Un plenario de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales discutirá a partir de las 14 el proyecto que disuelve la Secretaría de Inteligencia y crea una Agencia Federal en su reemplazo. Asistirán Zannini, Parrilli y Mena.
El Senado pondrá en marcha este martes el debate por la reforma del área de Inteligencia del Estado, impulsada por la presidenta Cristina Kirchner en medio de la conmoción por la muerte del fiscal Alberto Nisman.
La discusión arrancará a las 14 en un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, a cargo del kirchnerista Marcelo Fuentes, y de Justicia y Asuntos Penales, que dirige el oficialista Pedro Guastavino, en el Salón Illia.
Allí expondrán el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, el secretario y subsecretario de Inteligencia, Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, respectivamente.
En ambas comisiones, el Frente para la Victoria tiene mayoría propia, por lo que se espera que el dictamen sea emitido sin mayores dificultades. Mientras tanto, la oposición analiza su postura.
El objetivo del oficialismo es aprobar la ley a fines de febrero, antes del inicio del período de sesiones ordinarias, el 1ro de marzo.
El proyecto
El proyecto de ley disuelve la actual Secretaría de Inteligencia (SI) y crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional, que deberá quedar constituido en un plazo de 90 días.
En las disposiciones complementarias, se transfiere la totalidad del personal, bienes, activos y patrimonio de la actual SI a la AFI, con la excepción de la Dirección de Observaciones Judiciales (más conocida como “Ojota”), que pasará a manos de la Procuración General.
También serán transferidas a esta agencia las competencias y el personal que se requiera de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.
El nuevo director de la AFI será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, lo que no necesitará para removerlo, según se desprende del artículo ocho.
De conseguir aval, el director de la AFI tendrá rango de ministro y el subdirector general será secretario de Estado.
Por otra parte, la iniciativa oficial también promueve “criterios de transparencia” para el ingreso del personal a la AFI y busca “fortalecer el control disciplinario de la conducta de los agentes”. Todo el personal de inteligencia estará obligado a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales.
“Las actividades de inteligencia interior quedarán limitadas a la investigación en materia de delitos federales complejos, inteligencia criminal compleja o atentados contra el orden institucional y el sistema democrático”, indica.
Así, la misión de la AFI será defender a la Nación ante “amenazas internacionales de terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, ciberdelitos, delitos económicos y financieros”.
En tanto, los agentes de inteligencia que “infrinjan deberes y obligaciones de sus funciones o no sean informadas (…) incurrirán en irresponsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de responsabilidad civil y penal”, y no podrán alegar obediencia debida para deslindar su responsabilidad.
Los funcionarios sólo podrán relacionarse con los servicios de inteligencia a través de su director y subdirector, o de lo contrario serán sancionados.
En el artículo 12, se señala que el PEN podrá ordenar la desclasificación de cualquier tipo de información en un plazo no menor a 25 años.
Los archivos de inteligencia se clasificarán de acuerdo a las siguientes categorías: “estrictamente secreto y confidencial”, “secreto”, “confidencial”, “reservado” y “público”.
Además, se crea un Banco de Protección de Datos y Archivos de Inteligencia, y quienes accedan a esa información deberán guardar “el más estricto secreto y confidencialidad”.
Esa base de datos estará a cargo de “un funcionario responsable de garantizar las condiciones y procedimientos respecto a la recolección, almacenamiento, producción y difusión de la información obtenida mediante tareas de inteligencia”.
Habrá prisión de tres a diez años e inhabilitación especial por doble tiempo para los agentes que “indebidamente interceptaren, captaren o desviaren” comunicaciones e información. También se establecen penas para quienes omitan destruir o borrar el material teniendo orden judicial.
Por último, la AFI deberá someterse al control de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.
