Por Carolina Ramos

Laura Alonso fue una de las últimas personas en comunicarse con Alberto Nisman, el protagonista de uno de los sucesos más trágicos de la democracia. A dos semanas de su muerte, la diputada del Pro señala que el fiscal “estaba acostumbrado a las amenazas”; que “el contexto” para apartarlo de la causa AMIA “estaba echado” y que el Gobierno sabía acerca de la denuncia que presentó en su contra.

“Él me dijo que no tenía miedo por él sino por sus hijas. Sabía que filtraban información sobre los movimientos familiares. Eso lo preocupaba sobremanera”, confiesa la macrista en una entrevista con Semanario Parlamentario, donde además considera que Cristina Kirchner es “políticamente responsable” de la muerte de Nisman.

Durísima con el anuncio presidencial sobre la reforma de la SIDE, Alonso dispara que “lo de Cristina es de una falsedad y una hipocresía supinas”. “El Gobierno se acuerda 12 años tarde que hay que rediseñar la política de inteligencia”, advierte. Pero además, subraya que esta gestión “no tiene autoridad moral ni política” para proponer semejante reforma y sugiere discutir el tema en la campaña. “Con esta propuesta, Cristina Fernández parece Carlos Menem y la Ley de Ética Pública aprobada durante los últimos seis meses de su mandato”, compara.

Por otra parte, reclama que la comisión bicameral para controlar los servicios de inteligencia tenga mayoría opositora y que el titular de la nueva Agencia Federal de Inteligencia requiera el aval de los dos tercios del Senado, y no mayoría simple.

Por último, la macrista considera que la reacción del PJ constituye “una foto del pasado” y se arroga haber sido la primera diputada en presentar un proyecto para derogar el memorándum con el país islámico y otro para reglamentar el juicio en ausencia.

– ¿Qué le parece la decisión de Cristina de enviar un proyecto para disolver la exSIDE y reemplazarla por una Agencia Federal de Inteligencia?

– Lo de Cristina es de una falsedad y una hipocresía supinas. El Gobierno se acuerda 12 años tarde que hay que rediseñar la política de inteligencia después de haberse servido de los seguimientos y las escuchas a opositores, jueces, fiscales y periodistas para amenazar y amedrentar. El Gobierno no cuenta con ninguna legitimidad para proponer nada, sobre todo después de la muerte del fiscal Nisman y de todas las barbaridades y descalificaciones que dijeron de él y que repitió por cadena nacional la jefa del Estado. Con esta propuesta de reforma, Cristina Fernández parece Carlos Menem y la Ley de Ética Pública aprobada durante los últimos seis meses de su mandato. Además es una reforma gatopardista: mientras Milani conserve el poder que ella le otorgó, los títulos son sólo títulos, y que la procuradora y comisaria política (Alejandra) Gils Carbó pase a autorizar escuchas no es garantía de nada para nadie. Por supuesto que hay que rediseñar todo el sistema, pero este Gobierno no tiene autoridad moral para hacerlo y política menos: en siete meses hay elecciones generales. Que se debata en la campaña, que se construyan amplios acuerdos y empecemos de nuevo el 20 de diciembre de 2015.

– Usted tuvo contacto con el fiscal días antes de su muerte, ¿qué fue lo que le manifestó? ¿Le adelantó algo más sobre la denuncia que involucraba a la presidenta?

– Llegué a su despacho el 14 de enero pocos minutos después de que él presentara la denuncia en el juzgado federal de Ariel Lijo y la diera a conocer a los medios. Habíamos concretado el encuentro días antes. Él no me había adelantado cuál era el motivo. Yo no sabía que Nisman había convocado también a Patricia Bullrich. Me enteré del contenido de la denuncia y de la convocatoria a la diputada nacional Patricia Bullrich ya estando en la fiscalía.

– ¿Cómo lo notó? ¿Se sentía amenazado?

