Un grupo de diputados nacionales le dio 48 horas a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para que se excuse de elegir al fiscal que reemplazará a Alberto Nisman en la causa AMIA. De no hacerlo, procederán a recusarla.

Los legisladores que impulsan esta medida son Patricia Bullrich, Laura Alonso, Oscar Aguad, Luis Petri, Pablo Tonelli y Eduardo Cáceres.

“La investigación de la AMIA nutrió a la denuncia que Nisman le hizo a la presidente y otros funcionarios públicos, con lo cual es fundamental mantener la autonomía e imparcialidad en la causa original para continuar con la misma línea de investigación”, sugirió la diputada Bullrich.

Agregó la presidenta de la Comisión de Legislación Penal que “la causa AMIA es de una importancia jurídica, institucional y social que amerita que sea resguardada, continuada y resuelta por nuestra Justicia con total objetividad”.

“Gils Carbó no reúne los requisitos de objetividad que debe ostentar el funcionario que designe a quien reemplazará al fiscal y proseguirá con la investigación y esclarecimiento del atentado que tanto afectó a todos los argentinos. Debido a esto, le pido a la procuradora que se excuse de nombrar un fiscal sustituto en dicha causa”, agregó.

Los diputados comentaron que “los nombramientos de fiscales por parte de la Procuradora han sido cuestionados en más de una oportunidad, por este motivo creemos que es de un peligro institucional que Gils Carbó sea quien designe al nuevo fiscal”.

“Por estas razones, le solicitamos que en el plazo que en el término de 48 horas se excuse y no nombre un sustituto. En caso de no realizarlo, tendremos que proceder a la recusación”, finalizaron los diputados opositores.

A continuación publicamos la presentación realizada:

SOLICITA EXCUSACION POR CAUSALES ART. 30 DEL C.P.C.C.N.

A la Procuradora General de la Nación.

Dra. Alejandra Gils Carbo.

S____________/___________ D

PATRICIA BULLRICH, OSCAR AGUAD, FEDERICO PINEDO, LUIS PETRI, EDUARDO CACERES, PABLO TONELLI, LAURA ALONSO por derecho propio, en nuestro carácter de Diputados Nacionales , y, en los términos del artículo 14 de la Constitución Nacional, venimos por la presente a solicitar a la Procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbo, que, en atención a lo dispuesto por el art. 1 y 10 de la Ley 26.946 (Ley Orgánica del Ministerio Publico) y artículos 30 y 32 del Código Procesal Civil y Comercial, y concordantes, se excuse de actuar en la designación del Fiscal que ha de sustituir al fallecido Dr. Natalio Alberto Nisman, interviniente como Fiscal Federal en la Causa “AMIA”, que tramita ante el Juzgado Federal Numero 2 a cargo del Dr. Rodolfo Canicoba Corral.

1) Hechos vinculados a la presente solicitud

Como es de público y notorio conocimiento, el atentando en la Sede de la AMIA, sito en la calle Pasteur 634, ocurrido el día 18 de Julio de 1994, es una causa emblemática de todos los Argentinos.

El atentado terrorista efectuado en dicha Sede, de amplia repercusión, tanto nacional como internacional, ha sido calificado como delito de lesa humanidad, de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente, y en el cual han perdido la vida 85 personas. Hoy, lamentablemente, podemos decir que hay una víctima más, el “Numero 86”, Dr. Alberto Nisman, Fiscal Federal de la causa, quien falleció el pasado 18 de enero y en trágicas circunstancias.-

La tragedia terrorista acontecida ya hace 20 años, y cuya investigación queda hoy vinculada a la denuncia penal efectuada por el Dr. Nisman contra la Sra. Presidente de la Nación, -Cristina Fernández de Kirchner-, el Canciller Héctor Timerman, Luis D Elia, el Señor Fernando Esteche, -Grupo denominado Quebracho- y al Diputado Nacional Andrés Larroque, imputándoseles el delito de encubrimiento de acuerdo a lo dispuesto por las normas atinentes a la materia y solicitando, asimismo, se los cite a prestar declaración indagatoria en los términos pertinentes del Código Procesal Penal de la Nación. Siendo que los hechos investigados en la causa AMIA han nutrido la denuncia subsiguiente resulta evidente la importancia de resguardar la autonomía e imparcialidad en la causa original a fin de resguardar la línea investigativa de la segunda y continuar con la investigación de la primera, que podría estar en peligro, dado los acontecimientos sucedidos, desde que comenzó la negociación con Irán, que culminó con el memorándum de entendimiento, declarado inconstitucional.

