar que el acto que se pretende impedir causa un peligro muy grave. Pero es al revés. El auténtico peligro en la demora es que no se cubran los cargos de los fiscales, que aceleran las causas y persiguen a los criminales, y de los defensores oficiales que protegen los derechos de los más humildes, que cada vez se sienten más alejados de la justicia. Estamos ante un fallo nulo, de nulidad absoluta e insalvable. Además ignora la verosimilitud del derecho y la contracautela, así como la presunción de constitucionalidad de las leyes del Congreso y la presunción de legitimidad de los actos del Poder Ejecutivo y de los entes autárquicos.

– Si es así, ¿qué cree que motivó esta medida?

– El fallo refleja una supina ignorancia y la intencionalidad política de frenar la persecución de los delitos que azotan al pueblo. Hay un pequeño grupo del Poder Judicial embarcado en una feroz campaña contra el Gobierno que busca desestabilizar a los otros poderes del Estado. Frenar las acciones del Estado, las leyes del Congreso y las facultades de los entes autárquicos constitucionales -en este caso de la Procuraduría General- con absoluta liviandad, sólo puede configurar una violación flagrante de la competencia del Poder Judicial. Por el contrario, el Poder Judicial no sólo debe controlar a los restantes poderes, sino a sí mismo, y limitarse a ejercer sus funciones sólo en el marco de sus atribuciones constitucionales.

– ¿Qué espera del Poder Judicial para este año?

– Cabe a la Justicia, y especialmente a su cabeza, poner en orden a este poder del Estado. Debiera empezar por cumplir el mandato constitucional de que los jueces mayores de 75 años deben renunciar y retirarse, como Zaffaroni. Debe seguir, obligando a sus miembros a pagar el Impuesto a las Ganancia, como cualquier otro vecino y ciudadano republicano. Y finalmente, debe abstenerse de fallar fuera de sus facultades, entrometiéndose en las competencias del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, y de los entes autárquicos.