– Nisman estaba acostumbrado, lamentablemente, a las amenazas. Llevó adelante por muchos años la investigación del atentado terrorista más grande de la historia argentina. Era un profesional meticuloso y riguroso. Comentó que desde diciembre el nivel de amenazas se había elevado y que la procuradora Gils Carbó le había ofrecido aumentar su custodia. Él lo rechazó porque le parecía que era “más de lo mismo”. Aún no escuché a Gils Carbó decir nada de todo esto: ni ratificar ni desmentir la palabra de Nisman. Él me dijo que no tenía miedo por él sino por sus hijas. Sabía que filtraban información sobre los movimientos familiares. Eso lo preocupaba sobremanera. Ni el miércoles cuando lo vi, ni el jueves o el viernes cuando intercambiamos dos mensajes de chat noté que él tuviera algún nuevo miedo. No tuve contacto con él el fin de semana.

– ¿Cree que verdaderamente pensaban apartarlo de la causa AMIA?

– Sí. Nisman tenía información al respecto. No era alocado pensarlo: recordemos que entre el 31 de diciembre y los primeros días de enero la procuradora tomó decisiones que generaron rechazo público de la Asociación de Fiscales, de la oposición y de la sociedad. El contexto para apartar a Nisman estaba echado y además él me dijo que sabía que el Gobierno conocía la denuncia que finalmente presentó el 14. Si a Nisman lo apartaban todo ese trabajo de investigación que terminó en la denuncia contra la presidenta Kirchner, el canciller (Héctor) Timerman y el diputado nacional (Andrés) Larroque, entre otros, iba a quedar en un cajón, escondido.

– En este sentido, ¿cómo observa la investigación que realizó Nisman a lo largo de estos años? ¿Coincide con el camino que había tomado?

– Como fiscal Nisman probó que un grupo de iraníes fueron actores intelectuales y financiaron el atentado terrorista contra la AMIA. Logró que el juez (Rodolfo) Canicoba Corral pidiera la captura internacional de los acusados y la emisión de alertas rojas de Interpol. Al igual que la gran mayoría, Nisman estaba azorado con la firma del tratado con Irán. No encontraba razones lógicas teniendo en cuenta todo lo que el Gobierno había hecho o manifestado antes. El pacto con Irán es la contradicción más flagrante del kirchnerismo. En el marco de su investigación judicial, Nisman se topó con diálogos que involucraban el desvío de la investigación de la AMIA como la elaboración de una hipótesis falsa que le llamó la atención. Ahí abrió una nueva línea de investigación que terminó en la última denuncia que, desde mi punto de vista, desencadenó su muerte trágica e inesperada.

– ¿Cree que habría que haber reforzado su custodia luego de la denuncia que formuló contra la presidenta?

– Sí. La presidenta debería haber sido la primera preocupada y ocupada en proteger al fiscal Nisman. Sin embargo, actuó como militante de una facción, indignada y caprichosa, y no como jefa del Estado. Es políticamente responsable por su mal desempeño que terminó en la muerte de Nisman. No arbitró los mecanismos necesarios para protegerlo mientras mandó a todos sus voceros a descalificar a Nisman, a generar un clima de violencia verbal que buscaba amordazar al fiscal para que no hablara ante los diputados nacionales en la Comisión de Legislación Penal. Basta recordar las palabras de Diana Conti para describir ese clima de violencia previo a la reunión parlamentaria.

– ¿Confía en que la Justicia logrará esclarecer el caso, viendo los avances que hubo hasta el momento?

– Siempre confío en la Justicia. La doctora (Sandra) Arroyo Salgado y la Asociación de Fiscales son dos actores muy importantes para controlar, alertar y reactivar, cada vez que sea necesario, la investigación.

– Ya se difundieron algunas comunicaciones telefónicas entre Luis D’Elía y Khalil, ¿qué se puede esperar de las escuchas que faltan?

– Lo peor. Escucharemos a Khalil hablar con Moshen Rabbani, uno de los acusados iraníes.

-La denuncia de Nisman ha sido muy criticada por su supuesta falta de consistencia, ¿qué le responde a esos argumentos?