El desenlace motivado por esta denuncia, es de público y notorio conocimiento por todos los Argentinos: el 18 de Enero del corriente, el Fiscal Federal Alberto Nisman fue hallado muerto en su domicilio particular, en circunstancias hasta hoy poco claras, iniciándose, como consecuencia de ello, la causa pertinente que tramita por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nro. 25 a cargo de la Dra. Fabiana Emma Palmaghini.

La “Causa AMIA”, que se encuentra tramitando desde hace ya más de 20 años, y cuyo último fiscal a cargo (el Dr. Alberto Nisman) realizó durante su gestión una investigación profunda, metódica, excelsa, e importante y hasta se creó, en el año 2003, una Unidad Especial para tramitar la causa, junto con la denuncia que aquel, tras años de búsqueda probatoria, efectuada el día 14 de enero y que consta ni más ni menos que de 300 páginas en las que se detallan minuciosamente todos y cada uno de los motivos que fundaron aquella, la cual ha tenido trascendencia incluso internacional, es de una importancia jurídica, institucional y social que amerita sea resguardada, continuada y resuelta por nuestra Justicia con total objetividad-

Como dijimos anteriormente, la “Causa AMIA” , el más brutal atentado sufrido en la República Argentina dada la crueldad y la impunidad con que fue realizado, está hoy, procesalmente expuesto a la designación de un nuevo Fiscal, o, como ha trascendido de un Equipo de Fiscales, que en concordancia y consonancia con su actual estado, asumirá/an su cargo y deberán continuar con la investigación de dicho atentado, y por ende, afectará, tanto lo realizado durante los largos años de trabajo de la Unidad Fiscal AMIA, sino también el resultado de la investigación por encubrimiento iniciada por el Dr. Alberto Nisman.

Si ponemos énfasis en la trascendencia institucional de dicha causa, es porque de los antecedentes que reviste nuestra historia Institucional, jamás un Fiscal Federal ha citado para una declaración indagatoria a un Presidente de la Nación en ejercicio de sus funciones y por obstruir la acción de la justicia que está investigando un delito de lesa humanidad.

Ahora bien, recordemos que, el 29 de Diciembre del 2014, Usted dictó las siguientes resoluciones: 3260/14,3261/14,3263/14 3264/14 3265/14 3266/14 3267/14 3270/14 3272/14. Por medio de ellas, se nombraban 16 Fiscales subrogantes cuyos mandatos comenzarían el 2 de Febrero del 2015. Dichas resoluciones, han sido impugnadas por diversas entidades, entre ellas, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, en donde intervino, en calidad de amigo del Tribunal, la Asociación de Fiscales, y algunos de los firmantes de esta denuncia. solicitando medidas cautelares que, preventivamente y hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, suspendan la asunción al cargo de dichos nombramientos.

Todas las medidas precautorias han sido acogidas favorablemente por los distintos Tribunales, se ordena la apertura de la Feria Judicial, y tanto los Jueces Lavie Pico, como el Dr. Esteban Furnari y la Cámara respectiva, dispusieron como medida precautelar o interina la suspensión de todas las resoluciones dictadas por la Procuración General de la Nación, en el marco de su función administrativa, vinculada a las designaciones efectuadas en las Fiscalías creadas mediante la Ley 27.063.

