No se olvidará fácil Héctor Timerman de esta última semana; debe haber sido la peor desde que es canciller. Y eso que tuvo días complicados, sobre todo los que le valieron la condena de la comunidad judía cuando puso el pecho para defender el polémico acuerdo con Irán. El recuerdo vale, porque es lo que ha vuelto a estallar, de manera imprevista y sonora, complicándolo seriamente.

No tuvo respiro esta semana en la que se la pasó dando explicaciones ante la prensa en conferencias sin preguntas. En todas lució nervioso y destemplado. En la primera, salió a desmentir que el gobierno le hubiera ordenado no asistir a la gran marcha en París por los atentados terroristas. En su aclaración, dijo que sí había asistido, pero a título personal, luego de firmar el libro de condolencias.

Lejos de dar por concluido el tema, las explicaciones del canciller desataron previsibles críticas por su actitud. ¿Qué sentido tiene el anonimato en semejantes circunstancias, siendo él la principal autoridad argentina en materia de política exterior? Ese mismo domingo tuvo lugar una más modesta marcha en nuestro país por el mismo tema, que contó con la presencia de algunos -no tantos- políticos de la oposición, aunque ningún candidato presidencial. Tampoco asistieron figuras del gobierno nacional, ni siquiera de los organismos de derechos humanos tan ligados al kirchnerismo.

Toda una señal de la particular visión que merecieron de parte del gobierno los hechos en Francia, a lo que se debe agregar el comunicado que difundió ese mismo domingo la Cancillería, a propósito de un nuevo atentado en Nigeria, que arrancaba así: “Mientras el mundo sigue conmovido por los tres atentados terroristas ocurridos en París, 19 personas cayeron víctimas del terrorismo en la República de Nigeria”.

Como si se quisiera remarcar que mientras todos los ojos están puestos en lo que sucede en el Primer Mundo, la visión del gobierno argentino es más amplia e igualitaria.

Resulta obvio interpretar que la actitud oficial frente a la masacre en la revista Charlie Hebdo corresponde a un acto reflejo frente a la presunción de que los medios hostiles y la oposición vayan a trazar parangones con la cuestión de la libertad de prensa como telón de fondo.

A mitad de semana estalló como una bomba -valga la fallida expresión- la denuncia del fiscal de la causa AMIA involucrando en un supuesto encubrimiento nada menos que a la Presidenta de la Nación, al canciller argentino, al secretario general de La Cámpora, al expiquetero oficialista Luis D’Elía y al líder de la enigmática agrupación Quebracho.

Demoró un día el canciller en salir a contestar, y lo hizo con la lectura de un comunicado en el que acusó al fiscal de investigar a la Presidenta en lugar de a los sospechosos, pero sin refutar demasiado los dichos de Alberto Nisman. La presentación el viernes de una carta de Interpol que pone en tela de juicio parte de la acusación del fiscal resultó más convincente.

Una alta fuente del gobierno señaló a este medio que el “error” del fiscal fue llegar “tan alto” en su acusación, sugiriendo que la estabilidad de todos los demás imputados habría tambaleado seriamente en el caso de no haber sido involucrada la Presidenta. Fueron varios los funcionarios que recordaron que el fiscal podría “ir preso” en caso de que entre las pruebas se demostrara que había estado espiando a la mandataria.

Es más, advirtió una fuente consultada, “lo mismo le cabe para el caso de que lo hubiera hecho con el diputado Larroque”.

Estaba cantado entonces que no podía esperarse que Nisman se encaminara al banquillo de los acusados exhibiendo semejantes “pruebas”, y él mismo lo aclaró al señalar que él no había investigado ni intervenido los teléfonos de Larroque, D’Elía, ni de Esteche, sino que “ellos hablaban con el teléfono de (Jorge) Khalil”, un referente de la comunidad iraní en la Argentina cuyo número telefónico “ya estaba intervenido”.

Sobre la réplica de Interpol no hubo explicaciones; se esperan para este lunes en Diputados.

Está claro que esta situación planteada corresponde a una guerra de servicios que no puede sorprender a nadie pues ya se anticipaba desde el descabezamiento de la Secretaría de Inteligencia dispuesto por la Presidenta en diciembre pasado. Pero la existencia de esa guerra no implica que los cargos puedan ser considerados falsos.

La Presidenta se mantuvo en silencio ante la difusión de semejante noticia. A propósito de su convalecencia por la quebradura de un tobillo, no encabezó actos públicos, ni tampoco usó su cuenta de Twitter para hablar del tema. Sólo se exhibió -al día siguiente de haber sido imputada- con representantes de la industria vitivinícola en un acto en Olivos, donde se buscó mostrarla ajena al conflicto y en plena gestión.

Rápida de reflejos, la oposición convocó al fiscal Nisman a una reunión de la Comisión de Legislación Penal -justamente en manos de la oposición- este lunes a las 15. Teniendo en cuenta que el Congreso se encuentra en receso, se descontaba que no habría salones disponibles para el encuentro, ante lo cual el radicalismo en Diputados tenía previsto ofrecer sus oficinas como alternativa, pero eso ya no será problema pues el oficialismo anunció su disposición a concurrir.

Esa decisión muestra un cambio de táctica claramente ordenado por la Presidenta de la Nación, jefa natural de los bloques de ambas cámaras, por cuanto el jueves la vicepresidenta de Legislación Penal, Diana Conti, había sugerido la ausencia del oficialismo al señalar que la expectativa la tenía la oposición, mientras que ella no le veía “mucho sentido” al encuentro, al que definió como “una convocatoria política” a la que entendía no debían convalidar. Al día siguiente cambió de parecer y no solo confirmó que concurriría ella, sino que también lo haría la mayor cantidad de diputados K que pudieran hacer volver de su descanso, y que lo harían no para escuchar, sino para preguntar y, sobre todo, con los “tapones de punta”.

Paralelamente las paredes volvieron a hablar y se puso en marcha el formidable aparato de difusión militante, con carteles y pintadas defendiendo a la mandataria. “Todos somos Cristina”, dicen algunos carteles remedando al “todos somos Charlie” de circulación ecuménica por estos días. Esa tarea está bien aceitada por su uso constante, sobre todo en tiempos recientes con la guerra con los fondos buitre.

De cómo podrá evolucionar la investigación habrá una señal este lunes en el encuentro “a cara de perro” del fiscal con los legisladores; luego se deberá seguir el día a día y esperar a febrero, cuando tome la causa el juez Ariel Lijo. El mismo que a principios de 2012 elevó a juicio oral otra de las causas recreadas por el atentado a la AMIA, también por encubrimiento. La que involucra al expresidente Carlos Menem en el intento de encubrir en su momento “la pista siria”, a la que Cristina -muy metida en la investigación de la causa desde sus tiempos de legisladora- siempre apuntó.