– Un fiscal acusa. Nisman confiaba en la prueba e iba a defenderla ante el juez y la querella. Yo soy diputada nacional y mi responsabilidad es otra: evaluar el mal desempeño de los funcionarios como la presidenta, el canciller y un diputado nacional. Nuestra responsabilidad no es judicial, es política e institucional. La Constitución nos otorga atribuciones diferentes a la de jueces y fiscales. Acá hay responsabilidades políticas ineludibles de los funcionarios denunciados. Lo que suceda en la Justicia es otro cantar y no tiene que ver con lo que haga el Congreso. El exjefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra fue removido por su mal desempeño y no por haber sido condenado judicialmente.

– ¿Cuál habría sido el impacto político de la denuncia de Nisman en el Congreso en caso de que hubiera podido presentarse?

– El impacto hubiera sido alto. Aunque estoy convencida de que el kirchnerismo iba a transformar esa reunión en un fusilamiento público de Nisman para que no hablara. Estaban dispuestos a pudrir todo adentro de la sala y afuera del edificio.

– ¿Qué piensa del documento difundido por el Consejo Nacional del PJ y las denuncias de desestabilización?

– Es la foto del pasado. Probablemente el epitafio del PJ. Vienen denunciando desestabilizaciones y golpes desde 2004 y no sólo siguen gobernando, sino que fueron reelectos y tienen mayoría parlamentaria en ambas cámaras. Es un recurso discursivo sin correlato objetivo.

– La bicameral encargada de controlar a la exSIDE funciona muy poco o casi nada, ¿cómo evalúa esto?

– Está mal diseñada. Todas las bicamerales de control de otros poderes deben invertir la regla de la proporcionalidad: la mayoría debe ser opositora, el presidente de la comisión debe ser opositor y deben tener más miembros. Hay que reformar con urgencia los reglamentos internos del Senado y de la Cámara de Diputados. Hace años que esto es sugerido por ONGs y especialistas. Para que el control parlamentario funcione hay que buscar limitar al poder. Una bicameral con mayoría del Gobierno no sirve para nada. Es chamullo.

– ¿Qué reformas habría que hacerle a la Ley de Inteligencia?

– Los titulares o el titular deben ser designados con acuerdo de dos tercios del Senado, deben tener autonomía funcional del Poder Ejecutivo y deben redistribuirse atribuciones, tareas y recursos. Y fundamentalmente debe respetarse la Constitución nacional, los tratados internacionales de Derechos Humanos y la Ley de Seguridad Interior: algo que el kirchnerismo no hizo en doce años. Ni hará jamás.

– Es vox populi que el general Milani está prestando servicios de inteligencia a través del Ejército, lo que no permite la Ley de Seguridad Interior, ¿a qué se debe esa pasividad de la oposición?

– No hay pasividad. Fue denunciado reiteradamente. Hay que preguntarle a las mayorías oficialistas en el Parlamento que se llenan la boca hablando de Derechos Humanos: por qué han permitido que el Gobierno cometiera estas inconstitucionalidades.

– ¿Cree que el Gobierno aceptará que el Congreso derogue el memorándum de entendimiento con Irán?

– No le queda otra. Yo fui la primera diputada en presentar un proyecto de derogación del memorándum en 2013. El PRO lo sostiene desde entonces y seguiremos en esa línea hasta lograrlo.

– ¿Volverán a pedir sesiones especiales con este fin?

– Seguramente.

– El año pasado, la presidenta desafió a la oposición a buscar alternativas a ese acuerdo con el fin de destrabar la causa AMIA, ¿las tienen?

– Sí. Soy autora del primer proyecto de juicio en ausencia. Se trató en la Comisión de Legislación Penal, hubo seminarios al respecto, intentamos introducir el tema en la reforma del Código Procesal Penal: el kirchnerismo se opuso. Ellos piden soluciones y cuando uno las trae: la rechazan.

– ¿Logrará la oposición unificar una estrategia en torno a este tema?

– Sí. No tengo dudas. Todos los opositores queremos verdad y justicia para los muertos de la AMIA y ahora también por la muerte de Nisman.