Incluso, la Asociación de Magistrados, en su presentación realizada con motivo de estas decisiones, advirtió que “el despliegue del poder… podría encubrir la intención de controlar las investigaciones penales existentes, especialmente a las que tienen como sujetos imputados a funcionarios públicos por hechos de corrupción… se trata, al menos, del mayor avance K para colonizar la Justicia”.

El Juez Furnari, por su parte, en su dictamen destacó que “… ningún poder puede arrogarse mayores facultades de las que haya sido conferido expresamente.” Furnari, concluyó diciendo, incluso, que las designaciones adolecían de seria ilegalidad, en tanto habían sido dictadas sin ley habilitante.

2) El Derecho en que se funda la petición.

La impronta institucional, dada el lamentable episodio ocurrido recientemente, que termino con la vida del Dr. Nisman, un día antes de ser citado por la Comisión Penal de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que presido, me obliga, en uso de las facultades que nos confiere el artículo 14 de la Constitución Nacional, y en leal y legal ejercicio de nuestro mandato, a solicitar a quien nos dirigimos a que, en los términos del artículo 1 y 10 de la Ley de Ministerio Público y art. 30 del Código Procesal Civil y Comercial, se excuse de hacer efectiva la resolución a dictarse que implique nombrar Fiscal o Fiscales sustitutos en la causa referenciada. Como dice la norma citada, en el caso deberá abstenerse “….por motivos graves de decoro y delicadeza….”, circunstancia más que fundante que deberá ser para Usted un imperativo institucional, a riesgo de quedar incursa en lo dispuesto en el artículo 32 del mismo cuerpo normativo cuando califica a la falta de debida excusación como “mal desempeño en sus funciones…”.

Dicha normativa es aplicable en este caso, por expresa remisión del artículo 10 de la Ley de Ministerio Público, en orden a una interpretación hermenéutica de todo nuestro plexo normativo.

Dra. Gils Carbó, por razones legales, funcionales, institucionales, insistimos, por motivos de “… decoro y delicadeza….” excúsese de conocer en la designación del nuevo Fiscal que estará a cargo de proseguir con la investigación de la causa AMIA.

Nuestro compromiso, investidura, responsabilidad como Diputados de la Nación y en el caso de una de los firmantes, como Presidente de la Comisión Penal de la Cámara de Diputados, nuestra condición de ciudadanos, el derecho que la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) me reconoce en su art. 23, cuando versa “Derechos Políticos 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos” y, en definitiva nuestra íntima convicción, nos obligan a realizar esta presentación, ya que consideramos que los antecedentes que rodean al atentado de la AMIA junto con la denuncia presentada por el Dr. Nisman contra funcionarios del gobierno de turno, Ud. no reúne los requisitos de imparcialidad, objetividad y neutralidad que debe ostentar el funcionario que designe a quien reemplazará al fiscal y deberá proseguir con la investigación y dilucidación de la verdad del atentado que tanto afectó a todos los argentinos.

La Dra. Alfaro en su artículo “El Criterio de Objetividad como exigencia en la actuación del Ministerio Publico, Revista del Derecho Penal 2008 2 H” dice “….la actitud crítica e imparcial se apoya en datos y situaciones reales, despojada de prejuicios y apartada de intereses, para concluir sobre hechos y conductas….” “…la imparcialidad se emparenta con la neutralidad del Juzgador, antes de resolver el caso, luego de fallar, la objetividad, se relaciona con la falta de subjetividades de frente a la realidad, es decir, aquello que se vincula al sujeto, a su interés, o pasión…”.

“El deber de objetividad es inmanente del actuar del Fiscal, quien debe conducirse desprovisto de intereses o de pasiones… en defensa del interés público y los derechos de las personas….procurando la satisfacción del interés social.”

Reiteramos, estos deberes se imponen a la Procuradora General de la Nación, debiéndose tener especialmente en cuenta la importancia del Ministerio Público Fiscal, del cual depende en gran medida el buen desarrollo de la actividad persecutoria criminal.

Las condiciones de imparcialidad y objetividad que deben adornar la decisión sobre el fiscal que continuará actuando en reemplazo del fallecido Dr. Nisman, no condicen con su actual investidura y conllevan a la abstención, en el caso, del acto ejecutorio en ciernes, que implicará, sin duda alguna, el cumplimiento y el deber no solamente que nuestro cargo impone, sino también el suyo propio, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, columna vertebral de todo su articulado que en su primera parte dice “…El Ministerio Publico es un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad….”

Ahora bien, cuando invocamos motivos de decoro y delicadeza la invito a reflexionar sobre su situación política y su relación con los funcionarios acusados, a fin de que la excusación surja de vuestra propia consciencia y razonamiento.- La parcialidad conlleva a la falta de idoneidad para la función, elemento esencial para el buen desempeño del cargo que ejerce.

Ya los Tratados Internacionales han reconocido que quienes tienen facultades decisorias de importante carácter institucional y de repercusión plena en el Bien Común de la ciudadanía (en este caso, la protección de la función jurisdiccional penal) deben actuar con absoluta imparcialidad; así lo dice, p. ej. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocido en nuestra Carta Magna, cuando dispone que “Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal…”

Con el fin de evitar decisiones funcionales que pueda teñir esta tan significativa designación es que pedimos se excuse. Argentina es un país firmante de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en cuyo articulado amparo también mi pedido; la misma, establece claramente en su Preámbulo que, “Los Estados Parte… Preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley…, han dispuesto que…” “Artículo 7 Sector público. 1. Cada Estado Parte, cuando sea apropiado y de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, procurará adoptar sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados públicos y, cuando proceda, de otros funcionarios públicos no elegidos, o mantener y fortalecer dichos sistemas. Éstos: a) Estarán basados en principios de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud; b) Incluirán procedimientos adecuados de selección y formación de los titulares de cargos públicos que se consideren especialmente vulnerables a la corrupción, así como, cuando proceda, la rotación de esas personas a otros cargos;…”

Es más, nuestros propios Tribunales han reconocido las causales de decoro y delicadeza que invocamos a fin de que Ud. se excuse de conocer en el asunto de debate.- Tal es así, que, en el Año 2012 y en Expediente “Bitar Jorge Benjamín c/ Acordadas de Fecha 03-02-12 y 23-03-12 de la Sala de Superintendencia del Excmo. Superior Tribunal de Justicia s/ Recurso Contencioso Administrativo” se determinó que “El art. 30, primer párrafo del Código Procesal Civil y Comercial, impone a los jueces el deber de excusarse cuando existiere alguna de las causales de recusación previstas por el mismo Código, por cuanto se trata de asegurar la conducta imparcial y objetiva de los magistrados, que hagan insospechables sus decisiones en miras a una recta administración de la justicia…”

Si se aplica analógicamente la obligación de los magistrados de administrar la Justicia conforme a estos parámetros, a vuestro caso, parece una obviedad que quien puede designar funcionarios públicos que tendrán una intervención activa y fundamental en la gestión y prosecución de las acciones penales (fiscales) deba regirse también por dichas reglas.

Reiteramos así, la preocupación de que Usted no guíe su elección basada en dichos criterios, lo cual justificamos por las sendas denuncias penales que le fueron realizadas oportunamente por motivos similares u otros que también revisten gravedad institucional, por ejemplo:

1. 179 contrataciones arbitrarias de personal para la Procuración y Fiscalías (denuncia realizada por Julio Piumato)

2. Irregularidades en Concurso Público Nro. 102 para cubrir vacantes en Fiscalías Nro. 5 y Nro. 10 de Comodoro PY (denuncia formulada por Margarita Stolbizer)

3. Hostigamiento y coacción a fiscal en Mar del Plata (denuncia formulada por un fiscal de dicha ciudad, el Dr. Andrés Barbieri)

4. Incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, por los nombramientos ilegales e inconstitucionales de 16 fiscales subrogantes (denuncia presentada por el letrado de la ONG Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, Dr. José Lucas Mangiocalda y Gabriela Michetti, Federico Pinedo, Pablo Tonelli y Patricia Bullrich)

5. Montaje de un Jury contra el Fiscal Campagnoli, teñido de parcialidad y devenido en abstracto por lo burdo de la maniobra

Resulta evidente, a través de las denuncias que se han realizado contra su persona, que su accionar en cuanto al nombramiento de fiscales ha sido cuestionado más de una vez y que aquellas personas designadas empatizan con el gobierno de turno; por este motivo es que resulta a todas luces peligroso institucionalmente, que sea Ud. quien efectúe la designación del fiscal que continuará impulsando la causa AMIA.-

Teniendo en cuenta que la investigación del fallecido fiscal Dr. Nisman, por la cual se vincula a funcionarios del gobierno actual con los posibles victimarios del atentado a la AMIA y, ponderando sus vínculos cercanos a dicho espacio político, así como la defensa que ha realizado de actos repudiables de militantes del oficialismo, (como por ejemplo, su acusación contra Campagnoli por delito de abuso de poder cuando aquel se hallaba investigando exhaustivamente al empresario kirchnerista Lázaro Báez) me hace temer que la designación que se ha irrogado del nuevo fiscal que intervendrá en la causa AMIA esté teñida de favoritismo y “conveniente” subjetividad.-

Si hasta el reciente proyecto de disolución de la SIDE resulta sospechoso y sumamente complaciente a las intenciones del Kirchnerismo, toda vez que no resulta sino una maniobra, una fachada, que tiene por finalidad traspasar las facultades y recursos de la Secretaría de Inteligencia del Estado a la Procuración que Ud. tiene a vuestro cargo, y que, como ya he referido, tiene una acreditada dependencia del Poder Ejecutivo.

Las condiciones de imparcialidad, neutralidad y objetividad, deben ser consideradas, analógicamente, como los contenidos pétreos de nuestra Constitución Nacional, como condiciones fundantes, imperativas y obligatorias, sin ellas las condiciones prefácticas se verán seriamente afectadas y nuestro sistema institucional padecerá una nueva herida.

Tales condiciones, tanto en su dimensión constitucional, dado, insistimos en su carácter de “pétreo”, prefáctico en su dimensión institucional y de orden de valor y decoro ético en su dimensión procesal y personal, no se condicen con su actual Investidura y conllevan la abstención en el caso de la designación que Vd. debe efectuar, siendo un imperativo, moral, ético y determinante. Se lo impone la ley y su cargo. Es su misión, en términos institucionales, constitucionales, políticos y funcionales. Su abstención es una obligación como ciudadana, abogada y sobre todo como Procuradora General de la Nación. La Republica la exhorta, y los suscriptos como diputados Nacionales, y en los términos del artículo 14 y 120 de la Constitución Nacional se lo exige.

La República, sus Instituciones, la ciudadanía en su conjunto, los representantes parlamentarios, los particulares damnificados, esperan de Ud. una decisión que será histórica, y que lejos de diezmar su investidura, revitalizarán el espíritu, la fe y la esperanza, en la Justicia, y especialmente en esta causa, hoy manchada de sangre, que es de todos los Argentinos, y que debe ser rápidamente esclarecida.

Sus convicciones, su fuero íntimo y su juramento ante nuestra Carta Magna, no dudo que la iluminaran en el buen camino, interpelando a vuestra consciencia a proceder conforme a la ética que debe galardonar toda decisión que importe al Bien Común, lo cual implica, en este caso, abstenerse de realizar la designación del fiscal que sustituirá al Dr. Alberto Nisman.

Exhortamos a la Procuradora, a quien nos dirigimos, a responder esta solicitud, en el término de 48 horas. Su rechazo y/o su silencio, nos obligarán, en cumplimiento del mandato que la Constitución nos impone y que la ciudadanía nos ha otorgado, a iniciar las acciones legales, con el fin de solicitar la recusación, en los términos del ordenamiento procesal vigente.

En las razones fundadas pedimos que en el término de 48 has se excuse y no nombre sustituto. En caso de no realizarlo procederemos a la recusación

Saludamos a Ud. cordialmente,